Cercano a Enrique Peña Nieto desde sus tiempos en el Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes ha sido uno de sus “apagafuegos”. Empezó con el caso de la menor Paulette Gebara Farah y siguió con otros más cuando estuvo al frente de la procuraduría mexiquense, inmerso siempre en el escándalo. Ese estigma no lo abandona, tal como se ve ahora que fue nombrado comisionado en Michoacán para meter orden en esa exaltada entidad.
MÉXICO, DF (Apro).- "Tú debes buscar a una niña muerta, no a una niña desaparecida", le advirtió Luis Cárdenas Palomino —segundo hombre fuerte de Genaro García Luna en el sexenio calderonista— a su amigo Alfredo Castillo Cervantes en marzo de 2010.
En esa época Castillo Cervantes era subprocurador regional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y responsable de la investigación de la niña Paulette Gebara Farah, desaparecida entre el 21 y 22 de ese mes en Huixquilucan.
Hoy Castillo es comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. En privado admite que la recomendación de Cárdenas Palomino fue determinante para la solución de aquel caso, uno de los más escandalosos en los tiempos de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
Y así fue. Castillo "salvó" de la peor crisis mediática al gobierno peñanietista, pese a que muchos consideraron fantasiosa y poco creíble la versión de que la menor murió accidentalmente en su propia cama. Decenas de agentes, reporteros y familiares estuvieron en el mismo cuarto donde después apareció el cuerpo de Paulette, en el llamado "colchón asesino".
Castillo le dio carpetazo al asunto. Semanas después, en mayo de 2010, sustituyó a su amigo Alberto Bazbaz Sacal como titular de la Procuraduría mexiquense; éste había lanzado en cadena nacional de televisión la versión de que no había duda de que "se trató de un homicidio".
METEÓRICA CARRERA
En menos de un lustro, el joven licenciado en derecho por la UAM y licenciado en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Iberoamericana ha tenido una meteórica carrera: fue procurador mexiquense hasta el primer año de la administración de Eruviel Ávila, con quien tuvo roces constantes por su "protagonismo mediático"; responsable del área de Justicia en el equipo de transición de Peña Nieto.
El 1 de diciembre de 2012 asumió como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la PGR, con línea directa con el Primer Mandatario; en mayo de 2013 sustituyó a Humberto Benítez Treviño como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tras el escándalo conocido como "Lady Profeco" y el pasado miércoles 15 un decreto presidencial lo convirtió en el "hombre fuerte" de Peña Nieto en Michoacán.
Como operador personal de Peña Nieto y "apagafuegos" de crisis con alto impacto mediático, Castillo Cervantes jugó un papel clave en la investigación y el expediente de la explosión de la Torre B2 de Pemex el 31 de enero de 2013, y en detallar las operaciones ilícitas que condujeron a la detención de la profesora Elba Esther Gordillo, ex aliada de Peña Nieto, en febrero del mismo año. El elbazo es considerado el "golpe espectacular" más importante de la administración peñanietista.
‘IGUAL DE MALA’
Con estos antecedentes, Castillo Cervantes sustituyó a Humberto Benítez Treviño en la Profeco, luego del escándalo de su hija Andrea Benítez, quien mandó a cerrar un restaurante de la colonia Roma en el Distrito Federal porque, dijo, no fue atendida a su gusto.
El escándalo #LadyProfeco —el hashtag de Twitter duró 20 días—, como antes el de Paulette, afectó mediáticamente a Peña Nieto y provocó una disminución en los índices de popularidad del mexiquense. En ambos estuvo Castillo Cervantes para revertir los escándalos.
Pocos recuerdan que su ascenso a la Procuraduría mexiquense se dio el 25 de mayo de 2010, al día siguiente de que María de las Heras, de la empresa Demotecnia, publicó una encuesta en el diario español El País, donde consignó una fuerte caída en la popularidad de Peña Nieto por el caso Paulette.
A la pregunta de "¿Después de ver cómo manejó la Procuraduría estatal el asunto de la niña Paulette, su opinión sobre el gobernador Enrique Peña Nieto es mejor o peor?", 45% contestó que peor y 12% "igual de mala".
Las encuestas internas elaboradas por Ipsos Public Affaire y Buendía & Laredo para el Gobierno mexiquense consignaron también una fuerte afectación en la percepción pública sobre el trabajo de Peña Nieto y peor para su procurador Bazbaz.
En contraste, la detención de Elba Esther Gordillo, operada en absoluta confidencialidad por Castillo Cervantes, le otorgó a Peña Nieto los más altos índices de aceptación en el arranque de su gobierno federal.
¿COMISIONADO O VIRREY?
Como en las crisis anteriores, la decisión de emprender un operativo militar y de seguridad en Michoacán se tomó en el gobierno de Peña Nieto tras una fuerte presión externa, diplomática y mediática.
El jueves 9 el Departamento de Estado norteamericano emitió una alerta para que sus ciudadanos evitaran viajar a Michoacán y Guerrero porque grupos de autodefensas operan independientemente del gobierno en muchos casos. "Aunque no son considerados hostiles a extranjeros o turistas, desconfían de extraños y deben ser considerados volátiles o impredecibles", aconsejó.
En paralelo, las notas de los principales periódicos y medios anglosajones como The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, Boston Journal, así como las cadenas televisivas BBC y CNN destacaron la lamentable situación de inseguridad y la confusión de la estrategia gubernamental frente a los grupos de autodefensa.
Ante esta situación, el miércoles 15 Peña Nieto emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación para crear la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán con atribuciones que rebasan las de otras figuras similares, como la Comisión para la Concordia y Pacificación en Chiapas, creada en enero de 1994 por Carlos Salinas de Gortari, a raíz de la irrupción del EZLN.
LAS FUNCIONES
El titular de esa comisión, Alfredo Castillo Cervantes, tendrá entre sus funciones las siguientes:
–Coordinar a las autoridades federales "para el restablecimiento del orden y la seguridad" en Michoacán y "su desarrollo integral" que abarque "todos los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública".
–"Formular y ejecutar políticas, programas y acciones orientados a la prevención del delito, fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social."
–Promover la coordinación de las autoridades locales y municipales de Michoacán con las federales.
–Establecer mecanismos de coordinación entre el Procurador general de la república y el procurador de Michoacán.
–"Disponer, ordenar y coordinar" las acciones de apoyo y auxilio social de la fuerza pública federal.
–"Solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas, en términos de disposiciones aplicables, a fin de dar cumplimiento al decreto."
–"Solicitar a la Secretaría de Gobernación la remoción o designación de servidores públicos federales" en Michoacán.
Frente a estas atribuciones, el senador Luis Sánchez, vicecoordinador de la bancada del PRD y ex líder de su partido en el Estado de México, advierte: "Es una forma de decretar la desaparición de poderes en Michoacán".
—¿Es una violación a la ley? —se le pregunta.
"Es una forma sutil de saltar las leyes. En la práctica y en la realidad, Peña Nieto está nombrando un virrey".
Conocedor de las maneras y estilos de gobernar de los priístas en el Estado de México, el vicecoordinador compara esta decisión con lo ocurrido en 2009, cuando el tricolor recuperó el llamado "corredor azul-amarillo" en los municipios conurbados de la entidad con el Distrito Federal que antes gobernaban el PAN y el PRD: Ecatepec, Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Ciudad Neza, Chimalhuacán y Huixquilucan, entre otros.
"Peña nombró directamente o a través del secretario general de Gobierno (Luis Enrique Miranda Nava) o del titular de la Agencia de Seguridad Estatal (David Garay Maldonado) a los jefes de las policías municipales, a los delegados del Ministerio Público y en varios casos hasta los tesoreros. Era el control total", abunda Sánchez.
Proceso solicitó una entrevista con el nuevo comisionado de Michoacán para abundar sobre sus atribuciones, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Fuente: Proceso
Con el nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la seguridad en Michoacán Enrique Peña Nieto violó la Constitución y el sistema federal mexicano, y si nadie lo obliga a desandar sus pasos corremos el riesgo de entrar a una dictadura, sostiene el constitucionalista Elisur Arteaga.
Y enlista los artículos que, dice, fueron conculcados: 115, 116, 124 y el 89. “El 115 y el 116, en cuanto a la autonomía estatal se refiere; el 124, porque viola el sistema federal mexicano, y el 89 porque el presidente se excede en las facultades que la Constitución le otorga para ejercer el poder”.
El senador panista Juan Carlos Romero Hicks también criticó al mandatario por asumir “mecanismos metaconstitucionales” y aclaró que el “comisionado” Cervantes Castillo no tiene atribuciones sobre las autoridades municipales o estatales en Michoacán.
El martes 14, 10 días después de que las autodefensas se instalaron en Parácuaro, en la zona de Tierra Caliente, y de que sus integrantes desarmaron a los policías municipales y un grupo de “antiautodefensas” bloqueó carreteras y quemó vehículos, Peña Nieto determinó “por decreto” la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral y al día siguiente nombró a Castillo Cervantes titular del organismo.
Con excepción de Romero Hicks, ningún dirigente de partido, funcionario, gobernador o legislador federal cuestionó la decisión de Peña Nieto. El maestro Elisur Arteaga, de la Universidad Autónoma Metropolitana, insiste en “el exceso” del presidente y alerta sobre sus posibles consecuencias. Y aclara: el nombramiento de Castillo Cervantes “no es una acción metajurídica, es violatoria de la Constitución”.
Es curioso, dice, que Peña Nieto haya evocado el artículo 89, fracción I de la Constitución, relativo a las facultades y obligaciones del presidente para “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia” con el propósito de justificar el nombramiento.
El citado párrafo no tiene nada que ver con lo realizado por Peña Nieto, reitera el constitucionalista, pues es un decreto presidencial de reciente creación y no es respuesta a una ley expedida por el Congreso o producto de una petición suya.
“Hay que detener a Peña Nieto”
Si se le permite a Peña Nieto abusar de sus funciones como presidente y sigue violando la Constitución, dice Arteaga, en cualquier momento dirá: “La situación lo exige y voy a violentar la Constitución y ahora voy a quitar a tal gobernador, voy a hacerlo en otro estado; voy a hacerlo en lugar del Congreso”.
Si eso sucede, Peña Nieto se estaría convirtiendo en un dictador, en alguien que actúa al margen de la Constitución. “Esto es malo para el país, para el estado de derecho y para todos los ciudadanos”, reitera.
–Si no da marcha atrás Peña Nieto, ¿quién tendría que hacerlo?
–El Congreso de la Unión, una vez que inicie su periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero. El Congreso tiene que tomar las medidas correspondientes para revocar lo actuado ilegalmente y para fincar responsabilidades. Bueno, esto es en teoría; en la práctica, sabemos que el presidente cuenta con el Congreso de la Unión.
Según el entrevistado, el nombramiento del comisionado es violatorio de la Constitución porque asume “las funciones que corresponden al gobernador (de Michoacán, Fausto Vallejo) y a los poderes del estado. Por otra parte, el presidente de la República no puede violar lo que se conoce como la autonomía de la entidad y es una flagrante violación de la Constitución”.
Se le recuerda que el miércoles 15 –11 días después de la toma de Parácuaro por las autodefensas, en el punto más candente de la crisis estatal– la Comisión Permanente avaló un punto de acuerdo para pedir información sobre el enfrentamiento entre militares y civiles ocurrido la noche del lunes 13 y permitir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigara.
La Permanente se rige por el artículo 78, responde, pero éste no le confiere ninguna atribución o facultad. “La Comisión Permanente se excedió en solicitar información. Lo que sí pudo haber hecho es convocar al Congreso de la Unión dada la gravedad de la situación e informarle de las circunstancias. Era el Congreso el que podía haber asumido la idea de exigir aclaraciones al presidente de la República.
“En función del informe que le dieran el Ejecutivo federal y los secretarios al Congreso de la Unión, añade Arteaga, pudo haber tomado las medidas o apuntar las soluciones que le corresponden como Congreso.”
Sin embargo, una vez nombrado el comisionado “inconstitucionalmente”, lo que puede hacerse si Peña Nieto se niega a dar marcha atrás y aceptar que violó la Carta Magna es revertir su decreto mediante un juicio de amparo promovido por un particular afectado por las medidas; el Congreso michoacano también puede promover una controversia constitucional, dice Arteaga.
Servando Gómez, La Tuta, uno de los líderes de Los Caballeros Templarios, por ejemplo, podría interponer un amparo por los actos del comisionado. “Cualquier ciudadano que sienta que sus garantías son violadas puede hacerlo porque hay autoridades ilegítimas que le imponen un mandato no previsto en la Constitución”.
Congreso ausente
Aunque el Congreso de la Unión puede frenar las “actitudes dictatoriales de Peña Nieto” –si promueve un juicio político para nulificar la violación a la ley–, es difícil que lo haga, pues desde que salieron a la luz las autodefensas o desde que se intensificaron los enfrentamientos en Michoacán no ha intervenido ni se ha pronunciado, con excepción del miércoles 15, cuando se limitó a “pedir información” sobre los problemas en esa entidad.
El punto de acuerdo, abordado por vez primera en la Comisión Permanente, lo presentó el PRD a través del diputado José Luis Esquivel Zalpa, quien pedía que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informara sobre su presunta participación en la muerte de dos autodefensas y porque sus tropas hirieron a una niña de 11 años cuando intentaron desarmar a los grupos en Nueva Italia.
Sin embargo, el PRI matizó “el exhorto” para que se pidieran datos “al gobierno federal” y no se tocara a la Sedena. El senador del PRI Alejandro Tello Cristerna propuso el cambio, pues, dijo, sólo de esta manera el punto de acuerdo sería respaldado por su partido. El tema fue aprobado.
Ese miércoles 15 los priistas operaron para bloquear la petición de Movimiento Ciudadano, cuyos legisladores proponían la creación de una comisión plural, “como la formada por el Congreso de la Unión en 1994 para el caso Chiapas –que dio vida a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa)– para coadyuvar en la solución del conflicto: ir a la entidad y hablar con todos los involucrados y no quedarnos sólo con la versión unilateral del gobierno federal”, detalló el diputado de MC Ricardo Mejía Berdeja.
“Los priistas me dijeron que crear una comisión plural sólo metería más ruido al tema y bloquearon (la propuesta)”, comentó Mejía.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
Metaconstitucional, el nombramiento
19 enero 2014 | Jesusa Cervantes ProcesoCon el nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la seguridad en Michoacán Enrique Peña Nieto violó la Constitución y el sistema federal mexicano, y si nadie lo obliga a desandar sus pasos corremos el riesgo de entrar a una dictadura, sostiene el constitucionalista Elisur Arteaga.
Y enlista los artículos que, dice, fueron conculcados: 115, 116, 124 y el 89. “El 115 y el 116, en cuanto a la autonomía estatal se refiere; el 124, porque viola el sistema federal mexicano, y el 89 porque el presidente se excede en las facultades que la Constitución le otorga para ejercer el poder”.
El senador panista Juan Carlos Romero Hicks también criticó al mandatario por asumir “mecanismos metaconstitucionales” y aclaró que el “comisionado” Cervantes Castillo no tiene atribuciones sobre las autoridades municipales o estatales en Michoacán.
El martes 14, 10 días después de que las autodefensas se instalaron en Parácuaro, en la zona de Tierra Caliente, y de que sus integrantes desarmaron a los policías municipales y un grupo de “antiautodefensas” bloqueó carreteras y quemó vehículos, Peña Nieto determinó “por decreto” la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral y al día siguiente nombró a Castillo Cervantes titular del organismo.
Con excepción de Romero Hicks, ningún dirigente de partido, funcionario, gobernador o legislador federal cuestionó la decisión de Peña Nieto. El maestro Elisur Arteaga, de la Universidad Autónoma Metropolitana, insiste en “el exceso” del presidente y alerta sobre sus posibles consecuencias. Y aclara: el nombramiento de Castillo Cervantes “no es una acción metajurídica, es violatoria de la Constitución”.
Es curioso, dice, que Peña Nieto haya evocado el artículo 89, fracción I de la Constitución, relativo a las facultades y obligaciones del presidente para “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia” con el propósito de justificar el nombramiento.
El citado párrafo no tiene nada que ver con lo realizado por Peña Nieto, reitera el constitucionalista, pues es un decreto presidencial de reciente creación y no es respuesta a una ley expedida por el Congreso o producto de una petición suya.
“Hay que detener a Peña Nieto”
Si se le permite a Peña Nieto abusar de sus funciones como presidente y sigue violando la Constitución, dice Arteaga, en cualquier momento dirá: “La situación lo exige y voy a violentar la Constitución y ahora voy a quitar a tal gobernador, voy a hacerlo en otro estado; voy a hacerlo en lugar del Congreso”.
Si eso sucede, Peña Nieto se estaría convirtiendo en un dictador, en alguien que actúa al margen de la Constitución. “Esto es malo para el país, para el estado de derecho y para todos los ciudadanos”, reitera.
–Si no da marcha atrás Peña Nieto, ¿quién tendría que hacerlo?
–El Congreso de la Unión, una vez que inicie su periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero. El Congreso tiene que tomar las medidas correspondientes para revocar lo actuado ilegalmente y para fincar responsabilidades. Bueno, esto es en teoría; en la práctica, sabemos que el presidente cuenta con el Congreso de la Unión.
Según el entrevistado, el nombramiento del comisionado es violatorio de la Constitución porque asume “las funciones que corresponden al gobernador (de Michoacán, Fausto Vallejo) y a los poderes del estado. Por otra parte, el presidente de la República no puede violar lo que se conoce como la autonomía de la entidad y es una flagrante violación de la Constitución”.
Se le recuerda que el miércoles 15 –11 días después de la toma de Parácuaro por las autodefensas, en el punto más candente de la crisis estatal– la Comisión Permanente avaló un punto de acuerdo para pedir información sobre el enfrentamiento entre militares y civiles ocurrido la noche del lunes 13 y permitir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigara.
La Permanente se rige por el artículo 78, responde, pero éste no le confiere ninguna atribución o facultad. “La Comisión Permanente se excedió en solicitar información. Lo que sí pudo haber hecho es convocar al Congreso de la Unión dada la gravedad de la situación e informarle de las circunstancias. Era el Congreso el que podía haber asumido la idea de exigir aclaraciones al presidente de la República.
“En función del informe que le dieran el Ejecutivo federal y los secretarios al Congreso de la Unión, añade Arteaga, pudo haber tomado las medidas o apuntar las soluciones que le corresponden como Congreso.”
Sin embargo, una vez nombrado el comisionado “inconstitucionalmente”, lo que puede hacerse si Peña Nieto se niega a dar marcha atrás y aceptar que violó la Carta Magna es revertir su decreto mediante un juicio de amparo promovido por un particular afectado por las medidas; el Congreso michoacano también puede promover una controversia constitucional, dice Arteaga.
Servando Gómez, La Tuta, uno de los líderes de Los Caballeros Templarios, por ejemplo, podría interponer un amparo por los actos del comisionado. “Cualquier ciudadano que sienta que sus garantías son violadas puede hacerlo porque hay autoridades ilegítimas que le imponen un mandato no previsto en la Constitución”.
Congreso ausente
Aunque el Congreso de la Unión puede frenar las “actitudes dictatoriales de Peña Nieto” –si promueve un juicio político para nulificar la violación a la ley–, es difícil que lo haga, pues desde que salieron a la luz las autodefensas o desde que se intensificaron los enfrentamientos en Michoacán no ha intervenido ni se ha pronunciado, con excepción del miércoles 15, cuando se limitó a “pedir información” sobre los problemas en esa entidad.
El punto de acuerdo, abordado por vez primera en la Comisión Permanente, lo presentó el PRD a través del diputado José Luis Esquivel Zalpa, quien pedía que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informara sobre su presunta participación en la muerte de dos autodefensas y porque sus tropas hirieron a una niña de 11 años cuando intentaron desarmar a los grupos en Nueva Italia.
Sin embargo, el PRI matizó “el exhorto” para que se pidieran datos “al gobierno federal” y no se tocara a la Sedena. El senador del PRI Alejandro Tello Cristerna propuso el cambio, pues, dijo, sólo de esta manera el punto de acuerdo sería respaldado por su partido. El tema fue aprobado.
Ese miércoles 15 los priistas operaron para bloquear la petición de Movimiento Ciudadano, cuyos legisladores proponían la creación de una comisión plural, “como la formada por el Congreso de la Unión en 1994 para el caso Chiapas –que dio vida a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa)– para coadyuvar en la solución del conflicto: ir a la entidad y hablar con todos los involucrados y no quedarnos sólo con la versión unilateral del gobierno federal”, detalló el diputado de MC Ricardo Mejía Berdeja.
“Los priistas me dijeron que crear una comisión plural sólo metería más ruido al tema y bloquearon (la propuesta)”, comentó Mejía.
Fuente: Proceso
