Policías Estatales, encapuchados y fuertemente armados, han hecho presencia en las últimas semanas, en las comunidades de San Vicente Xiloxochitla, San Jorge Tezoquipan, La Trinidad Tenexyecac y la Colonia Luis Echeverría de San Damián Texoloc, todas ellas del Estado de Tlaxcala, que se mantienen en resistencia ante la imposición del Gasoducto Morelos. El 18 de julio del 2012, las comunidades decidieron en asamblea, rechazar el paso del gasoducto por sus territorios. Con engaños y falsas promesas, la empresa, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los gobiernos municipales, pretendieron comprar a la gente. Ante la negativa de la población de vender, la empresa y el gobierno, escoltados por cientos de policías, ingresaron a los predios con maquinarias, arrancaron los cultivos e iniciaron la remoción de tierras, para adecuarlas a los ductos, que aún no han sido instalados informó María Guadalupe García Vargas, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés.
El Proyecto Integral Morelos (PIM) es un megaproyecto conformado por dos termoeléctricas y un acueducto, con el objetivo de proporcionar energía eléctrica a las industrias, “la instalación de este gasoducto no beneficia a las comunidades, sólo se está realizando para privilegiar empresas extranjeras y lograr la industrialización del territorio”, detalló Guadalupe García.
El Proyecto Integral Morelos, contempla la instalación de un ducto de 170 kilómetros en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, es gestionado por la CFE y será construido y operado por las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagas. Los ductos tienen un diámetro de 30 pulgadas, enterrados a 1.20 metros aproximadamente, y transportara al día, 320 millones de pies cúbicos de gas natural.
La directora del centro de derechos humanos, señaló que el gas será utilizado para abastecer a las industrias y no para el beneficio de la sociedad.
Los ductos atravesarán más de sesenta pueblos en los tres estados. Además del gasoducto, el proyecto instalará un acueducto. Dado el rechazo de gran parte de la población, el trazo original del proyecto ha ido cambiando, por lo que el Manifiesto de Impacto Ambiental, ya no es válido.
Valentía y dignidad
“En estas comunidades, desde que la CFE y las empresas llegaron con el proyecto, se fueron presentando una serie de agravios contra los pobladores, quienes al día de hoy mantienen sus acuerdos de las asambleas comunitarias, en las que acordaron no permitir el paso del gasoducto”, señaló García Vargas.
Proyecto Integral Morelos, una bomba de tiempo
En San Vicente Xiloxochitla, municipio de Nativitas, los riesgos se presentan debido a la cercanía de los ductos con la población. Estas comunidades se dedican a la elaboración de tacos de canasta y a la alfarería en San Vicente Xiloxochitla y La Trinidad Tenexyecac, lo cual implica mantener hornillas y hornos de manera cotidiana y a temperaturas superiores a las de cualquier otro territorio, detalló la directora del centro de derechos humanos.
El ducto estará instalado en zonas densamente pobladas, cerca de instituciones educativas, centros de salud y pozos de agua potable. En algunas comunidades del municipio de Ixtacuixtla, el ducto pasará en medio de las poblaciones, además habrá daños al patrimonio cultural e histórico.
“La división de las comunidades ha sido bastante fuerte, porque han ido convenciendo a los propietarios de tierras, a base de desinformación y engaños”, refirió María Guadalupe García y añadió que la CFE, además, está negociando con los gobiernos municipales, para que a cambio de la construcción de obras públicas, ellos otorguen los permisos para el paso de los ductos.
Muchas de las comunidades tanto en Tlaxcala como en Morelos y Puebla, están consideradas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), como zonas altamente sísmicas. “A pesar de los riesgos que conlleva la construcción del gasoducto, la principal exigencia de las comunidades, es que se respete el derecho de la autodeterminación y la autonomía de sus asambleas”, detalló la defensora.
En los últimos meses se ha intensificado las agresiones y los hostigamientos contra las comunidades que se oponen a la entrada de maquinaria a sus poblaciones. El 30 de junio, ingresó la maquinaria de la empresa Bonatti, a zonas de cultivo de Texoloc, a pesar de que desde hace tres años, la comunidad en asamblea, rechazó el proyecto. Más de 80 policías estatales, armados y algunos encapuchados, resguardaron a los trabajadores de la empresa, para que pudieran ingresar sus maquinarias a territorios comunitarios.
“Conforme avanzaba el día, el número de elementos de seguridad iba aumentando, encañonaban a la gente que exigía que se fueran de sus tierras, por lo que pobladores de Texoloc y Xiloxochitla, hicieron presencia en el poblado vecino, para solidarizarse y recordar a las autoridades, que los usos y costumbres son un sistema normativo propio, que ellos deben respetar”, expresó García Vargas.
“Estas comunidades de Tlaxcala, manifestaron que continuarán resistiendo aunque el gobierno y las empresas se empeñen en que el proyecto va, la decisión está tomada y defenderán sus territorios hasta con la vida propia”, expresó la directora del centro de derechos humanos.
Actualmente hay una solicitud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que proteja a los habitantes de estas comunidades ante el posible incremento de las agresiones.
Fuente: Desinformemonos.org
Fuente: Desinformemonos.org
