Ërika Ramirez / Contralinea
Por todo el país, el gobierno federal llevará a cabo en los próximos
4 años más de 740 proyectos de significativa infraestructura.
Autopistas, gasoductos, centrales eólicas, presas hidroeléctricas que,
además de significar una inversión pública y privada por más de 7
billones 750 mil millones de pesos, implicarían el desplazamiento y
despojo de comunidades enteras, desabasto de agua y pérdida de cosechas y
ganado, advierten defensores de derechos humanos y ambientales Olintla, Sierra Norte de Puebla. Con más
de 7 billones 750 mil millones de pesos de procedencia pública y privada
que se prevé se inviertan en 4 años, el gobierno federal pretende
desarrollar 743 proyectos de infraestructura que ponen en alerta a las
organizaciones sociales. A través de los mensajes oficiales difundidos
por el presidente Enrique Peña Nieto se ha dado el anuncio de
carreteras, obras hidráulicas, mineras, hospitales, proyectos rurales y
urbanos bajo el eslogan “Mover a México”. Esto no podría estar
equivocado, pues con algunos de los megaproyectos podrían desplazarse
comunidades enteras de sus tierras.
La presa El Zapotillo
es uno de los más de 700 proyectos que se encuentran enlistados en el
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, presentado por el Poder
Ejecutivo federal. Este Programa también contempla la construcción de
tramos carreteros, túneles, obras para procesos de extracción, además de
hospitales y centros recreativos.
Las principales dependencias encargadas
de llevar a cabo la misión gubernamental serán las secretarías de
Comunicaciones y Transportes; Salud, y Turismo; además de las empresas
productivas del Estado Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de
Electricidad, así como la Comisión Nacional del Agua.
Los estados en los que se pretenden
realizar más obras son: Veracruz, con 50 proyectos; Estado de México,
39; Tamaulipas, 36; Michoacán, 32, y Oaxaca, 32, indica el Programa.
Según la propia información oficial, se estima un monto total de
inversión de 7 billones 750 mil 549 millones 700 mil pesos.
Alerta por megaproyectos
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que los megaproyectos –como carreteras, hidroeléctricas
y los relacionados con procesos extractivos– tienen un impacto
desfavorable en el medio ambiente, por la destrucción que hay a sus
alrededores, así como por el uso de materiales dañinos.
Si bien mediante un discurso oficial se
dice que “estos proyectos de desarrollo se llevan a cabo para beneficio
de la población, los megaproyectos pueden tener consecuencias
devastadoras para las comunidades locales más empobrecidas, rurales e
indígenas, así como en el medio ambiente.
“Al llevarse a cabo estos proyectos es
común que el gobierno vulnere los derechos de las comunidades locales a
participar en el proceso de planificación del proyecto y a obtener
información acerca de éste y de su impacto.
“Debido a la destrucción ambiental y
social que pueden causar los megaproyectos, es también común que los
residentes de las áreas donde se planea llevarlos a cabo se organicen
para resistir ante las iniciativas del gobierno por imponer los
proyectos sin contar con su consentimiento ni consultarlos previamente”,
indica el informe Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y daños ambientales en México, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Presas y centrales hidroeléctricas
El capítulo hídrico
es uno de los que más llaman la atención de las organizaciones
sociales, ya que el impacto que ha tenido la construcción de acueductos y
presas e hidroeléctricas está dejando a comunidades enteras sin acceso
al agua; en consecuencia, la pérdida de sus cosechas y ganado.
En este rubro se ha contemplado la
inversión de 417 mil 756 millones pesos mediante 84 proyectos. Su
estrategia indica que se pretende construir infraestructura para
incrementar la oferta de agua potable y la capacidad de drenaje y
saneamiento. Además de “modernizar y construir infraestructura para
incrementar la oferta de agua destinada a la agricultura y construir
infraestructura para protección contra inundaciones”.
Romina
Martínez Velarde, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo
Comunitario (Imdec) e integrante del Movimiento de Afectados por las
Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) comenta en entrevista con Contralínea
que entre las organizaciones sociales y defensoras de los derechos
humanos hay varias preocupaciones: “Es un panorama a mediano y largo
plazo el de los proyectos. Una de las preocupaciones es la cantidad que
hay de éstos. Enseguida, está la cantidad de dinero invertido en cada
uno de ellos. Eso nos habla de que es una de las prioridades del
gobierno de [Enrique] Peña Nieto. Obviamente, este Programa también
habla de una injerencia cada vez mayor del capital trasnacional en
nuestro país y de todo lo que ya hemos escuchado en cuanto a despojo de
territorio: de cómo el Estado es un instrumento para facilitar este
paso”.
El apartado especial para el Sureste
llama mucho la atención, dice la ambientalista. En el Mapder “estamos
preocupados porque ahí están concentrados los bienes naturales. Es un
poco perversa la manera en como justifican ahí los proyectos: por ser
los estados con menores recursos, con mayor índice de pobreza o de
analfabetismo. No hablan de la riqueza de los bienes naturales. Hay
estados como en Puebla en donde se junta todo: proyectos mineros
asociados con hidroeléctricas y el fracking [extracción de gas natural mediante la técnica de fractura hidráulica] en las ciudades rurales. Entonces es un bombardeo muy fuerte no sólo a Puebla, también a Veracruz, Chiapas, Oaxaca y otros estados del Sureste mexicano”.
Y es que de acuerdo con el Programa
Nacional de Infraestructura, la Estrategia Sur Sureste contempla 181
proyectos en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán. En ellos se llevarán a cabo obras como la
construcción de la presa La Laja, en la Zona Conurbada de
Ixtapa-Zihuatanejo, la Central Hidroeléctrica Chicoasén II, las
Centrales Eólicas Sureste I, II, III y IV.
“Con ello podemos ver que en estos
estados habrá más conflictos sociales, tensiones, resistencia,
movilizaciones, también criminalización de la protesta social y de la
defensoría de los territorios. Esto nos lleva a que no se vea un
panorama positivo para las luchas sociales”, dice Romina Martínez, de
Imdec.
Extractivismo, “atractivo de inversión”
Al igual que la minería, la extracción de
hidrocarburos se ha convertido en un fuerte atractivo de inversión para
las empresas trasnacionales y de capital mexicano. Sin embargo, este
proceso de extracción de la riqueza se vuelve amenazante para los
pueblos en los que se lleva a cabo este trabajo.
Contralínea ha
documentado en varias ocasiones los conflictos sociales por los que han
pasado comunidades indígenas con la presencia de la minería en sus
territorios. Los resultados de esto han sido desde la confrontación y
división social, hasta la muerte. Con la extracción de hidrocarburos el
panorama no es nada halagüeño.
Ejemplo de estos proyectos:
Ku-Ma-loob-Zaap, en Campeche, con el que se pretende llevar a cabo la
operación y mantenimiento de pozos productores, perforación de pozos de
desarrollo, construcción de infraestructura complementaria para el
manejo de la producción de nuevos campos, con una inversión de 247 mil
945 millones 500 mil pesos, según indica el Programa Nacional de
Infraestructura.
Gustavo Castro, director de la
organización ambientalista Otros Mundos, dice en entrevista que la ley
minera fue el parámetro para meter todos los proyectos extractivos bajo
el mismo esquema. “Lo que hace Peña Nieto es trasladar ese nuevo
principio al tema del petróleo y el gas y luego a la geotermia, todos
los proyectos extractivos por encima de preferencia de uso de suelo para
cualquier actividad”.
Redondeo de la reforma energética
Francisco Cravioto, investigador y
monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, e integrante de la Alianza
Mexicana contra el Fracking comenta que el problema es que en el
Programa Nacional de Infraestructura aparecen todos los acueductos,
gasoductos, carreteras, tendidos de cable que precisamente van a redondear la reforma energética.
“Nos preocupa que hay dos proyectos
ligados directamente a la explotación de hidrocarburos: el primero es un
gasoducto que baja desde Tuxpan hacia la Sierra Norte de Puebla, pasa
por Hidalgo y se introduce en el Valle de México. Otro de los que ya se
están comenzando a construir está en Tlaxcala y baja por la zona
Poniente del estado de Puebla, se introduce en la zona de los volcanes
en Morelos”, dice el investigador de Fundar.
El Programa indica que la Terminal de
Almacenamiento y Distribución Tuxpan “consiste en aumentar 500 megabytes
(MB) de capacidad nominal el almacenamiento de gasolinas y aditivos
(oxigenantes) en el Puerto de Tuxpan, a fin de satisfacer la demanda de
productos en el Centro del país en el corto, mediano y largo plazo”. La
inversión se estima en 178 millones 200 mil pesos, en Veracruz.
—¿Cuál será la problemática con el agua en estos proyectos extractivistas?
—El agua es fundamental. A veces se dice
que somos una población que aguanta muchísimos agravios: la gente puede
vivir con un poder adquisitivo de una fracción de lo que era hace 30
años, paga las rentas más exorbitantes, intereses sobre deudas que antes
no manejaba, abuso tras abuso, pero cuando se toca lo
fundamental, como es un derecho de acceso al agua, ese ya es el límite;
la gente dice: “¡Hasta aquí, no más!”
Hay ciertos proyectos que a la Alianza
Mexicana contra el Fracking le preocupan. Uno de ellos es el acueducto
denominado Monterrey VI, que trasvasará la cuenca del Pánuco y dirigirá
el agua hacia la capital de Nuevo León. Se contempla que con este
proyecto se podía dar una explotación masiva de fracking en el estado.
El Compromiso de Gobierno-034 describe
que se pretende construir, en coordinación con el gobierno de Nuevo
León, el proyecto Monterrey VI, con una inversión estimada de 18 mil 283
millones 200 mil pesos.
Carreteras, degradación del medio ambiente
Mediante 223 proyectos del Programa
Nacional de Infraestructura, relacionados con la construcción de tramos
carreteros, túneles, ampliaciones, el gobierno federal suministrará poco
más de 1 billón 320 mil 109 millones 100 mil pesos, el más alto monto
de inversión en la infraestructura que se pretende desarrollar en el
país en los siguientes 4 años.
El listado del programa menciona entre
sus obras la construcción del segundo piso autopista México-Toluca,
tramo La Marquesa-Lerma (Estado de México); de la Autopista
Tuxpan-Tampico (Veracruz); Autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas
(Nayarit); así como llevar a cabo la primera etapa de la carretera que
conecte a Jiquilpan y Sahuayo, en Michoacán, con la autopista
México-Guadalajara.
“Los proyectos de autopistas causan
degradación al medio ambiente mientras se construyen, pero también
cuando se utilizan. Para la construcción se utilizan materiales tóxicos
como pinturas, solventes de limpieza, combustibles y compuestos de
coloración. Estos compuestos pueden ser trasladados fuera del
emplazamiento por aguas pluviales, y así contaminar el suelo y las aguas
subterráneas. También incrementa la erosión del suelo, lo cual puede
destruir hábitats, afectar la vegetación y degradar cursos de agua
corriente abajo”, indica el documento del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez.
Hipólito Rodríguez, integrante de la
organización La Vida, Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa
Ambiental, comenta en entrevista con Contralínea que la programación de estos megaproyectos, de la mano
de la reforma energética, plantea un escenario muy preocupante para las
organizaciones sociales, “porque lo que acaba de hacer el gobierno con
la reforma energética es legalizar un conjunto de procesos que rompen
todo un conjunto de acuerdos históricos, construidos en la década de
1930 en el país. Por un lado, están permitiendo que iniciativas muy
destructivas como el fracking, presas o hidroeléctricas puedan tener
prioridad sobre otros usos de suelo. Ése es el primer escenario
preocupante.
“Acaban de darle carta legal a una serie
de procedimientos que son de naturaleza expropiatoria, vienen a
despojar a las organizaciones campesinas e indígenas de un suelo que
habían conquistado con la reforma agraria. Con esto expulsan los últimos
bolsones de suelo en manos de organizaciones campesinas. Expulsar a
estas poblaciones y generar una nueva ola de empobrecimiento es echar la moneda al aire, y está por verse que la población se deje.”
Para conocer los detalles de la instrumentación de los proyectos, Contralínea
solicitó entrevistas con Gerardo Ruiz Esparza, secretario de
Comunicaciones y Transportes; Emilio Lozoya Austin, director de
Petróleos Mexicanos, y David Korenfeld Federman, titular de la Comisión
Nacional del Agua. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
México, un país “en duelo”
“A más de 100 años de la Revolución,
volvió el porfiriato: las privatizaciones, la apertura del país a las
trasnacionales, el petróleo lo vamos a entregar de nuevo a las
petroleras trasnacionales…”, el recuento es del filósofo, economista y
antropólogo social Armando Bartra. El investigador adscrito a la
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma
Xochimilco abunda: “pareciera que volvió el porfiriato, en cierto
sentido, porque el grupo político en el poder y los asesores que lo
acompañan tienen el espíritu que tenía Porfirio Díaz”.
Señala que la Revolución Mexicana “no
fue en balde; en México, la mayor parte de las tierras agrícolas están
en manos de ejidatarios y comunidades. Si agregamos a los pequeños
productores reales –aún en propiedad privada– la mayor parte del país
(un 25 por ciento, aproximadamente) es tierra de campesinos. Ciertamente
muchos la han abandonado, rentado o vendido, pero no hay que exagerar
con ello. Cuando defendemos algo no defendemos las migajas o las sobras
de lo que nos quedó hace 100 años, sino una propiedad social, el núcleo
del campo mexicano”.
Explica que en ningún otro país de
América Latina, “ni siquiera en aquellos que se hicieron
transformaciones políticas muy radicales como Bolivia, Ecuador,
Venezuela o Brasil”, ha habido un vuelco agrario tan radical como el que
se logró en este país hace 100 años. “En México los campesinos tienen
una cultura de que la tierra es de quien la trabaja, de que los pueblos
son dueños de la tierra y de que no pueden ser avasallados. Esa herencia
no la hemos perdido”.
Reconoce, sin embargo, que ahora la
propiedad social de la tierra se encuentra “ante una ofensiva terrible,
probablemente de un tamaño que no habíamos tenido antes. En efecto, las
trasnacionales y los capitales nacionales muy poderosos están en una
ofensiva sobre los recursos, sobre todo del petróleo y del gas. El otro
asunto es el de las minas: hoy son cráteres, agujeros en el suelo que
pueden tener un diámetro de 1 kilómetro o 1 kilómetro y medio… cráteres
lunares en verdad. Ve uno la tierra destruida y sacan de ahí toneladas
de oro, que finalmente no sirve para nada, cuesta poder obtenerlo
millones de toneladas de tierra, miles de millones de litros de agua y
contaminantes. Ésta es una amenaza que antes no existía; estamos
enfrentando una amenaza muy severa… del mismo tamaño es la resistencia”.
Considera que la lucha campesina que se
avecina también será histórica. “Se trata de conservar las tierras
conquistadas por una Revolución y que nos están siendo arrebatadas”.
Contralínea entrevistó al investigador a
raíz de su participación en la defensa de los territorios en el
municipio de Olintla, Sierra Norte de Puebla. Allí Grupo México intentó
iniciar trabajos extractivistas, pero fue expulsado de la zona por la
propia comunidad.
Entre las líneas de investigación de
Bartra Vergés se encuentran estudios regionales y sociopolíticos del
movimiento campesino y contradicciones tecnológicas del capital.
- ¿En qué momento fueron aprobadas 11 reformas sin un movimiento social que detuviera esta avalancha de cambios?
—La más emblemática es la reforma a la
Ley Federal del Trabajo, es una reforma que se hace en la transición del
gobierno de [Felipe] Calderón al gobierno de [Enrique] Peña Nieto.
“Nos colaron las reformas
aprovechando al máximo las dificultades para movilizarse de manera
unitaria, y eso es muy preocupante. La reforma energética se veía venir,
la privatización del petróleo se veía venir. Hubo manifestaciones
masivas oponiéndose a la privatización del petróleo y aun así pasaron.
“Sí hay movilización, hay opinión
pública, lo que ocurre es que son gobiernos a los que ya no les interesa
la legitimidad social. Peña Nieto está desmantelando al Estado
mexicano, desarticula todas las herramientas con las que el Estado había
tratado de cumplir las misiones que le encarga la Constitución
[Política de los Estados Unidos Mexicanos]: conducir la economía del
país, buscar el bienestar de los mexicanos, trabajar por la salud,
educación o vivienda.
“Estamos en la etapa de un fenómeno
estudiado por los sicólogos y padecido por muchos: el duelo. A fines de
sexenio pasado y en el periodo de la campaña electoral, muchos mexicanos
sentíamos que el país estaba enfermo, grave, buscábamos el remedio o
tratamiento para curar esa enfermedad; una enfermedad política,
económica, social y hasta moral. Había movimiento, creíamos que se podía
cambiar el rumbo. Ahora, estamos en el duelo, este país ya se murió.”
Ataja de manera inmediata: “Sin embargo,
esta situación no durará para siempre, no es absoluto. Hay personas
buscando una alternativa de salida para el país”.
—¿Las luchas sociales que se llevarán a cabo por los megaproyectos y reformas podrían reencausar el rumbo del país?
—La esperanza la mantienen viva los más
conscientes. Las enormes mayorías, descontentas, sin esperanza en el
régimen de Peña Nieto. Estas mayorías están en duelo y van a salir del
duelo porque así debe ser. Es importante que no bajemos la guardia
quienes estamos activos.
“El movimiento social es por oleadas,
estamos en un momento de reflujo, es natural. El PRI [Partido
Revolucionario Institucional] ganó, aunque sea comprando los votos, pero
ganaron. Esto deprime, desgasta, desmoviliza. Luego, meten una y otra
reforma, cuando uno suponía que quizá habría oposiciones en el Congreso
de la Unión.
“Ahora, plan con maña tienen,
como representante, el grupo del Pacto por México, que jugó con el PAN
(Partido Acción Nacional) y el PRD (Partido de la Revolución
Democrática) para lograr lo que quería [la aprobación de las reformas].
Esto, para el ciudadano común y corriente, es deprimente, desgastante.
—¿Qué pasa con la soberanía nacional, queda algo de ella?
—Hemos estado perdiendo soberanía en los
últimos 35 años, renunciando a ella. Llegó el momento en que el Estado
mexicano tenía un poder enorme sobre la economía, por la capacidad que
tenía de operar empresas paraestatales, porque controló la banca, los
servicios de comunicaciones y transportes, líneas aéreas. El Estado
mexicano era la conducción económica de este país, pero lo desfundaron,
desde Carlos Salinas en adelante.
“Previo a ello, el Estado mexicano
asumió por políticas históricas la política energética de este país,
Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía
de Luz y Fuerza del Centro, no sólo porque el petróleo es nuestro, sino
por la exclusividad que tenían estas empresas.
“Hoy, la soberanía nacional, delegada en
el gobierno mexicano se ha abandonado. Qué soberanía nos queda: la
soberanía popular, es decir, es el pueblo el que quita o pone al
gobierno.”
Érika Ramírez, @erika_contra/enviada
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Fuente: Contralinea
