La Jornada - Editorial
La empresa que explota
la mina Buenavista, antes Cananea, en Sonora, dio a conocer ayer un
comunicado en el que asegura que la nueva fuga de materiales tóxicos
vertidos desde sus instalaciones hacia los ríos Bacanuchi y Sonora fue
causada por la intensidad de las lluvias que acompañaron al huracán Odile a su paso por aquel estado, y afirma que tal hecho
Tal versión contrasta con la del presidente municipal de Arizpe, Vidal Vázquez Chacón, quien dijo a este diario que se enteró de esta nueva afectación por los pobladores:
fue notificado de manera oportuna a las autoridades correspondientes.
Tal versión contrasta con la del presidente municipal de Arizpe, Vidal Vázquez Chacón, quien dijo a este diario que se enteró de esta nueva afectación por los pobladores:
Una gran cantidad de contaminantes había vuelto a aparecer en el río, y como la minera no nos decía nada, hice la travesía de dos horas a caballo, y entrar por brechas hasta el lugar donde está el represo, sin vigilancia alguna, y comprobé que había reventado y se fugó agua sucia.
De inmediato, las autoridades federales, por voz del subsecretario del Trabajo Rafael Avante Juárez, minimizaron los hechos:
Bajo ninguna circunstancia estamos en una emergencia similar o de las dimensiones que enfrentamos hace algunos días, dijo este funcionario, en referencia al 6 de agosto, cuando la empresa Buenavista –filial de Grupo México y propiedad de Germán Larrea– arrojó 40 millones de litros de sustancias tóxicas a los cursos fluviales mencionados; a renglón seguido, sin embargo, el propio Avante Juárez dijo desconocer la magnitud del segundo derrame: “Estamos monitoreando qué tan graves son (las filtraciones); al principio parecen filtraciones ligeras, pero no podemos prejuzgar”.
En suma, a casi dos meses de haber causado uno de los peores
desastres ambientales en la historia de Sonora, Grupo México porfía en
la irresponsabilidad corporativa que condujo a la contaminación el 6 de
agosto y los representantes institucionales siguen mostrando una actitud
de injustificable obsecuencia hacia esa corporación y continúan
garantizándole, en los hechos, impunidad total.
Si bien es cierto que fueron las lluvias del huracán Odile
las que provocaron desbordes o filtraciones en los represos de aguas
contaminadas de la mina, es ineludible señalar que muchas horas antes se
tuvo información que permitía prever el paso del meteoro por Sonora y
que se dispuso, en consecuencia, de margen para prevenir una nueva
contaminación de los ríos o, cuando menos, para minimizar el daño. Pero
el desmedido afán de utilidades de Grupo México resulta, a lo que puede
verse, incompatible con las medidas de prevención, y ello vale tanto en
el ámbito de la seguridad laboral –no se puede olvidar que fue
justamente la carencia de seguridad la que provocó la tragedia de Pasta
de Conchos y la muerte de 65 mineros en febrero de 2006– como en el
cuidado ambiental.
A pesar de la abundancia de señalamientos que enfrenta la
corporación, las autoridades federales no muestran disposición alguna a
exigirle el cumplimiento de sus responsabilidades, y ello contribuye a
perpetuar el desdén de Grupo México por el entorno y por la vida y la
salud de sus trabajadores, así como de los habitantes aledaños a los
sitios en los que cuenta con explotaciones mineras. A estas alturas, no
es extraño que muchos se pregunten si esa actitud omisa es consecuencia
de la debilidad o de la complicidad. Así sea para despejar esas
impresiones, el gobierno debe actuar ya y aplicar sin miramientos las
leyes laborales y ambientales en las minas propiedad de Germán Larrea.
