12 abril 2014 | El Popular | e-consulta
Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, fue detenida el domingo pasado por los cargos de robo agravado y oposición a la ejecución del gasoducto que cruza Puebla, Morelos y Tlaxcala, podría salir bajo fianza si paga 80 mil pesos. Miriam Vargas Teutle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua PueblaTlaxcala-Morelos (FPDTA), informó que a pesar de que la fianza es alta para la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, es una posibilidad para que logre su libertad.
La mujer de la tercera edad fue encarcelada y presentada ante un juez en la capital poblana bajo el proceso penal 121/2014, por el delito de oposición a una obra pública y robo agravado.
La detención de la sexagenaria se realizó al salir de una reunión de comisariados ejidales en San José Teruel, municipio de Tepeojuma.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Tlaxcala-Morelos precisó en un comunicado que en agosto del 2013, en asamblea ejidal, Enedina Rosas Vélez mostró su oposición al gasoducto que atravesará su comunidad.
El 7 de marzo del presente año, aún con el documento oficial del ejido, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa Bonatti llegaron a territorio de San Felipe con trabajadores y maquinaria para emprender ilegalmente la obra, hecho que indignó al pueblo y que llevó a expulsar tanto la maquinaria como a los trabajadores.
Dos detenidos sin fianza.
Por su parte, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, detenidos el lunes y martes siguientes a la de Enedina Rosas, no han tenido la misma suerte que la comisaria ejidal.
La parte defensora de los dos varones detenidos, también por manifestar su rechazo a gasoducto y a una carretera, solicitó ampliar el tiempo legal a 144 horas para presentar pruebas que rechacen su participación en los hechos que le imputan.
Es por ello que será el lunes o martes siguientes cuando se determine la situación legal de los dos detenidos.
A Juan Carlos Flores lo responsabilizan de una posible participación en ilícitos en contra de la infra- 1 estructura hidráulica en 2012, y a Abraham Cordero le achacan una probable responsabilidad en delitos cometidos contra funcionarios públicos, amenazas y privación ilegal de la libertad.
