2 febrero 2014 | Martin Esparza | Contralínea
El bombardeo mediático que a diario reciben millones de mexicanos sobre la reforma energética no tiene precedentes; hasta el cansancio se busca manipular la opinión de un país agraviado, con beneficios que nunca llegarán porque sencillamente no pueden darse de acuerdo con lo planteado en las modificaciones constitucionales aprobadas en el Congreso de la Unión. Nunca antes se había desplegado tal derroche de recursos para maquillar tan monumental falacia: en radio, prensa escrita y televisión, la clase política busca de forma desesperada aminorar un latente conflicto social que, agravado por las impuestas reformas estructurales, parece no tener vuelta de hoja.
La reforma energética, contrario a lo que argumenta la clase política, no representará beneficios a los que menos tienen, sino a un muy reducido grupo de empresas multinacionales y a voraces inversionistas mexicanos que –como hace 100 años en el porfiriato– saquearán al país llevándose sus ganancias al extranjero, explotando la fuerza de trabajo de millones de mexicanos y acrecentando la cada vez más abismal desigualdad social.
Únicamente a través de la onerosa manipulación de los medios, que ayuda a trocar las mentiras en supuestas verdades, es como los gobiernos entreguistas, neoliberales y totalitarios sobreviven avasallando su propia historia pues, como sucede en México, les permite ignorar capítulos completos registrados por décadas en los libros de texto gratuito donde se plasmaron sucesos gloriosos de nuestro pasado, como la guerra de Independencia, la Revolución, la Expropiación Petrolera de 1938 y la Nacionalización de la Industria Eléctrica en 1960, por citar algunos ejemplos.
Sólo así, apuntalada con la fábrica de engaños, puede seguir operando una clase política disfuncional a los intereses de las mayorías, integrada por personajes que han perdido todo sentido de la realidad social, viviendo en un estatus de bienestar y riqueza, ajeno en todos los sentidos al mundo real de carencias, hambre y desesperación que enfrentan millones de habitantes y sus familias.
Porque ¿cómo entender que un funcionario como el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, salga a decir al país que los trabajadores deberán “adecuarse” a los cambios laborales que les impondrá la reforma energética “redimensionando”, como en el caso del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana o el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sus plantillas de agremiados? ¿Acaso no dice el gobierno en sus spots que con la mentada contrarreformaenergética habrá más empleos? ¿Cómo pretender ignorar la lucha de organizaciones independientes como el Sindicato Mexicano de Electricistas, desechando incluso la mesa de negociaciones con la Secretaría de Gobernación, al dar como solución a un conflicto social el Servicio Nacional de Empleo?
Los mexicanos tampoco se explican el nivel de incongruencia al que ha llegado la clase política neoliberal –que ni por descuido se cita en la avalancha publicitaria de los buenos propósitos gubernamentales–, cuando el hombre que debiera velar por la defensa de los derechos de millones de trabajadores les pide que se vayan preparando para ser despedidos, pero en contraparte, y en su millonaria zona de confort, al ser asaltado en un refinado centro comercial de la Colonia Polanco exhiba en la muñeca un reloj valuado en la módica suma de 300 mil pesos.
¿Tienen los funcionarios de la presente administración la capacidad de entender la condición de hambre que enfrentan 60 millones de personas en este país? ¿Bajo qué criterios avalan y defienden el incremento del 3.9 por ciento a los salarios mínimos –2 pesos 46 centavos–, atreviéndose además a situarlo como tope salarial en las revisiones contractuales?
Es indudable que los miembros de la clase política gobernante hace mucho que dejaron de ver la realidad del país que dicen dirigir, porque carecen, ya no digamos de sentido común, sino de criterio propio para orientar las políticas públicas con base en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su papel se ha reducido al de marionetas de los centros globales de poder, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que con base en los intereses de las trasnacionales han fijado el contenido inequitativo de convenios como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmados por el gobierno mexicano.
Valga citar como ejemplo lo que la organización británica Oxfam expuso en reciente fecha en su informe titulado El secuestro de la democracia en beneficio de las elites económicas.
Días antes de su participación en el Foro de Davos, Suiza, dejó en claro que son las elites acomodadas las que han cooptado el poder político, tanto en las naciones pobres como en las desarrolladas, definiendo a su favor las reglas del juego económico.
En su análisis denunció que hoy en día las 85 personas más ricas del mundo tienen fortunas equivalentes a todas las posesiones de la mitad de la población más pobre del orbe.
Podríamos agregar al respecto que de esos 85 archimillonarios del planeta 56 son mexicanos. Y son esos personajes los que vienen aplaudiendo las reformas estructurales que en nada les afectan, pues saben a la perfección que están dirigidas a transferir el acrecentamiento de sus fortunas en la pulverización de las clases medias y la pauperización de las clases bajas.
La clase política está a sus enteras órdenes, y lejos de aplicarles a pie juntillas la reforma fiscal con el cobro exacto del 30 por ciento de impuesto sobre la renta, por ejemplo, apenas –y en el mayor de sus atrevimientos– les cobra un 12.5 por ciento, como sucede con el Grupo México, y concediendo un marcado “respeto” a Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, su Grupo Carso apenas es rasguñado con un 3.53 por ciento.
Por supuesto que tratándose de las clases medias, pequeños, medianos comerciantes y empresarios no se admiten privilegios en el cobro del impuesto sobre la renta, como tampoco en la feroz aplicación de la reforma laboral y el aumento de risa a los salarios mínimos, en detrimento de millones de trabajadores mexicanos.
Es así que los sindicatos independientes y diversas organizaciones sociales venimos trabajando en la construcción de referentes que permitan a la clase trabajadora y al pueblo en general organizarse de manera independiente a esta entreguista clase política y sus partidos, en la auténtica defensa de sus derechos e intereses.
Será únicamente con el surgimiento de instrumentos de lucha como la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores y la fundación de la Nueva Central de Trabajadores, a celebrarse los días 22 y 23 de febrero próximos, como millones de mexicanos tendrán en sus manos el poder de hacer frente a los atropellos de un gobierno neoliberal y represor que ahora busca imponer en todo el país un nuevo hiperpresidencialismo, como el que ejerció Porfirio Díaz hace 1 siglo.
Hay la certeza de que ni con todo el despliegue publicitario se podrá evitar que el pueblo despierte y actúe por cuenta propia, cansado de los atropellos a sus derechos humanos, laborales y ahora con la intención de arrebatarle su patrimonio energético.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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