Iván Restrepo. Opinión
Como si no les bastara
lo que ya tienen, los grupos Carso, Alfa y México buscarán obtener
licitaciones para explotar hidrocarburos y otras fuentes de energía. Así
lo anunció el secretario del ramo, Pedro Joaquín Coldwel. Es uno de los
frutos de la reciente reforma energética. Nada nuevo, pues los tres
grupos llevan lustros con actividades en dichos ramos. El funcionario
también dijo que directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión
Federal de Electricidad realizarán este mes una gira nacional
acompañados de quienes presiden las cúpulas empresariales, a fin de
invitar a invertir en las industrias petrolera, petroquímica y
eléctrica. Por su parte, Gustavo Hernández, director de exploración y
producción de Pemex, reveló que sus preferidas para asociarse son las
trasnacionales Chevron, Exxon y Shell. Todas con un largo y negro
historial de daños al medio ambiente y los recursos naturales lo mismo
en Perú y Ecuador que en Alaska, el Golfo de México o África. Los
procesos para que paguen por ello han sido tortuosos para las
poblaciones y gobiernos afectados, y una muestra del poder de las
trasnacionales a la hora de fijar indemnizaciones por los crímenes
ambientales que cometen.
Pero no hay que ir muy lejos para ejemplificar la tardanza en hacer
justicia. Todavía no la tienen los familiares de los nueve trabajadores
que murieron hace un año al perforar accidentalmente el ducto que lleva
amoníaco de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Los familiares y organizaciones
sociales del Istmo de Tehuantepec se quejan de la tardanza de la
Procuraduría General de la República y la del Medio Ambiente en realizar
las averiguaciones correspondientes. Es de imaginar el largo proceso
para sancionar a la empresa responsable de la tragedia que no termina en
los siete municipios de Sonora por el derrame de 40 millones de litros
de sustancias tóxicas. Las autoridades federales prometieron obligar al
Grupo México a pagar todos los daños ocasionados. Pero ese grupo,
propiedad de la segunda fortuna más grande del país, se distingue por la
impunidad que lo rodea.
Hay más noticias desalentadoras: tantas veces como en diversos
sexenios el gobierno federal ha prometido evitar la extinción de la
vaquita marina, tantas otras los grupos que estudian y a protegen esa
especie única en el mundo alertan que está al límite. El más reciente
llamado a impedir esa pérdida definitiva lo suscriben instituciones
nacionales y externas. Afirman que si no se toman medidas urgentes, la
vaquita marina (únicamente vive en el alto golfo de California)
desaparecerá este sexenio. Ella cae incidentalmente en las redes de los
pescadores que capturan camarón y tiburón. Igual sucede con la totoaba,
otra especie endémica única en el planeta y en peligro de extinción. Las
autoridades llevan décadas anunciado, sin éxito, su protección.
Se puede lograr que sobrevivan para siempre ambas especies con
medidas estrictas que eviten las malas artes de pesca y creando empleo
productivo en el Alto Golfo. Para ello bastaría el dinero que los
funcionarios públicos más encumbrados y los legisladores utilizan para
elogiarse con machacona publicidad en la tele y en los medios afines al poder.
A la mala noticia sobre el destino nada prometedor de la vaquita y la
totoaba, se contrapone una buena iniciativa, si efectivamente se
cumple: llevar el programa de uso racional del agua vigente en los
predios e instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México a
varios municipios de Tlaxcala, Oaxaca y Puebla. En amplias regiones de
las tres entidades escasea el líquido; y en las que abunda, es mal
utilizado en las poblaciones y el sector agropecuario. Las tres,
igualmente, tienen contaminadas todas sus cuencas hidrográficas. Destaca
la del Atoyac, basurero de las aguas negras de los centros urbanos, la
industria y las actividades agropecuarias de varias entidades. En
diversas ocasiones se han anunciado programas
integralespara regresarle la salud ambiental a dicha cuenca. Sin embargo, cada vez está más deteriorada. Igual que la presa Valsequillo, para la que también abundan los programas de limpieza incumplidos.
