Más de 2 mil 500 ejidos, comunidades
indígenas, así como áreas naturales protegidas podrían ser ocupadas,
total o parcialmente, por Pemex y por trasnacionales petroleras
interesadas en explotar los recursos energéticos del subsuelo mexicano.
La mayoría de estos pueblos y unidades agrarias afectadas –ubicadas en
casi 200 municipios– presenta un índice de marginación “alto” y “muy
alto”, según el Conapo. Así, a los problemas derivados de la pobreza,
los habitantes de estas zonas enfrentarán los efectos de la “ocupación
temporal” de sus tierras con fines de exploración y explotación de
petróleo y gas. Entre éstos, las afectaciones al medio ambiente y al
tejido social, observan especialistas y activistas consultados. Con las
rondas 0 y 1 se han comprometido para estos propósitos más de 2 millones
52 mil hectáreas
Érika Ramíre - Contralinea
Como en la época de la Colonia, la extracción de la riqueza nacional afecta a los más desprotegidos, a los campesinos, a los indígenas. La exploración y explotación de hidrocarburos recientemente abierta a la inversión privada recaerá en zonas donde el índice de marginación es “alto” y “muy alto” entre sus pobladores, revelan análisis.
Esta actividad extractiva implicará que
más de 80 empresas trasnacionales estén interesadas, en principio, en
ocupar 62 municipios del país a partir del primer trimestre de 2015,
luego de que en la llamada Ronda 1 (R1) se inicien las licitaciones para
que el Estado autorice el aprovechamiento de los recursos del subsuelo.
Las zonas de esta ronda se encuentran, en
su mayoría, con un “muy alto” y “alto” índice de marginación. Esto
supone, a decir de especialistas, abusos en el arrendamiento y uso de
las tierras, así como afectaciones al medio ambiente y desplazamiento de
grupos indígenas.
Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene ya en
su proyecto de exploración y explotación –mediante la Ronda 0 (R0)– más
de un ciento de municipalidades, caracterizadas por encontrarse en un
nivel “medio” de marginación. Ésta es la Ronda que permite a la
exparaestatal –hoy empresa productiva del Estado– definir a su favor
ciertas áreas con recursos de hidrocarburos en el país.
De acuerdo con un mapeo realizado por el
investigador Manuel Llano Vázquez, maestro en antropología social por la
Universidad Iberoamericana, en las R0 y R1, que permiten la exploración
y extracción de hidrocarburos –luego de la reforma energética promovida
por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la
Unión, pese a la oposición social– existen más de 2 mil 500 ejidos
afectados.
El investigador explica, en entrevista con Contralínea,
que con la información oficial pública y disponible se puede establecer
ya claramente qué espacios serán impactados. “Tomé los datos oficiales
existentes, a partir de la escasa transparencia, y con base en ellos
traslapé capas; encontré dónde hay posibles afectados y conflictos
potenciales. Estos los hemos visto en la industria minera y en algunas
situaciones con hidrocarburos.
“Lo que ocurre en el sector minero es
ilustrativo de lo que puede pasar con la explotación de hidrocarburos.
Hablamos de empresas privadas que trabajan en un área concesionada,
operan en el territorio bajo una concesión o licitación. Las
trasnacionales evaluarán qué tanto se quieren meter o no en unas zonas,
pero una vez que decidan que sí, hemos visto qué pasa: hay toda una
serie de ataques, posibles alianzas entre grupos paramilitares y
empresas. También hay violencia en zonas rurales, áreas ricas en
recursos; está el crimen organizado que finalmente lleva a un
desplazamiento forzado, y posterior a éste viene un abaratamiento de las
tierras. ¿Quién gana con ello? El que tiene la intención de explotar”,
comenta.
Ronda 1, para trasnacionales
Información de la Secretaría de Energía
(Sener), institución rectora de la explotación de hidrocarburos por
parte de las empresas que deseen hacerlo a partir del primer trimestre
de 2015, señala que la R1 involucra 61 municipios de Campeche, Chiapas,
Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Mediante esta Ronda se permitirá la
exploración y explotación de hidrocarburos en tierras de 671 ejidos y
comunidades. Tales ocupan 441 mil 631 hectáreas de propiedad social;
principalmente en Veracruz (317 mil hectáreas) y Coahuila (62 mil
hectáreas), muestra el análisis de Llano Vázquez, también coordinador de
análisis geoestadístico de la organización Conservación Humana.
Información de la periodista Lilia González, del periódico El Economista,
indica que Pemex “ya tuvo acercamiento con alrededor de 80 empresas
internacionales, con las cuales analizará asociarse para llevar a cabo
su labor de exploración y producción, sobre todo en aguas profundas”.
En estas se encuentran representantes de
compañías como Chevron, Shell, Exxon, BP, Petrobras, Ecopetrol,
Petronas, PetroChina, la empresa nacional Iraní de Petróleo,
Cubapetroleo, Petróleos de Venezuela, entre otras, quienes se habrían
reunido en el transcurso de este año con el director general de Pemex
Exploración y Producción (PEP), Gustavo Hernández García. Las
licitaciones para la exploración y explotación de esta Ronda se llevarán
a cabo a partir del primer trimestre de 2015.
Francisco Cravioto, investigador y
monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, e integrante de la Alianza
Mexicana contra el Fracking comenta –en entrevista con Contralínea–
que en amplias zonas del país, sobre todo el Norte, Oriente y zonas en
Chiapas o Tabasco podemos ver toda una serie de asignaciones petroleras
entregada en la R0.
“Terminada la R0 se abre la R1, la
primera instancia de licitación que se va a presentar en el país de
campos de hidrocarburos. Básicamente lo que hace la Secretaría de
Energía es determinar una serie de polígonos en el país donde se va a
abrir a licitación y entonces Pemex y empresas privadas presentan
proyectos de explotación, hacen un análisis de costo beneficio y ofrecen
bajo cuatro diferentes esquemas de reparto de ganancias cómo asociarse
con el Estado mexicano, representado por la Sener. En esta licitación se
le otorga al mejor postor su contrato”, expone Cravioto.
El experto en industrias extractivas urge
a centrar la atención en este tipo de proyectos de explotación de
hidrocarburos, incluyendo a los proyectos de explotación por métodos no
convencionales como el fracking o fractura hidráulica, ya que
estos tienen impactos negativos en el medio ambiente. “Éste va a ser un
negocio de corto plazo en México que dejará contaminados acuíferos,
mantos freáticos y desplazamientos forzados. Las afectaciones a la salud
han obligado a poblaciones de otros lugares donde se practica el fracking a irse y vender en las peores condiciones sus casas o propiedades”.
Marginación municipal en R1
Cifras del Consejo Nacional de Población
(Conapo) muestran que de un total de 61 municipios comprendidos en la
R1, 28 se encuentran en un “muy alto” y “alto” grado de marginación,
mismos que representan el 43.54 por ciento de municipalidades en esta
Ronda.
Los estados que contienen más municipios
con elevados índices de marginación son Veracruz, con 18, y Puebla, con
siete. Le siguen Hidalgo, con dos, y Chiapas, con uno.
Entre los municipios veracruzanos con
“muy alto grado de marginación” se encuentran: Coahuitlán, Coxquihui,
Ixcatepec e Ixhuatlán de Madero. Mientras, en Puebla los más marginados
son: Pantepec y Tlacuilotepec. Ostuacán es uno de los municipios
chiapanecos contemplado en esta Ronda que responde a un “muy alto”
índice de marginación.
Otros 22 municipios comprendidos en esta
ronda se encuentran en un nivel de marginación “medio”, entre los que
figuran Pichucalco, en Chiapas; Jiménez, en Coahulia; Huejutla de Reyes,
en Hidalgo; Venustiano Carranza y Xicotepec, en Puebla; Cárdenas,
Huimanguillo y Macuspana, en Tabasco, y otros 14 en Veracruz.
De acuerdo con el Conapo, “la marginación
se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de
capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e
inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. En
consecuencia, las comunidades marginadas enfrentan escenarios de
elevada vulnerabilidad social cuya mitigación escapa del control
personal o familiar, pues esas situaciones no son resultado de
elecciones individuales, sino de un modelo productivo que no brinda a
todos las mismas oportunidades. Las desventajas ocasionadas por la
marginación son acumulables, configurando escenarios cada vez más
desfavorables”.
Hipólito Rodríguez, integrante de la
organización La Vida, Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa
Ambiental, comenta en entrevista con Contralínea que estos
proyectos tocan áreas donde “la gente no se quiere separar del suelo.
Sin duda que van a romper liderazgos, a dividir a las organizaciones
campesinas, pero eso no importa porque lo que va a defender la gente es
su vínculo directo con el suelo, el escenario va a ser de conflicto.
Todavía está por verse que lleguen las empresas, empiecen a licitar el
suelo y empiecen a enfrentarse con negociaciones en que la gente va a
decir: ‘¡No quiero vender y no quiero que ocupes ni siquiera
temporalmente mi tierra!’”
La Ronda 1 de Sener
Justo en esta ronda, donde los altos
índices de marginación predominan, se prevé que a partir de 2015 se
licitarán 169 bloques. De estos, en el 64.50 por ciento (109 bloques),
se llevarán trabajos de exploración; en tanto que en el 35.5 por ciento
(60 bloques) serán campos de extracción.
“Las reservas 2P y recursos prospectivos
a licitar representan un volumen de 3 mil 782 y 14 mil 606 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce), respectivamente”,
indica información publicada por la Sener.
Para la apertura al sector privado de la
otrora principal empresa del país, y antes de la caída de los precios
del crudo, el gobierno federal estimaba que los proyectos representarían
inversiones anuales por 8 mil 525 millones de dólares entre 2015 y
2018.
La dependencia encabezada por Pedro
Joaquín Coldwell expone que “el Estado llevará a cabo la primera ronda
de licitaciones durante 2015. La llamada Ronda 1 deberá garantizar que
el ganador de cada contrato represente la mejor alternativa técnica que
dé mayores beneficios fiscales para el Estado.
“Es muy importante subrayar que en estas
licitaciones podrá participar Pemex sola o en asociación con otras
empresas. Por lo que nuestra empresa petrolera tendrá mayores
posibilidades de ganar las licitaciones, al tener la oportunidad de
allegarse de mejor tecnología, recursos e inversión.
“Adicionalmente, el Estado llevará a
cabo durante el próximo año los concursos necesarios para elegir a las
empresas que mediante 10 asociaciones desarrollarán junto a Pemex los
primeros 14 campos que Pemex ha elegido para este fin.”
El decreto por el que se reformaron
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia energética indica que “bajo criterios de equidad
social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a
las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio
general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el
medio ambiente […].
“La ley alentará y protegerá la
actividad económica que realicen los particulares y proveerá las
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya
al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e
implementando una política nacional para el desarrollo industrial
sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los
términos que establece la Constitución”.
Ejidos explorados en alto porcentaje
El mapeo realizado por Llano Vázquez se
derivó de la ausencia de información detallada de los predios, ejidos o
comunidades que podrían estar sujetas a estas medidas, con base en las
áreas definidas como R1 y R0 por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y
la Secretaría de Energía.
Un total de 1 mil 899 núcleos agrarios
están dentro de la R0, estos ocupan 1 millón 617 mil 654 hectáreas. Los
principales ejidatarios y/o comuneros afectados, muestra la
investigación, se encuentran en Veracruz (913 mil 228 hectáreas),
Tabasco (510 mil 286 hectáreas) y Tamaulipas (95 mil 217 hectáreas).
Ejemplo de ello es el municipio de Acula,
en Veracruz, previsiblemente ocupado al ciento por ciento por la R0.
Ésta cubre en su totalidad las tierras de los ejidos Acula, Azizintla,
General Lucio Blanco, Licenciado Ángel Carvajal, Los Amates, La Isleta,
Poza Honda, San Miguel Buena Vista y San Miguel Xóchitl, que ocupa 7 mil
337 hectáreas.
El municipio más grande de Tabasco,
Humanguillo, será uno de los más ocupados por la R0, al establecerse el
97.59 por ciento de sus tierras dentro de los parámetros trazados por la
Sener. El total de hectáreas que se impactarán son 175 mil 289, en un
total de 115 ejidos.
Abasolo es el municipio más ocupado de
Tamaulipas por la R0, con un registro del 80.90 por ciento de sus
tierras. En este espacio se ocuparán 14 mil 396 hectáreas,
correspondientes a 18 ejidos.
En este cruce de información, en la R1
serán afectadas más de 441 mil hectáreas de propiedad social,
principalmente en Veracruz y Coahuila.
Algunos de los municipios veracruzanos
que ejemplifican la ocupación de esta ronda en más del 90 por ciento
son: Platón Sánchez, con el 99.60 por ciento (compromete los ejidos de
Corralillo y San Francisco en 595.22 hectáreas); así como, Gutiérrez
Zamora, con el 99.88 por ciento, al impactar en 11 de sus ejidos (4 mil
198.55 hectáreas).
Los municipios coahuilenses que tienen un
alta ocupación ejidal son los de Jiménez, con 59 mil 753 hectáreas, en
los que se observan los ejidos: Balcones, El Carmen, El Divisadero, El
Orégano, Emiliano Zapata, Jiménez, La Bandera, La Jarita, La Muralla, La
Potasa, Madero del Río, Palmira, San Vicente, Santa María, La Purísima,
Los Cristales y San Carlos.
Latifundios petroleros
Claudia Gómez Godoy, abogada litigante en
materia de derechos humanos colectivos e integrante del Colectivo de
Abogad@s, dice en entrevista que en México el 52 por ciento del
territorio se encuentra en ejido o comunidad, y que lo que va a pasar
con la Ley de Hidrocarburos no tiene límite: se generarán latifundios
petroleros. “Va a haber, nuevamente, pocas manos que compren muchas
tierras, vamos a regresar al Porfiriato; se les va a despojar a los
campesinos de las tierras ganadas en la Revolución; viene un nuevo
despojo”.
La abogada expone que la finalidad de la
recientemente aprobada reforma energética “es permitir a los capitales
privados la intervención en áreas estratégicas, que antes estaban
reservadas a la nación, fundamentalmente en materia de hidrocarburos,
gas y generación de energía eléctrica. Al mismo tiempo constituye un
peligro para la propiedad social y es un paso más –quizá el más grande y
profundo– en la tendencia privatizadora y de despojo de las tierras
agrarias y recursos naturales, y es, al mismo tiempo, un ataque a la
Asamblea Comunal y a la Ejidal como espacio de toma de decisiones y
forma de organización social y política”.
En un artículo escrito para Contralínea (edición
406), expone: “Según la nueva legislación, las empresas y personas que
deseen realizar actividades de hidrocarburos y energéticas deberán
intentar negociar y acordar con los propietarios y titulares de los
derechos reales, ejidales o comunales la contraprestación, los términos y
las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o
derechos necesarios para realizar sus actividades, pues las
asignaciones y contratos no les otorgan la propiedad de la superficie.
“Es importante que los ejidos y
comunidades comprendan que un primer paso que las empresas tienen que
hacer es tratar de llegar a acuerdos y convenios de ocupación temporal
con los dueños de las tierras. Así lo establece la Ley de Hidrocarburos y
la Ley de Energía Eléctrica, que determinan que: ‘Cuando estén
involucrados terrenos, bienes o derechos sujetos a los regímenes
previstos en la Ley Agraria’ (artículo 102 de la Ley de Hidrocarburos y
artículo 75 de la Ley de la Industria Eléctrica), la autorización para
el uso, goce o afectación, deberá sujetarse a las formalidades previstas
en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de la Ley Agraria, es
decir, por medio de las llamadas Asambleas Duras o de Formalidades
Especiales (deberá ser expedida por lo menos con 1 mes de anticipación a
la fecha programada para la celebración de la Asamblea; para la
instalación válida en primera convocatoria deberán estar presentes
cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios; en segunda o
ulterior deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los
ejidatarios; los acuerdos se tomarán con el voto aprobatorio de dos
terceras partes de los asistentes a la Asamblea).”
Es de destacar que la Ley Agraria, en su
artículo 95, señala: “Queda prohibido autorizar la ocupación previa de
tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de
expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la Asamblea, si se
trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación”.
La abogada observa que estos dos
requisitos podrían amparar a las asambleas para nieguen la entrada de
estos proyectos; sin embargo, reconoce que si no hay información ni
resistencia, los ejidos y las comunidades agrarias, pueblos indígenas y
campesinos podrán ser engañados para firmar acuerdos de explotación,
ocupación temporal o servidumbre y hasta “hacerlo de manera voluntaria”.
Ronda 0 para Pemex
El 14 de agosto pasado, Emilio Lozoya
Austin, director general de Pemex, indicó que “las áreas de exploración y
los campos en producción asignados a Petróleos Mexicanos garantizan la
viabilidad a corto y mediano plazo de su operación como empresa
productiva del Estado y sientan las bases para su expansión a largo
plazo”.
Con esta ronda se le asignan al ciento
por ciento las reservas probadas y probables a la ahora llamada empresa
productiva del Estado, antes la principal paraestatal del país; así
también, el 67 por ciento de los recursos prospectivos.
Para Lozoya Austin “las áreas asignadas
representan un balance adecuado entre yacimientos en los cuales Pemex
tiene una gran experiencia y de hecho es líder a nivel mundial y
yacimientos de nuevo tipo sobre los que descansa el futuro petrolero de
México”, según el boletín 80 emitido por Pemex.
El mapeo realizado por Manuel Llano
descubre que esta Ronda involucra la extracción en 1 mil 899 núcleos
agrarios, en más de un centenar de municipios. Los estados que comprende
la explotación de hidrocarburos en esta Ronda son: Campeche, Chiapas,
Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco,
Tamaulipas y Veracruz.
El cruce de información de los municipios
señalados por Llano y los índices de marginación del Consejo Nacional
de Población arrojan que el índice de marginación es medio en el 45 por
ciento de los municipios. Los de “bajo” y “muy bajo” nivel de
marginación, 22 por ciento, así como “muy alto” y “alto” grado de
marginación 23 por ciento.
De la R0, la Sener expone que sus dos
objetivos son: “Fortalecer a Petróleos Mexicanos dotándolo de los
recursos necesarios para asegurar sus niveles de producción de forma
eficiente y una adecuada restitución de reservas, constituyendo el
primer paso para convertirse en Empresa Productiva del Estado”; así como
“multiplicar la inversión en exploración y extracción de gas y petróleo
en el país, a través de rondas de licitación en las que participará la
industria petrolera, y en las cuales Petróleos Mexicanos podrá
competir”.
Áreas Naturales Protegidas, en riesgo
Además de cubrir zonas de alta
marginación, las rondas para la explotación de hidrocarburos recaen en
zonas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) a nivel federal y locales,
revela el análisis geoestadístico elaborado por Manuel Llano. A nivel
federal se encuentran dos ANP dentro de la R0. La superficie traslapada
abarca un total de más de 83 mil hectáreas, principalmente en los
Pantanos de Centla, en Tabasco, con 79 mil hectáreas.
Estas
áreas, según información de la Comisión Nacional de la Áreas Naturales
Protegidas (Conanp), “son las zonas del territorio nacional y aquellas
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la
actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.
“Se crean mediante un decreto
presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se
establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, su reglamento, el programa de manejo y los
programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes
especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según
categorías establecidas en la Ley.”
Esta institución administra actualmente
176 ANP de carácter federal que representan más de 25 millones 394 mil
779 hectáreas, divididas en nueve regiones del país.
La explotación de hidrocarburos por la R0
toca zonas como la Laguna de Términos, en un 0.8 por ciento (4 mil 278.
53 de un total de 547 mil 278.71 hectáreas) y los Pantanos de Centla,
en un 5.2 por ciento (79 mil 422. 13 de 1 millón 513 mil 533.13
hectáreas), ANP decretadas por la Federación. La primera se encuentra en
Campeche, en tanto que la segunda se ubica en Tabasco.
La Laguna de Términos, indica el portal
de la Conanp, “es reconocida como sitio Ramsar [relacionado con la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas], región hidrológica,
terrestre y marina prioritaria según la clasificación de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y
también es un Área de Importancia para la Conservación de las Aves”.
En esta área de protección de flora y
fauna se concentra el macizo de manglar más importante de toda
Mesoamérica, con una extensión aproximada de 105 mil hectáreas, “bajo un
status [sic] saludable de conservación, situación que brinda una gran
cantidad de servicios ambientales que se ven reflejados en las
pesquerías y la protección de la zona costera ante fenómenos
hidrometeorológicos extremos”.
Una de las Áreas Naturales Protegidas del
Golfo de México, dentro del listado de la Conanp, Los Pantanos de
Centla, fueron decretados ANP desde agosto de 1992. La ficha de esta
zona indica que se trata del “museo vivo de plantas acuáticas más
importante de Mesoamérica. Procesa nutrientes disponibles para la gran
riqueza faunística existente y pesquerías del Golfo de México. Amortigua
el efecto de contaminantes del agua. Los recursos florísticos que se
presentan en la reserva responden a la distribución del agua, las
geoformas, el tipo de suelo y de manera especial al clima”.
Las investigaciones de Llano Vázquez
Prada indican que la superficie traslapada entre la R0 y ANP estatales
es de un poco más de 11 mil hectáreas. A nivel local: Área Natural
Protegida de Santa Ana, Chiapas; Centro de Interpretación de la
Naturaleza, Gruta del Cerro Coconá, Laguna de las Ilusiones, Parque
Ecológico de la Chontalpa, Parque Ecológico Laguna del Camarón, Parque
Ecológico Laguna La Lima, Río Playa y Yu-Balcah, en Tabasco; Laguna La
Escondida, en Tamaulipas; y el Santuario del Loro Huasteco y la Sierra
de Otontepec, en Veracruz.
Trasnacionales explotarán sobre ANP
La R1, que será explotada por empresas
trasnacionales y que ha sido el pretexto de inversión extranjera para
que el gobierno abra esa parte del sector energético, afectará también
la Laguna de Términos en un 0.40 por ciento, es decir, 2 mil 844
hectáreas. El Parque Nacional Los Novillos, en Coahuila, será afectado
en el ciento por ciento.
La Laguna de Términos fue decretada Área
Natural Protegida en 1994, pero la R1 tocará esta zona de Campeche, que
según la Conanp es un espacio importante para la pesca, “eje económico
de las comunidades alrededor”, por lo que es importante señalar que “la
exploración, extracción y conducción de petróleo y gas en la región
(Sonda de Campeche aporta cerca del 95 por ciento del crudo y 80 por
ciento del gas natural nacional) ha tenido un fuerte impacto ambiental
en los recursos pesqueros”.
El Parque Nacional Los Novillos fue
decretado Área Natural Protegida desde 1940. Información del Instituto
Nacional de Ecología indica que éste es el único de su especie en la
zona y que “es necesario conservar y propagar su vegetación constituida
por nogales y encinos, que forman un hermoso bosque”.
El mapeo del investigador Manuel Llano
expone que en Veracruz las Áreas Naturales Protegidas del estado
afectadas serán El Parque Estatal Ciénega del Fuerte, en un 13.14 por
ciento (521.22 hectáreas) y la Sierra de Otontepec, en un 18.41 por
ciento (8 mil 292.59 hectáreas).
Ciénega del Fuerte, describe la
Coordinación General del Medio Ambiente de Veracruz, es un ANP Sujeta a
Conservación Ecológica, y fue decretada como tal por el exgobernador
Miguel Alemán Velasco en noviembre de 1999, “con el objetivo de proteger
y conservar los humedales de la zona, por su importancia biológica y
ecológica”.
Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, comenta a Contralínea
que la Ley Minera fue el parámetro para poder meter todos los demás
proyectos extractivos bajo el mismo esquema: en ésta ya estaba
estipulado que la minería estaba por encima de cualquier uso de suelo.
Entonces, la administración de Peña Nieto traslada ese nuevo principio
al tema del petróleo y al gas, después a la generación de energía. Todos
los proyectos extractivos están por encima del uso de suelo de
cualquier otra actividad.
“Me parece perverso que la
administración de Peña Nieto junte las obras asociadas al Plan Hídrico
Nacional y al Plan de Infraestructura, porque la empresa podría decir:
yo puedo extraer pero necesito una carretera para llegar al puerto de
Manzanilllo, Coatzacoalcos, necesito puertos, etcétera. Todo lo hacen
como obra asociada, puertos, aeropuertos, carreteras, oleoductos,
gasoductos. Obviamente esto generará un despojo en todos los territorios
del país, además de afectaciones al medio ambiente. Es lo más perverso
que se ha hecho”, dice el ambientalista.
Comunidades indígenas, invadidas
El territorio de 13 pueblos indígenas se
encuentra comprometido en la R0, que representa un total de 281 mil
hectáreas. En primer lugar el pueblo chontal de Tabasco, con 85 por
ciento (27 mil 770 hectáreas), seguido del pueblo totonaca, con 38 por
ciento (96 mil 712 hectáreas), y popoluca, con 31 por ciento (28 mil 299
hectáreas), evidencia el mapeo realizado por el maestro en antropología
social por la Universidad Iberoamericana Manuel Llano.
Además de los ya mencionados, el listado
de comunidades se completa con los pueblos chinanteco, chol, huasteco,
mazateco, mixe, náhuatl, otomí, tzotzil, zapoteco y zoque.
El documento Pueblos indígenas del México contemporáneo,
editado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (Cdi), menciona que el territorio ocupado por el pueblo
también conocido como yokot’anob “es un territorio difícil por su
extrema configuración acuática […]. Macuspana, Centla y Nacajuca son
territorios de las desembocaduras de los ríos Grijalva y Usumacinta y de
sistemas menores […].
“Las actividades tradicionales de los
maya-chontales son la agricultura, la recolección, la caza y la pesca
[…]. Al mismo tiempo que se empleó la mano de obra indígena en la
explotación petrolera se incrementó el deterioro ecológico de la región
habitada por los yokot’anob”, documenta la Cdi.
La
institución encargada de velar por los derechos de los pueblos
originarios también documenta que los totonacas, otra de las principales
comunidades impactadas por la R0, habitan a lo largo de la planicie
costera del estado de Veracruz y en la Sierra Norte de Puebla. Y destaca
en la monografía que “la industria petrolera establecida en la costa
veracruzana a fines del siglo XIX, en su continua expansión, ha privado a
muchos indígenas de sus tierras y no ha sido capaz de absorber la mano
de obra desplazada”.
Los popoluca, también presentes en el
análisis del investigador Manuel Llano, es otro de los pueblos que se
han visto afectados por la expansión de la explotación petrolera y que,
de acuerdo con el mapeo realizado, seguirán padeciendo.
La Cdi publica en su monografía que “a
los popolucas, al igual que a los nahuas istmeños, les tocó vivir un
largo proceso en que la región se transformó al ritmo de la explotación
económica traída por los colonizadores: cacao, tabaco, ixtle, madera,
café, ganadería, caña de azúcar y petróleo, que ejercieron una acción
depredadora irreversible sobre un entorno ecológico de gran riqueza y
diversidad biótica […]. La gran fractura ecológica, sin lugar a dudas,
se presenta asociada a la expansión petrolera a fines del siglo XIX, a
la ampliación y modernización de las vías de comunicación y a la nueva
expansión ganadera que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX”.
De la R1, indica Manuel Llano, los
pueblos indígenas suman 322 mil 255 hectáreas. Entre las comunidades se
encuentran: huasteco, que tendrá una afectación sobre el 21.65 por
ciento de su territorio (60 mil 126.87 hectáreas); náhuatl, 21.39 por
ciento (198 mil 5 hectáreas); otomí, 2.63 por ciento (10 mil 709.81
hectáreas); tepehua, 2.27 por ciento (135.80 hectáreas) y totonaca,
20.67 por ciento (53 mil 277 hectáreas).
El pueblo huasteco, indica la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tiene una economía
basada en la agricultura, las artesanías y el trabajo asalariado. “A
pesar de enormes dificultades, los teenek producen la mayor parte de los
alimentos vegetales para el mercado regional.”
La comunidad nahua de la sierra poblana
también se encuentra en centros económicos, como Teziutlán, Zaragoza,
Zacapoaxtla, Tetela de Ocampo, Chignahuapan, Zacatlán y Huauchinango.
La Cdi indica que en esta zona se
producen maíz, frijol, habas, chícharos y frutales de clima templado y
frío como aguacates, manzanas, peras, ciruelas; además se cría ganado
bovino y ovino. Actualmente, habitantes de Tetela de Ocampo enfrentan
otra batalla con la industria extractiva minera, donde las
trasnacionales han llegado a explotar los minerales sin consulta previa,
lo que ha provocado división y conflictos sociales.
El 27 de junio de 1989 se adoptó en la
ciudad de Ginebra, Suiza, durante la 76 Reunión de la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Éste es un
instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra abierto
para su ratificación y que trata específicamente los derechos de los
pueblos indígenas y tribales. Hasta la fecha ha sido ratificado por 20
países, entre ellos México.
En él especifica que “los gobiernos
deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas
susceptibles de afectarles directamente, y establecer los medios a
través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de
decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se
reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de
decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de
desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible,
su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de
afectarles directamente”.
Érika Ramírez, @erika_contra
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