La Jornada - Editorial
Ayer, al presentar el
proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo
diseño corrió a cargo de los arquitectos Servando Romero y Norman
Foster, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que se trata de un
proyecto de carácter transexenal, que atenderá, una vez concluido, a 120
millones de pasajeros, y que se desarrollará con pleno respeto
a los derechos de los habitantes de las colonias y comunidades colindantes. Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que el aeropuerto estará ubicado en una superficie de 4 mil 500 hectáreas, a su vez localizadas en una extensión de 12 mil 500 hectáreas de zona federal, por lo que no se harán expropiaciones de tierra.
con engaños y presión a los campesinos.
El evidente choque de declaraciones entre funcionarios federales y
los dirigentes de la organización que echó abajo el proyecto
aeroportuario del foxismo prefigura el grado de conflictividad a que
podría llegar el plan gubernamental de edificar una nueva terminal aérea
en la zona metropolitana. Por lo demás, esa conflictividad se ve
acicateada por un precedente adicional: el escenario de represión
policial que tuvo lugar en San Salvador Atenco y Texcoco en mayo de
2006, cuando el actual mandatario federal ocupaba la gubernatura del
estado de México. Dicho episodio representa, al día de hoy, una herida
abierta a consecuencia de la falta de justicia para las víctimas y la
impunidad para los responsables de los excesos cometidos en contra de la
población.
La circunstancia descrita hace suponer que, a pesar de la
pertinencia e incluso la necesidad de una obra como la presentada ayer
por Peña Nieto, el primer paso, antes de dar a conocer el diseño
correspondiente, habría debido ser un proceso de consulta y de
negociación exhaustiva y transparente con las comunidades aledañas a la
zona en que se pretende construir el nuevo aeropuerto, que incluyera el
esclarecimiento de los puntos oscuros de ese proyecto –entre los que se
encuentran las denuncias de presiones y asambleas ejidales amañadas en
la región, documentadas desde hace meses en estas páginas– y que
permitiera las condiciones políticas y sociales mínimas para llevar a
cabo una obra de esa magnitud.
Si es verdad que la construcción de un nuevo aeropuerto internacional
metropolitano reviste la importancia y el alcance que sostiene el
discurso oficial, no hay razón para que dicho proyecto quede expuesto a
la conflictividad política y social a consecuencia de presumibles
conductas turbias o ilícitas. Cabe esperar que la actual administración
actúe, en este ámbito, con la sensibilidad política y la inteligencia
que le faltaron a sus antecesoras.
