29 enero 2014 | Georgina Saldierna y Enrique Méndez | La Jornada en Línea
México, DF. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano “entregar toda la información que considere relevante” sobre el dictamen con el que las Comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, y lo emplazó a responder a más tardar para el próximo sábado 1 de febrero.
En un oficio, la Secretaría de Gobernación comunicó a la Cámara de Diputados que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH hizo llegar una comunicación a la representación permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En ese tenor, el subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero, señaló que los órganos de gobierno de las dos Cámaras del Congreso de la Unión entreguen en breve “la información que estimen oportuna de dicho dictamen”, el cual prohíbe a los ciudadanos u organizaciones “presionar” a cualquier autoridad, la realización de cualquier manifestación no autorizada, así como limitar las movilizaciones a un horario y en vías no primarias.
El funcionario informó que la CIDH otorgó al Estado mexicano un plazo de 15 días contados a partir del 16 de enero para ofrecer la respuesta oficial, la cual deberá presentar antes del 1 de febrero.
El 10 de diciembre, con el respaldo del PRI y PVEM, Acción Nacional logró que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal aprobaran sin discusión la iniciativa del panista Jorge Sotomayor, a quien el PRD señala como integrante del Yunque y del Opus Dei.
Sin embargo, el dictamen fue recibido por la mesa directiva de la Cámara y no se puso a discusión del pleno, por lo que forma parte de los 30 dictámenes que se discutirían en la primera semana de próximo periodo de sesiones.
Sin embargo, el diputado Roberto López Suárez, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que “el dictamen no ha sido promovido por el PRI, porque la CIDH ya inició la investigación y las críticas al gobierno de Peña Nieto podrían frenar que se aprobara en el pleno”.
Refirió que en diciembre Amnistía Internacional presentó un recurso ante la CIDH, porque el proyecto del PAN y avalado por el PRI y el PVEM, es violatorio de los derechos humanos y trata de justificar una represión abierta, a quien por causas de disidencia política u opinión distinta al Estado pueden amenazados y coartados en los libertades de manifestación y de expresión.
Fuente: La Jornada en Línea
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