La Jornada - Editorial
Integrantes de diversas
organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos
humanos –la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos,
Católicas por el Derecho a Decidir y los centros de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas y Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras–
presentaron ayer una demanda de juicio político en contra del presidente
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia
Villanueva, donde señalan las
gravísimas omisionescometidas por el organismo que éste dirige ante
los atropellos a las garantías individuales, y afirmaron que Plascencia
ha faltado a su mandato de defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Los señalamientos referidos son fundados: durante la gestión del
funcionario cuestionado la CNDH se ha caracterizado en muchas ocasiones
por actuar no como un organismo de Estado encargado de salvaguardar las
garantías individuales, sino como una dependencia gubernamental
supeditada a los poderes Ejecutivo federal y los estatales y ha
mostrado, por tanto, una obsecuencia inadmisible ante abusos de las
autoridades.
Uno de los ejemplos más recientes de tal actitud es el carácter
errático y tibio del informe de la CNDH sobre los hechos del pasado 9 de
julio en Puebla, donde un proyectil disparado por elementos policiales
mató al menor Luis Alberto Tehuatlie: aunque el organismo público
documentó los excesos cometidos en ese episodio y echó por tierra la
versión del gobierno de Rafael Moreno Valle de que la muerte se había
debido a un cohetón lanzado por los manifestantes, omitió señalar
responsabilidades de integrantes del Ejecutivo estatal y se erigió, de
esa manera, en un garante de la impunidad.
Otro tanto puede decirse de la respuesta que brindó ayer el
propio Plascencia Villanueva respecto de la investigación que anunció
sobre los hechos del 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, donde
murieron 22 civiles presuntamente a manos de elementos del Ejército: la
supuesta disposición del ombudsman a investigar el hecho se vio desvirtuada por la afirmación de que
tenemos claridad de que se trató de un enfrentamiento, lo que muestra una predisposición a suscribir la versión del gobierno federal y desvirtúa de antemano las pesquisas referidas.
Con estos antecedentes es claro que la solicitud de las
organizaciones no gubernamentales a la Cámara de Diputados resulta
atendible y procedente, y cabe esperar que los legisladores esclarezcan
las posibles faltas atribuibles a una conducta institucional que ha
generado una intolerable indefensión de los ciudadanos ante los excesos y
atropellos de servidores públicos, alienta la impunidad en los casos de
violaciones a los derechos humanos y profundiza el descrédito de las
instituciones ante la opinión pública.
La creación de la CNDH fue el resultado de un proceso sumamente
difícil y costoso, en el que diversos esfuerzos individuales y
colectivos se sumaron para avanzar hacia un poder público sometido al
estado de derecho y con contrapesos institucionales a los abusos y
excesos de servidores públicos. Sería inadmisible que todos esos
empeños, por no hablar de los presupuestos públicos otorgados al
organismo, terminen por ser desvirtuados a consecuencia de una gestión
institucional que, en la opinión de organizaciones y activistas
humanitarios independientes, ha incumplido con su mandato
constitucional.
