Editorial-La Jornada
Un grupo de trabajadores jubilados de la compañía Mexicana de Aviación sostuvo ayer un enésimo encuentro con integrantes del fideicomiso que administra la aerolínea, descapitalizada y arruinada por su ex propietario Gastón Azcárraga, con el propósito de lograr el pago de las pensiones que se les adeudan desde hace meses. Como se recordará, esa aerolínea, tras ser “rescatada” y saneada con dinero público, fue “desincorporada” en 2005, durante el sexenio foxista, y vendida al Grupo Posadas –“malbaratada”, se dijo entonces–, del que Azcárraga era accionista mayoritario. En menos de cinco años, la administración privada desmanteló la empresa y la llevó a una virtual quiebra, que dio lugar a un concurso mercantil aún no resuelto.
En el proceso, los afectados inmediatos han sido los trabajadores –técnicos y manuales, administrativos, sobrecargos y pilotos– y, entre ellos, los jubilados han resultado los más perjudicados, pues carecen de posibilidades de obtener otro empleo. Pero el prolongado cierre de las aerolíneas ha sido también tremendamente oneroso para el país y para la economía, particularmente el sector turístico y los usuarios del transporte aéreo, los cuales han quedado expuestos a arbitrariedades de antiguas competidoras de Mexicana que, al encontrarse dueñas del mercado, o de destinos específicos de éste, han incurrido en toda suerte de prácticas abusivas.
En la administración pasada, caracterizada por sus políticas antilaborales y antisindicales –ejecutadas de manera implacable por el ex secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón en contra de mineros y metalúrgicos, electricistas y los propios trabajadores de la aerolínea en dificultades–, el gobierno federal se desentendió del problema y apostó al desgaste de los afectados como una forma de extinguir el conflicto.
Durante el primer año de la administración peñista la actitud gubernamental no cambió en forma significativa con respecto a la de sus antecesores y, pese al exhorto formulado la semana pasada por el actual titular de la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, para que se resuelva de una vez por todas el concurso mercantil, miles de trabajadores de Mexicana, jubilados o no, siguen sin poder hacer efectivas las percepciones y prestaciones que les corresponden, toda vez que nunca se ha declarado extinta la relación laboral entre la empresa y sus empleados.
Resulta imperativo que las instancias judiciales a cargo del caso agilicen la solución; en caso contrario, el actual gobierno debe empezar a plantearse esquemas de intervención pública para garantizar los derechos de los trabajadores de Mexicana e incluso para hacer posible que la aerolínea vuelva a operar. El asunto es urgente, no sólo por la exasperante situación que viven muchos trabajadores, sino también porque cada día que pasa en suspensión de actividades la aerolínea ve mermado su patrimonio, y porque el mercado nacional del transporte aéreo requiere de una mayor competitividad para beneficio de los usuarios y del sector turístico.
Fuente: La Jornada
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