11 febrero 2014 | Gloria Leticia Díaz | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Las advertencias sobre una inminente “crisis alimentaria” en la Montaña de Guerrero, acompañadas de movilizaciones la semana pasada, no modificaron la postura del gobierno federal hacia las comunidades afectadas por las tormentas Manuel e Ingrid, cuyos habitantes han denunciado estar sumidos en el olvido.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan (CDHM-T), denunció un intento por “desviar la atención” más que una intención de atender las demandas legítimas de los integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, que incluye a representantes de 200 pueblos afectados, quienes el lunes 10 se reunieron en Chilpancingo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).
Luego de que miles de indígenas bloquearon la semana pasada la carretera Tlapa-Chilpancingo, el lunes último se concretó la reunión en la que Robles Berlanga hizo un recuento de supuestos apoyos entregados a comunidades afectadas por los meteoros de hace cinco meses.
Sin embargo, con actas de asamblea en mano de 180 de las 200 comunidades afectadas, “los representantes del Consejo hicieron ver cuáles eran las verdaderas necesidades”, apuntó Barrera para enseguida señalar que los pueblos indígenas demandan “una atención apegada a su etnicidad y a su derecho humano de alimentación”.
Además, alertó, se informó a los funcionarios que hasta ahora habitantes de 38 comunidades siguen viviendo en condiciones más que precarias, en tanto que otros, quienes fueron desplazados por la destrucción de sus viviendas, “están ahora inmersos en problemas agrarios con otras comunidades”.
Además, abundó, los afectados desconocen a la fecha el dictamen del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), “y se les ha dicho que el gobierno no tiene dinero para comprar terrenos para reubicarlos”.
También recordó que, desde noviembre del año pasado, tras diversas reuniones con el subsecretario de Sedesol, Javier Guerrero, “las comunidades presentaron una propuesta muy viable, que es avalada por las comunidades y es que el gobierno subsidie la entrega de una tonelada y media por familia de granos básicos, maíz, frijol y arroz, que les permitan sobrevivir un año en lo que entran al proceso de reconstrucción de sus viviendas y sus comunidades”.
Según estimaciones del Consejo de Comunidades Damnificadas, señaló Barrera Hernández, “lo que se pide equivale a 250 millones de pesos, cifra que representa 2% de lo que el gobierno federal anunció que invertirá en el programa Nuevo Guerrero, que es de alrededor de 30 mil millones de pesos” del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Ante el replanteamiento de la propuesta, narró el director de Tlachinollan, Rosario Robles dijo “que no quería trabajar con intermediarios, y si lo dijo pensando en el Consejo, ellos son precisamente los representantes directos de las comunidades, no las autoridades que sólo mediatizan los recursos federales y, si se refirió a nosotros, tenemos 20 años de trayectoria que nos colocan como la organización que acompaña a las comunidades en sus procesos organizativos, pero nunca hemos sido intermediarios de nada”.
Barrera Hernández insistió en que pese a la claridad de la propuesta, “las autoridades han preferido desviar la atención, haciendo estos señalamientos contrarios a lo que se está demandando, porque los pueblos ni siquiera piden dinero, quieren los granos para evitar una crisis alimentaria que puede ser muy grave en estos pueblos de por sí golpeados por el hambre”.
Tan clara es la propuesta, dijo, que el viernes 7 el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy envió una carta a Robles Berlanga en la que el presidente de la organización, Kerry Kennedy, y el director ejecutivo, Santiago Cantón, demandan a la funcionaria federal el restablecimiento de negociaciones con el Consejo de Comunidades Damnificadas, “a efecto de que se adopten medidas antes de que se desate en marzo y abril la situación de crisis alimentaria anunciada”.
Pese a ello, retomó Barrera Hernández, “lo que ofreció Rosario Robles fue 100 comedores más a los 200 que ya están operando, y que no son utilizados por los pueblos porque la comida que ofrecen no se apega a su cultura y costumbres, en tanto que el gobernador Ángel Aguirre ofreció reciclar los programas de empleo temporal y maíz por bosques, que no fueron creados para atender una emergencia alimentaria como la que se avecina”.
El defensor de derechos humanos destacó que la reunión terminó con el compromiso de las autoridades de cotejar sus listas de apoyos con las 180 actas de asamblea que el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero presentó ayer.
“La gente se siente burlada y engañada, porque a casi 150 días de las tormentas siguen abandonadas en una situación precaria, en que las autoridades no ha resuelto sus demandas fundamentales y ni los mismos desplazados han encontrado canal de interlocución, cuando lo único que quieren es precisamente acabar con la intermediación y con los coyotes que hacen uso de los programas y recursos supuestamente destinados para paliar las necesidades de la gente”, concluyó Barrera Hernández.
Fuente: Proceso
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