Arturo Alcalde Justiniani | Opinión-La Jornada
El sindicalismo mexicano auténtico, ese que hace asambleas, elige a sus dirigentes por la vía democrática y rinde cuentas a sus miembros, está en peligro de extinción. Son múltiples los obstáculos que en la práctica lo van ahogando día a día. Es imposible que exista un nuevo gremio democrático; la consigna gubernamental es complacer al empresariado a toda costa. La intención evidente es que sólo subsistan las estructuras formales de escaparate que no representan los intereses de sus afiliados, que operan como un simple negocio en favor de los líderes que entienden su misión como órganos de control.
Basta ver la lamentable condición de las viejas centrales obreras. Nadie sabe dónde están sus líderes, sólo despiertan cuando son invitados a una ceremonia oficial o cuando son llamados por los empresarios para avalar con su firma un contrato colectivo de trabajo de protección patronal. Su voz no existe. Su desprestigio ante la sociedad es absoluto y el problema es que en esa imagen negativa se involucra a las pocas organizaciones legítimas que aún subsisten, ésas que son tan importantes para defender el valor del trabajo, para generar diálogo social y productivo y lograr equidad y justicia en las relaciones laborales.
A pesar de los obstáculos a la organización gremial libre, siguen dándose luchas heroicas de trabajadores que confían todavía en que las instituciones cumplan con la ley. Entre ellas destaca la de los trabajadores de la automotriz Honda en El Salto, Jalisco.
La esperanza de los trabajadores de Honda por contar con una organización democrática se ha convertido en un auténtico viacrucis, a pesar de padecer tres años de represión constante coordinada entre empresa y autoridades, no se han doblegado. El inicio del conflicto data de 2010, cuando advierten que la empresa, sin consultarlos, suscribió un contrato colectivo con un sindicato cetemista. Como respuesta, constituyen su propio gremio y atendiendo a la ley, solicitan el registro sindical. Fue su primera batalla en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Como es ya costumbre, la trasnacional despidió al comité ejecutivo democrático, la solicitud de registro fue negada y sólo se obtuvo un año después por orden del Poder Judicial Federal.
La segunda batalla se inició cuando los trabajadores, con el registro en una mano y la ley en la otra, exigieron un recuento o consulta para decidir cuál sindicato los representaría, el cetemista impuesto por la empresa o el democrático organizado por los trabajadores. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), brazo ejecutor de la STPS, llevó a cabo una serie de maniobras tendientes a neutralizar la exigencia obrera. En 2011 desecharon la demanda de recuento y archivaron el expediente con el absurdo argumento de que ya no existía el contrato colectivo, cuya representación demandaban; la empresa lo había dado por terminado y al mismo tiempo había firmado otro con la misma organización cetemista, pero con una denominación distinta; un juego tortuoso y perverso. Una maniobra de esta dimensión, en otro país, hubiera generado un escándalo y se habrían fincado responsabilidades a los funcionarios que lo llevaron a cabo. En el nuestro, no pasa nada, porque la violación al estado de derecho está entendida como normal.
Una nueva batalla se generó cuando los trabajadores decidieron reiniciar su reclamo planteando otra vez su demanda contra la trasnacional automotriz y del sindicato patronal. Avanzado el juicio, aparecieron nuevas argucias: con apoyo de la autoridad laboral, el gremio espurio cambió dos veces de nombre y otras tantas de domicilio; apoyado en ello, la junta laboral cancelaba el camino andado. Para colmo, incurría en equivocaciones en cada acuerdo, en cada notificación. Al no ver resultados, a pesar de estas tácticas dilatorias, la empresa decide promover el encarcelamiento del dirigente democrático con base en una acusación falsa; gracias a la presión internacional y de diversas organizaciones nacionales fue liberado.
La voluntad de los trabajadores no fue sometida y continuaron reclamando su derecho a ser consultados sobre un tema aparentemente elemental, su preferencia gremial. Al ver que su presión fracasaba, la empresa y las autoridades deciden irse a fondo y promueven la cancelación del registro del sindicato democrático en un juicio paralelo desahogado en unos cuantos días. Como era de esperarse, la junta laboral autorizó de inmediato dicha cancelación; sin él, no podrían los trabajadores con su reclamo. La maniobra fue neutralizada por un nuevo amparo mediante el cual el Poder Judicial Federal ordenó a la junta dejar sin efecto tan absurda decisión. A pesar de la protección constitucional, la autoridad del trabajo volvió a ordenar la desaparición del registro del sindicato; no se daba por vencido. Por segunda ocasión, el pasado 24 de enero, el décimo tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, vuelve a proteger a los trabajadores con un amparo y ordena a la junta someter su conducta a la ley. Esta semana, los trabajadores esperan saber si por fin, después de tres largos años de absurdo legal, se convocará a la consulta a que tienen derecho.
Al informar a los trabajadores del resultado del amparo, dos dirigentes del sindicato democrático fueron nuevamente privados de su libertad por el delito de dar a conocer mediante volantes el amparo reciente.
La lucha de los trabajadores de Honda es un reflejo de lo que prevalece en el ámbito laboral, tanto a escala federal como local; no existe libertad para que los trabajadores elijan la organización que los represente y cuando lo hacen se enfrentan a toda una estructura de opresión. En los casos excepcionales donde se ha logrado que subsista un sindicato real, éste se enfrenta a un acoso constante, porque para los empresarios y el gobierno constituye un mal ejemplo, en un escenario de imposición generalizada del modelo laboral y sindical que es motivo de vergüenza internacional.
Fuente: La Jornada
Fuente: La Jornada
