22 junio 2014 | Patricia Mayorga | Proceso
GUACHOCHI, CHIH.- Lejos de las cifras y el discurso oficial de la Campaña Nacional contra el Hambre (CNH), los habitantes de esta comunidad denuncian la falta de trabajo, agua y alimentos que enfrentan cotidianamente. Y consideran que el panorama será peor. Este municipio de la sierra de Chihuahua fue el escenario donde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto montó un espectáculo para “evaluar” el primer año de la CNH. La instrucción, aseguran pobladores, fue que se limitara la entrada al festejo para que el mandatario pudiera fotografiarse con indígenas tarahumaras seleccionados.
Se montaron varios templetes para que los utilizara el presidente, pero al final sólo llegó al sitio conocido como Las Cabañas del Tepehuán. A los invitados no los dejaron entrar ni con bolsas o fólderes, para evitar que llevaran algún reclamo por escrito. “No dejaron entrar a todos. Les quitaban carpetas, no entraba nadie, sólo alcaldes, pero sus acompañantes no, tampoco dejaron entrar a unos diputados”, afirma una mujer que permaneció cerca de una aeropista próxima.
La madrugada del lunes 2, antes de que el mandatario aterrizara en Guachochi, cientos de indígenas salieron de sus comunidades para estar a las nueve de la mañana en la cabecera municipal. Según declaran, alrededor de 400 arribaron al salón Los Candiles para recibir su dinero de Oportunidades y un pase para el acto.
A la mayoría de los invitados se le negó el acceso. Cientos de tarahumaras y mestizos tuvieron que regresar al centro de la ciudad. Hasta pasadas las tres de la tarde pudieron volver a sus comunidades: “Estábamos desde las seis o siete de la mañana para organizar todo”, detalla una de las mujeres que ayudó a la entrega de Oportunidades y pases.
“Hay gente que no necesita el apoyo. Viene gente que es de Parral, por ejemplo. En el caso de las comunidades, (a los pobladores) los trajeron en trocas o algunos llegaron caminando con todo y familias. Siempre que vienen y que hay evento, ellos esperan algo, de perdida de comer, pero se regresaron sin nada”, apunta otra de las colaboradoras de Oportunidades.
A los que sí pasaron les entregaron cientos de tarjetas Sin Hambre. “Nos dio coraje, porque nos tuvieron desde las nueve de la mañana hasta las 11 de la noche y entregaron las tarjetas a muchos que no las necesitan. Nos conocen en el pueblo y sabemos quién sí necesita. No hay criterios para seleccionar a la gente. Usted sólo se anota en una lista y ellos deciden quién queda, no sabemos cómo los elijen”, abunda la mujer.
El programa Sin Hambre consiste en que el gobierno federal deposita poco más de mil pesos bimestrales a familias en pobreza extrema. Con ese dinero sólo pueden comprar aceite, frijol, arroz, avena, café, chocolate, harina, sardina, leche en polvo, atún, chiles, harina de trigo y maíz.
En Guachochi hay tres tiendas comunitarias o puntos de venta de las tarjetas Sin Hambre. “Hay personas que de plano tienen dinero, llegan con camionetones pero con su tarjeta. Como que las autoridades no visitan las casas de los beneficiarios y, si las visitan, les vale gorro. Hay gente que sí requiere pero mucha que no; muchas más que sí necesitan se quedan fuera”, cuenta la dueña de una de las tiendas.
Otra relata que cuando comenzaron a repartir las tarjetas, aproximadamente en enero pasado, les daban entre 4 mil y 5 mil pesos, pero ahora sólo caen mil 56 pesos cada dos meses.
En otro lugar, por el paraje conocido como Lago de las Garzas, unos hombres ríen mientras recuerdan que el lunes 2 llegaron camionetas cargadas con barbacoa y más comida que sobró del acto con Peña Nieto.
“Era mucha barbacoa, no se organizaron. No hubo coordinación y fue exagerado lo que sobró. Los que vinieron de comunidades retiradas se fueron sin comer; si se hubieran organizado hubieran llevado a cada lugar donde había evento, por ejemplo”, refiere uno de ellos.
Otro comerciante, dedicado al ramo ferretero, considera que la CNH es puro relumbrón: “La gente del pueblo no fue invitada (al acto de aniversario). Dijeron que querían a puros autóctonos. A los indígenas los pusieron adelante; a los demás (Peña Nieto) los ignoró”.
Ejemplificó que los microproductores inscritos en el programa Procampo o Progran reciben mil 100 pesos al año por hectárea, pero ahora, para recibir ese apoyo, deben viajar a Parral (ubicado a tres horas y media) y gastar por lo menos 400 pesos, por lo que la ayuda se les reduce mucho. “Antes entregaban cheques en Guachochi, pues si aquí es cabecera municipal”, refiere.
Microcasas
Cuando el presidente Peña Nieto hizo el pequeño recorrido por la periferia de Guachochi, vio una serie de casas humildes con techos pintados de rojo. Eran las 10 casas de adobe que ese día se entregaron a familias indígenas.
“El PRI las mandó pintar”, cuentan los vecinos de La Loma, a quienes les entregaron pequeños invernaderos con plantas trasplantadas. Incluso les tomaron fotos cuando se las dieron. El problema es que en esa colonia no hay agua.
“Nos fue bien ahora que vino el Peña Nieto. Aquí llegó a entregar las casas, por aquí pasó”, expresa Ángel Palma. “Llegó en camionetas, estuvo nomás un rato. Dejó la llave y ya se fue. Yo construí toda la casa, con adobe”, relata. Explica que él mismo compró el material para levantar la casa.
En otro extremo de la ciudad, alrededor de 200 familias han vivido sin agua durante años. Por concepto de alcantarillado y saneamiento les cobran recibos de hasta 30 mil pesos. Cada 15 o 22 días les llenan con pipa un tinaco por casa. “Sólo nos llenan un rotoplás y tardan hasta un mes para volverlo a llenar”, denuncia María del Carmen Castelo Pérez.
Ella es de la colonia Bajío de Las Palmas. Los vecinos de la zona acusan que fueron amenazados por el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Rogelio Yáñez Aguirre. Presuntamente él les dijo que les embargará sus viviendas si no liquidan las cuentas pendientes.
Josefina Hernández Ayala es una anciana que vive sola y sobrevive con 800 pesos bimestrales de Oportunidades. Hasta abril pasado debía 19 mil pesos de agua. “Rogelio (Yáñez Aguirre) nos prometió que iba a venir a arreglar, pero ya no volvió. A veces yo tengo que traer agua pero debo pagar 50 pesos a alguien que tenga troca para cargarla”.
Abraham García Palma tiene una deuda de 22 mil 268 pesos por servicios que nunca ha recibido. Su recibo describe los cargos hasta marzo: agua, 116.27 pesos; recargos, 8 mil 743 pesos; rezago de agua, 11 mil 921 pesos; rezago de drenaje, 87.21 pesos; rezago de saneamiento, 122 pesos, y rezago “DFEA”, mil 232 pesos.
Beatriz Kenia García Durán declara que en el trienio pasado les permitían llenar más tinacos, pero a partir de esta administración sólo les dan agua para un tanque. Otro ejemplo: En la casa de Vicente Loya viven 14 integrantes y deben arreglárselas con un tambo para 15 o 20 días. Además, deben 25 mil pesos del servicio.
“Nosotros donamos cuatro metros de nuestro terreno para la calle, para el lugar donde iba a pasar la tubería. La pusieron pero nada, no tenemos agua. Yo pagaba para no tener problemas y con la esperanza de tener agua, pero me cansé porque no tenemos nada y ni nos dan trabajo siquiera, todo se lo dan a los ricos”, atiza Manuel Leyva, quien se dedica a la construcción. Su esposa, Guadalupe Ayala, dejó de recibir el apoyo de Oportunidades desde 2008; no sabe por qué ya no la incluyen en la lista.
Obra inútil
La pasada administración municipal construyó un cárcamo de bombeo y su subestación eléctrica. La equipó y le puso las instalaciones de cloro. El proyecto es conocido como el cárcamo de Ochócachi.
La obra se adjudicó de manera directa a la empresa Tanus Construcciones Especializadas, propiedad de Carlos Aníbal Garfio Pacheco, hermano del actual alcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco.
El contrato de obra pública es el OPMG 0642011. Debía empezar a operar el 31 de diciembre de 2011, como máximo. No obstante, su apertura se retrasó hasta 2013. Luego se volvió a posponer y es fecha que no se utiliza.
Los habitantes de Bajío de Las Palmas aseveran que las autoridades les aseguraron que la constructora entregó las bombas y el transformador, pero que esos objetos “habían desaparecido”. Sin embargo, ahí están las bombas y el transformador, todo listo para usarse.
Entre los afectados está Primitivo Lucero Ayala, quien fue trabajador de la JMAS hace más de 15 años, cuando Guillermo Holguín era presidente del organismo. “El problema fue cuando se murió Holguín. Corrieron a todos los que sabíamos. Antes había bombeo paralelo pero luego movieron todos los depósitos y nos quedamos sin agua. Están tercos en que les paguemos, nos han dicho que nos van a embargar”, reitera.
Trabajo escaso
Manuel Leyva asegura que tiene meses en busca de trabajo y no consigue nada. “Dicen que hay para puros ricos, no ayudan a la gente. Y luego hay constructoras que nos quieren contratar de 7 (de la mañana) a 7 (de la tarde) por 100 pesos. ¿A qué quieren que llegue esto? Yo les digo que cómo a los ricos sí les dan trabajo y a nosotros no”, reprocha.
Cipriano Chaparro, quien posee una tienda de abarrotes y artesanía, ironiza: “Ya no hay pobres porque ya les mataron el hambre. Yo no estoy sacando ni 100 pesos diarios”. Reclama que las autoridades exigen que las tiendas den facturas y que compren computadora para entregarlas electrónicamente: “Pues qué capacitados vamos a estar para eso. Si es así, yo mejor voy a cerrar y los demás también. ¡Pues cómo, si no están dando chance de nada, no estamos sacando nada, no estamos sacando ni para pagar a una persona que trabaje!”
Con su cuaderno en mano, demuestra que vende entre 500 y 600 pesos diarios y explica que sólo le queda de ganancia 20%. “Ahora, con esta nueva administración, tengo que buscar un contador. Son puras pendejadas. Los que tienen tanichis (negocios) chiquitos, ¿qué van a hacer?”
