Magdalena Gómez - Opinión
El pasado 6 de
septiembre se inició el preludio del primer aniversario de la
desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que se
cumple el próximo 26 de septiembre. El informe Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), rompió el impasse en que la Procuraduría General de la República (PGR) estaba instalada a partir de la autodenominada
El gobierno federal asumió el informe sin dar la cara directa a los
cuestionamientos. Rol que asumen algunos medios y articulistas que
intentan defender la verdad Murillo a partir de descalificar
al GIEI y a su perito principal sobre Cocula. En ese contexto, la PGR ha
propuesto un nuevo peritaje, mientras también se intenta relativizar la
tesis del quinto autobús, insinuando que sí está considerado en el
expediente, pero por una suerte de prudencia inexplicable no lo
enfatizaron. Díficil creerles que no lo señalaron porque protegían a las
víctimas, para que no fueran acusadas de ligas con la delincuencia
organizada, cuando el GIEI con toda contundencia señaló que no aparecía
ningún elemento que llevara a tal supuesto, y abundaron en que los
estudiantes no estaban armados, fueron rafagueados por policías
diversas, con y sin uniforme, y ellos intentaron defenderse a pedradas.
Y se preguntaba el GIEI: si tuvieran participación y/o complicidad en
un cargamento de tal envergadura, ¿estarían con las manos vacías? Esta
línea no descubre lo que ha sido obvio: la colusión policiaca con bandas
de delincuencia organizada; coloca en el centro la probable motivación
para el ataque feroz contra los estudiantes en torno a los autobuses que
tomaron circunstancialmente, hay que subrayarlo. Por cierto,
desde la procuraduría de Guerrero han señalado que en la documentación
que entregaron a la PGR sí aparecía detallado el quinto autobús. ¿Otro
cabo suelto en la cadena de responsabilidades que también habrá que
reconstruir?verdad históricade Jesús Murillo Karam. También en los medios, a raíz del informe, se colocó el debate sobre la imposibilidad de que los 43 estudiantes desaparecidos hubiesen sido quemados en el basurero de Cocula y la propuesta de una nueva línea de investigación en torno al posible contenido de narcóticos en el quinto autobús de la comitiva estudiantil, uno de la empresa Estrella Roja, con número 1531, cuya toma fue circunstancial y no aparece destacado en la averiguación previa.
Un breve recuento nos permite valorar las posibilidades de
solventar las numerosas observaciones a la investigación, de manera que
conduzca a dar con el paradero y/o destino de los estudiantes
desaparecidos, a los que de forma nada casual un funcionario de la PGR
definió en calidad de
Recordemos que el gobierno federal intentó ubicar el caso Ayotzinapa en el plano local municipal y fue la presión nacional e internacional la que lo llevó a la atracción del mismo dos semanas después de los hechos ominosos. Sabemos que las primeras diligencias son definitivas en una investigación. El 29 octubre de 2014 Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Se acordó intensificar la búsqueda; los alumnos y familiares pidieron redirigir la investigación, insistiendo en buscarlos vivos y formar una comisión mixta para informar a familiares; apoyo al trabajo de peritos argentinos; redignificación de la infraestructura y espacios de las normales rurales del país, sin referir el reconocimiento de su modelo de formación. Se reiteró la disposición a pactar con la CIDH asistencia técnica en la investigación, lo más claro en términos de cumplimiento. Días después, el 7 de noviembre, la PGR presentó su
Fuente: La Jornada - Opinión
cautivos, sin dar sustento a dicha denominación. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana han establecido que la desaparición forzada de personas tiene un carácter permanente o continuado y persiste mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos.
Recordemos que el gobierno federal intentó ubicar el caso Ayotzinapa en el plano local municipal y fue la presión nacional e internacional la que lo llevó a la atracción del mismo dos semanas después de los hechos ominosos. Sabemos que las primeras diligencias son definitivas en una investigación. El 29 octubre de 2014 Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Se acordó intensificar la búsqueda; los alumnos y familiares pidieron redirigir la investigación, insistiendo en buscarlos vivos y formar una comisión mixta para informar a familiares; apoyo al trabajo de peritos argentinos; redignificación de la infraestructura y espacios de las normales rurales del país, sin referir el reconocimiento de su modelo de formación. Se reiteró la disposición a pactar con la CIDH asistencia técnica en la investigación, lo más claro en términos de cumplimiento. Días después, el 7 de noviembre, la PGR presentó su
verdad histórica, afirmando que los 43 estudiantes desaparecidos fueron incinerados en el basurero de Cocula; se encontraron algunos restos y se enviaron al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, donde se identificó a Alexander Mora Venancio. El próximo jueves se reunirán de nueva cuenta los familiares de los estudiantes con Peña Nieto y ya se anunció la detención de Gildardo López Astudillo, pieza clave en la verdad Murillo. También ligado a la operación Cocula se informó a la prensa que en Innsbruck se identificó a Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuestión que fue rechazada por sus padres con respaldo técnico de los peritos argentinos. ¿Jaque al informe del GIEI? ¿Cuál fue el destino de los normalistas de Ayotzinapa? Acompañemos a sus madres y padres ¡hasta encontrarlos!
Fuente: La Jornada - Opinión