Julio Hernández López - Astillero
El andamiaje
retóricamente lustroso del reformismo peñista tiene un archisabido lado
oscuro, el de las fundadas sospechas del muy rústico enjuague
ganancioso, tema éste que no ha merecido del laborioso anunciante de
proyectos e inversiones multimillonarias, Enrique Peña Nieto, más que
placebos propagandísticos, sin constituirse aún la comisión nacional
contra la corrupción a pesar de que fue una de las promesas de su
campaña presidencial, suscrita ante notario público (¡Te la firmo y te
la incumplo!) en Guadalajara, el 30 de marzo de 2012.
Ayer estalló un escándalo entre senadores panistas que abunda en esa hipótesis de la fabricación corrupta de reformas corruptas que darán lugar a grandísimos negocios corruptos. El colimense Jorge Luis Preciado, conocido por su pragmatismo (usó un área del Senado para celebrar el cumpleaños de su esposa con música y bebida, y ahora construye un castillo con fines hoteleros en su estado natal), fue acusado por el jalisciense José María Martínez de haberle ofrecido medio millón de pesos para que aprobara alguna de las reformas que ahora Peña Nieto proclama casi como creaciones divinas, sin mácula de debilidad humana.
Chema Martínez es un pío panista que ha ganado fama al presidir una peculiar comisión sobre asuntos familiares y desarrollo humano que ha pretendido convertir en instrumento ultraderechista para impugnar los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Es un cruzado que teóricamente debería estar reñido con la mentira. El acusado, en cambio, es un personaje que impuso Gustavo Madero en sustitución de Ernesto Cordero para contar con un peón manejable, aguantador, sin compromiso militante con la veracidad o la higiene políticas. Otro senador, Martín Orozco (acusado de tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público desde 2007, cuando presidía el municipio de Aguascalientes, litigio que ha ido librando fuera de las rejas gracias a los cargos legislativos que ha ido teniendo), también acusó a Preciado de haberlo invitado a una fiesta con acompañantes de pago, al estilo de lo sucedido en Puerto Vallarta.
Comprar votos y voluntades en el Poder Legislativo federal para aprobar ciertos asuntos significaría que el máximo poder organizador de esas subastas esperase obtener altas ganancias de esos resultados. Son muy altas las probabilidades de corrupción en el negocio del siglo, el de los energéticos, donde Pedro Joaquín Coldwell y Emilio Lozoya hacen heroicos esfuerzos declarativos (pero sólo declarativos) por negar que tan apetitoso pastel trasnacional y transexenal pudiese derivar en hechos de deshonestidad. Pero ni siquiera funciona la de por sí inservible Secretaría de la Función Pública, desguazada desde el arranque del peñismo según eso para dar paso a la comisión nacional anticorrupción que nomás no ha podido sacar adelante Los Pinos, a pesar de que muchas otras faenas aparentemente imposibles se cumplieron a tambor batiente.
En ese tufo generalizado de que el gobierno y las élites
económicas se van repartiendo rebanadas de pastel, aparece el yerno de
Carlos Slim como ganador del proyecto para la construcción del nuevo
aeropuerto de la ciudad de México. El arquitecto Fernando Romero, casado
con una hija del hombre que está en la cima de los más ricos del mundo,
participó en la propuesta de la mano de una celebridad, el británico
Norman Foster. A fin de cuentas, lo importante para el negocio crudo no
es el diseño, sino la asignación de los contratos de construcción,
mismos que se llevarán unos 120 mil millones de pesos. No será una sola
firma la que se quede con todo el pastel, pero habrá que ver si en los
reacomodos de élite, en las compensaciones por golpecitos
‘‘antimonopólicos’’, en el mismo proceso de enriquecimiento al estilo
salinista de Telmex, nuevamente está Carlos Slim en la ruta de los
grandes negocios asignados por razones políticas y sin verdadera
transparencia.
Frente a la magnificencia aeroportuaria que ayer mismo salió a
detallar el lic. Peña Nieto (con su personalísima pieza de control en la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza,
probado desde el estado de México en cuanto a asignaciones de contratos y
demás) se ha vuelto a alzar un machete que no se ha oxidado, el de los
pobladores de San Salvador Atenco que ayer mismo realizaron una toma
simbólica de la maquinaria que ya está en actividad en los mismos
terrenos donde los sueños de grandeza de Vicente Fox comenzaron a
estrellarse.
Además de la poca transparencia real en cuanto a los procesos de
asignación del negocio del aeropuerto, y el nuevo tropiezo con la piedra
histórica de la resistencia en Atenco, hay voces que impugnan la
viabilidad técnica del uso de esos suelos. Pero el peñismo va o cree ir
con banderas desplegadas, imparable, envuelto en la bandera de la
retórica y su sometida reproducción en la mayoría de los medios de
comunicación, convencido de que está moviendo a México y no jodiéndolo
como otros creen. Y, mientras llega a México La fiesta de la insignificancia, la nueva novela de Milan Kundera, ¡hasta mañana!
