Mil millones de dólares en cinco años es la ganancia estimada del crimen organizado por sólo uno de sus múltiples negocios: el robo y exportación de hierro. Michoacán, Jalisco y Colima, entidades donde el mineral abunda, sufren el azote de los yacimientos que se explotan en la ilegalidad o del robo simple y llano de cargamentos cuyo destino final parece ser, en todos los casos, China. Las autoridades desechan las denuncias y, según empresarios del ramo, en lugar de combatir el ilícito lo protegen.
Una red transoceánica de tráfico de mineral de hierro robado o extraído de yacimientos irregulares ha sido posible gracias a la protección de autoridades mexicanas, las cuales –por omisiones, sobreseimiento de denuncias y desestimación de señalamientos– contribuyen a un negocio que se estima arrojó ganancias por mil millones de dólares apenas en un lustro.
Más allá de los informes del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, respecto a los operativos federales en los cuales se ha decomisado mineral robado, la postura asumida por los diferentes órdenes de gobierno respecto al problema, señaladamente en cuanto a la zona minera de Colima y el puerto de Manzanillo, indica que la impunidad continúa.
Las denuncias por explotaciones ilegales de hierro, así como por las operaciones presumiblemente de cárteles de la droga implicados directamente en el tráfico del mineral, se han acumulado desde 2008, la mayoría de las veces sin resultados.
Sin embargo no fue sino hasta noviembre de 2013 cuando la Secretaría de Marina tomó el control del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y el pasado 1 de abril, cuando asumió el de Manzanillo.
El martes 10 de junio el comisionado Castillo hizo públicos los resultados de las operaciones contra el tráfico ilegal, al cual calificó de “delito contra la riqueza nacional”: el aseguramiento de 720 mil toneladas de hierro que, según sus datos, realizó en los últimos meses la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con otras entidades gubernamentales.
Según Castillo, los datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional estimaban en 70 millones de dólares los ingresos ilegales obtenidos entre los grupos delictivos y la estructura de transportistas que movilizaban el mineral.
En realidad se trató de unos cuantos operativos entre febrero y mayo pasados, algunos por inspecciones de otros ilícitos, como ocurrió el pasado 12 de marzo en Manzanillo, que no fue producto de labor de inteligencia sino de la casualidad, pues estaba dirigido a una bodega donde se suponía había madera producto de la tala clandestina, informó el gobernador colimense, Mario Anguiano, el 13 de marzo.
De cualquier manera la cifra es irrisoria si se compara con los 10 millones de toneladas que la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) estiman se han robado o extraído ilegalmente en los últimos cinco años en la región y cuyo valor es de unos mil millones de dólares.
Lázaro Cárdenas-Manzanillo
En contraste con las cifras oficiales y la promesa de inspeccionar las más de mil 200 minas del país que hiciera el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, de Lázaro Cárdenas y Tierra Caliente a Manzanillo y el municipio colimense de Minatitlán, la extracción ilegal de hierro, su transporte y embarque se mantienen.
Peor aún, el aseguramiento de cuatro embarcaciones que se disponían a transportar el mineral es litigado por empresarios que admiten fallas de procedimiento pero rechazan tener actividades delictivas o vínculos con los grupos delictivos. El caso podría resultar una pifia de fallas administrativas.
Entre los últimos días de abril y la primera quincena de mayo las autoridades federales detectaron los barcos Jian Hua, procedente de Hong Kong, cargado con 68 mil 750 toneladas de mineral de hierro; Best Vision, de bandera panameña, con 100 mil toneladas de minerales; Bei Lui Hai, que se encontraba en proceso de carga, y el Theodor Oldendorff, con bandera de Malta, proveniente de Kagoshima, Japón, que estaba en espera de carga.
Desde principios de marzo, el entonces secretario general de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna –ahora sujeto a investigación por presuntos nexos con el narcotráfico–, había declarado que no sólo por Lázaro Cárdenas se da el tráfico ilegal de minerales del crimen organizado, sino también por Manzanillo, y sugirió al gobierno federal una investigación al respecto.
A raíz del descubrimiento del primer cargamento en el puerto colimense, Castillo dijo que con ese golpe el gobierno federal había logrado impedir que grupos delictivos implicados en la explotación de minerales comercializaran durante las últimas semanas por lo menos 200 mil toneladas de hierro a través de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Entre las irregularidades detectadas por las autoridades, se informó que el material era transportado con permisos falsos, que no correspondían al tipo de mineral ni al lugar de su extracción.
Haro Bélchez declaró que el hierro que se pretendía sacar del país provenía de la extracción ilegal del mineral de Jalisco y Michoacán, pero no de Colima, conforme a las actuaciones de la Administración de Aduanas y a la documentación revisada por la Profepa.
A un mes del aseguramiento de los buques, pequeños empresarios mineros de Colima se quejan de la confiscación y del estigma. Eduardo de la Torre Cortés, presidente de la Asociación de Concesionarios, Comercializadores, Conexos y Similares de la Industria Minera de Colima, acepta que los empresarios que trataron de exportar el mineral a través de los barcos asegurados cometieron algunas irregularidades, pero rechaza cualquier colusión con la delincuencia organizada.
“Fue un error garrafal de Alfredo Castillo haber vinculado el asunto con grupos delictivos, porque no le podemos llamar delincuente a un mexicano que quiere trabajar; que haya irregularidades es otra cosa, pero ahora a todos los que estamos en la industria minera nos tienen con el estigma de que tenemos nexos con la delincuencia y eso no es verdad. Es como si yo dijera que todos los políticos son delincuentes”, dice en entrevista.
Aunque reconoce tácitamente la posible participación de grupos delictivos en la minería, rechaza que se trate de implicar a toda la industria en actividades ilícitas, pues “por unos perdemos todos”, pero considera que si esto existe le corresponde investigar a la autoridad.
“Nada más somos un ente gestor, no somos autoridad para decir fulano y zutano están dentro; no podemos hacer señalamientos de lo que no conocemos. Tu servidor no ha tenido denuncias por parte de compañeros en el sentido de que haya extorsiones por parte de la delincuencia organizada.”
Además menciona que dos de las empresas propietarias de los cargamentos de hierro asegurados en Manzanillo son de origen chino. La otra es mexicana.
“Están perdiendo millones de pesos por la estadía de los buques, mientras sus directivos están dando la cara, realizando gestiones en la Ciudad de México (para liberar el mineral y las embarcaciones).”
Para De la Torre, la industria minera de esta zona vive un clima de persecución por parte de las autoridades, pues “a veces sólo porque hay estopas o ramas tiradas en el patio de la mina te la clausuran”.
Los principales interesados en regular su situación, dice, son los empresarios mineros, y solicita a la Secretaría de Gobernación formar un comité con representantes de las dependencias implicadas en el área para que se encargue de atender todos los asuntos relativos a la minería.
Impunidad
El 13 de marzo, un día después del operativo por tala que devino en aseguramiento de hierro en una bodega en Manzanillo, el gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, en entrevista con reporteros colimenses, desestimó la producción ilegal, aseguró que no había denuncias y que dicho operativo no dañaba la imagen de Manzanillo.
Lo cierto es que para esa fecha las grandes empresas de la minería de hierro en la región montañosa de Minatitlán, Colima, habían interpuesto diferentes denuncias en las que se revelaron nombres de implicados y de empresas intermediarias, localización de predios ocupados con explotación ilegal y vehículos de carga con placas que podrían conducir a sus propietarios.
Desde 2012, por ejemplo, el equipo jurídico de la empresa Minera del Norte interpuso ante una agencia del Ministerio Público federal las denuncias AP/PGR/COL/MAN-I/36/2012 y AP/PGR/COL/MAN-III/93/2013.
Dichas denuncias apuntaban como responsables de extracción ilegal en sus fundos mineros a dos personas, identificadas como Miguel Dueñas Ruiz y William Félix. Además, destacaban las condiciones en que sus yacimientos Las Truchas y Canoas III, en Colima, estaban siendo saqueados por operadores de la empresa Arlich.
Los dos fundos mineros fueron depredados por completo a lo largo de 2012 y parte de 2013. El contrabando millonario continuó fluyendo hacia Manzanillo sin que ninguna de las dos denuncias prosperara, pues no hubo diligencias respecto a Arlich ni se llamó a declarar a los denunciados.
De acuerdo con miembros de la Canacero consultados, hubo numerosas denuncias de diferentes empresas pero fueron retiradas o se les dio carpetazo y quedaron sin seguimiento por las amenazas contra ingenieros y ejecutivos. En otros casos, las denuncias se sobreseyeron sin actuaciones.
Minera del Norte presentó el pasado 31 de enero otra denuncia ante la Profepa contra Ponciano Figueroa Soto por la explotación ilegal de la mina El Pesar 2, cuya concesión posee la mencionada empresa. Asimismo, el 4 de febrero se denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) la misma invasión y actividad extractiva, que quedó asentada en el expediente AP/PGR/COL/MAN-III/12/2014.
Al consultar GeoInfomex, donde se ubica la cartografía minera del país integrada por el Servicio Geológico Mexicano, el fundo minero está amparado por una concesión que identifica el yacimiento como Las Pesadas, donde operan varias minas superficiales. Los técnicos de Minera del Norte estiman que de enero a mayo, sólo de ese yacimiento se han extraído 130 mil toneladas de fierro en trozo de manera ilegal.
En esa región montañosa próxima a Minatitlán, Colima, se ha registrado actividad extractiva ilegal en los predios El Pesar y Chachalacas, la cual fue denunciada ante la Profepa el 21 de enero, donde se le asignó el folio 0602240. La denuncia señala como responsable de la operación a Leopoldo Figueroa, también denunciado ante la PGR.
Los expedientes mencionados incluyeron como material probatorio las fotografías de la maquinaria utilizada para remover tierra en los predios invadidos; los vehículos en que se transportaba el material y hasta el rostro de los choferes, asociados a una organización cetemista, así como de quienes son señalados como operadores del trasiego ilegal de hierro.
Sin embargo el 14 de marzo, un día después de que el gobernador Anguiano minimizara la situación y declarara que no había denuncias, un agente del Ministerio Público federal resolvió el no ejercicio de la acción penal e instruyó a los denunciantes a aportar pruebas de sus dichos en menos de 15 días.
Contacto chino
Las denuncias interpuestas por las grandes empresas del hierro –que este semanario pudo ver– identifican las razones sociales de las compañías que fungen como intermediarias de los compradores chinos y colocan el mineral en Lázaro Cárdenas y Manzanillo; pero hasta ahora dichas firmas permanecen intocadas y sus directivos no han sido llamados siquiera a comparecer ante el Ministerio Público.
En México el hierro es escaso. Según la Cámara Minera de México, la producción nacional de ese mineral representa apenas 4% de la minería en el país.
Pero de acuerdo con la cúpula minera y con base en las proyecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, la demanda de hierro en China se mantendrá al alza hasta 2025.
A principios de marzo, Castillo dio a conocer el aseguramiento de instalaciones que pertenecían a las empresas Golden Container Yard, Eagle Rock, Global Sheeping y Pwi Zong, y la detención de seis ciudadanos chinos. Poco a poco, lo que desde hace años se mencionaba entre habitantes del corredor portuario y mineral Michoacán-Colima empezó a ser verdad oficial: el mineral hurtado por las mafias era comprado a través de intermediarios y enviado a Shanghái.
Pero hasta ahora otras empresas con capital chino –y claras identificaciones en su documentación por el uso del mandarín hasta en tarjetas de presentación– permanecen intactas y sin indagaciones. Se trata de Shanghái Internacional de Sinaloa, Desarrollo Minero Unificado de México, Minerales de Norteamérica, Mingli International Group, Grupo Minero de Oriente, Arlich y Grupo Leeocta JCMG.
Las principales empresas extractivas en el país son Grupo Acerero del Norte (la única de capital mexicano) y Peña Colorada (propiedad de la italoargentina Ternium y de la angloindia Arcelos Mittal). Dichas empresas, en mayor o menor medida, tienen yacimientos en Colima y se han visto afectadas por las operaciones delictivas.
Debido a las amenazas, la presencia de hombres armados que actúan con impunidad y el hostigamiento apenas interponen denuncias, varias operaciones han cerrado y, en el caso de Minera del Norte, su corporativo, optó por retirar al personal y abandonar sus instalaciones en Colima.
No obstante Castillo dijo el martes 10 que con los operativos mencionados se ha cortado una fuente de financiamiento de la delincuencia.
Fuente: Proceso
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