La comunidad indígena nahua de Zacualpan, municipio de Comala, rechaza la extracción de oro, plata, manganeso y cobre de un proyecto minero que no cuenta con manifiesto de impacto ambiental.
“Para nuestro pueblo indígena, la tierra no es meramente un objeto de posesión y producción.
La relación integral de la vida espiritual de nuestro pueblo con nuestras tierras, tiene muchas implicaciones profundas. Además, nuestra tierra y nuestra agua no son mercadería que pueda apropiarse, sino un bien común del que debemos gozar nosotros y nuestros hijos libremente”
Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan
Zacualpan, Colima. Durante las últimas semanas, el poblado de Zacualpan, en el municipio de Comala, se ha unido a las cada vez más comunidades indígenas y campesinas que enfrentan conflictos por la extracción minera. Esta comunidad indígena nahua hace pocos meses empezó a escuchar sobre la intención de construir una mina -impulsada por Rigoberto Verduzco Rodríguez- de la cual se extraería oro, plata, cobre y manganeso, sin contar con un manifiesto de impacto ambiental, ni ningún trámite o permiso en la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Colima.
La mina se pretende construir a un kilómetro del manantial de agua que abastece a la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, lo que implicaría la contaminación del ojo de agua, en la zona conocida como Cerro Gordo, que es importante desde el punto de vista biológico y geológico y en donde hay una gran cantidad de especies en peligro de extinción. Esto se traduciría en poner en peligro el suministro de agua de 260 mil personas en el estado.
El caso de Zacualpan es uno de los primeros conflictos que se están dando a conocer en esta entidad, pero no será el único, pues sólo para Colima existen 360 concesiones mineras que abarcan prácticamente todo el territorio, con excepción de los volcanes. Aunque también ya hay un caso que expone todas las implicaciones negativas de estos proyectos extractivistas: la minera Peña Colorada. Esta mina, administrada por un empresa italo-argentina-hindú, opera desde hace 44 años en la frontera entre Colima y Jalisco y ha generado severos daños ambientales y el despojo del territorio y la violación de los derechos humanos de las comunidades nahuas. La mina Peña Colorada significa también amenazas, asesinatos y desparecidos, como el caso del indígena nahua Celedonio Monroy Prudencio, miembro del Consejo de Mayores de Ayotitlan.
Territorio libre de minería
Esta comunidad indígena ha buscado información sobre las implicaciones que traería a su territorio el permitir que exista la explotación minera, pues los promotores de los proyectos no hacen mención de las afectaciones ambientales y de salud que padecen las poblaciones que ya cuentan con minas ni de las ganancias totales que las empresas mineras se llevan y lo que dejan a las comunidades. En este caso ni los delegados de la Profepa ni de la Secretaría de Fomento Económico del gobierno de Colima, han otorgado información sobre la mina.
Para la extracción y procesamiento del oro se aplica “cianuro”, una de las sustancias más tóxicas y letales del planeta, en un proceso que se conoce como “cianuración del oro”. El mineral en donde se encuentra el oro es triturado. Posteriormente, se utiliza agua y se aplica el cianuro para extraer y recuperar el metal. El agua utilizada debe ser tratada bajo medidas extremas de seguridad y el proceso no debe llevarse a cabo cerca de zonas como ríos, lagos, lagunas, manantiales o acueductos, pues una filtración con agua contaminada acarrea necesariamente efectos devastadores, debido a que el cianuro filtrado en el agua, aún en dosis muy pequeñas, mata a toda aquella persona o animal que por alguna razón lo ingiera. Inclusive con medidas de seguridad adecuadas, el cianuro residual atrapado en las minas de oro provoca también fugas persistentes en las aguas del subsuelo que nutren los mantos freáticos, por lo que la explotación del oro se ha convertido en uno de los procesos más cuestionados y peligrosos del mundo.
El 18 de noviembre de 2013, en una asamblea general de comuneros y avecindados, con presencia de más de 300 habitantes, la comunidad indígena nahua declaró su rechazó a dar el permiso a la extracción de oro, plata y cobre del proyecto minero. La comunidad ha exigido también que se respete su decisión sin represalias, presiones, divisiones, chantajes, amenazas o corrupción.
El Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y Bios Iguana A.C./REMA-Colima entregó el 4 de diciembre a la Procuraduría Agraria, Delegación Colima, el acuerdo del 1 de diciembre derivado de la Asamblea de Comuneros y Habitantes de la Comunidad Indígena de Zacualpan donde reafirmaron lo expuesto el 18 de noviembre. En dicho documento exponen: ”Hemos tomado la decisión de NO A LA MINERIA EN ZACUALPAN en virtud de que se vulneran los siguientes derechos de la comunidad indígena: derecho a la consulta, los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); lo establecido por el artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, al tenor de los Artículos 3, 4 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 2 de la Constitución Mexicana; decimos, que este territorio y sus recursos es por derecho nuestro en virtud de que tradicional y ancestralmente lo hemos ocupado, poseído, utilizado y adquirido.” Mencionan también que “las tierras, la biodiversidad, y el agua de Zacualpan constituyen el patrimonio natural y el sustento de la vida de la comunidad indígena”.
La decisión de declarar este territorio libre de minería ha sido respaldada también por la REMA (Red Mexicana de Afectados por la Minería). Adicionalmente, se ha sumado la voz de la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien a inicios del mes de diciembre hizo un llamado a la población y a los tres niveles de gobierno para no permitir la explotación de la mina de oro en la comunidad de Zacualpan.
El 11 de diciembre el Congreso del Estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para que no expidan ningún permiso, autorización o licencia para la instalación y operación de una mina para la explotación de oro y de cualquier otro metal en la localidad de Zacualpan, municipio de Comala.
El exhorto aprobado también pide que en caso de haberse otorgado permisos, estos se revisen y revoquen “por constituir un grave riesgo para el medio ambiente, así como para la salud y la seguridad de los ciudadanos de este estado”.
De lavador de autos a empresario minero
Rigoberto Verduzco Rodríguez, propietario de “Autobaños Rodríguez”, negocio ubicado en la Avenida Rey de Colimán # 267, ahora es el impulsor de este proyecto minero con la concesión minera 201 mil 872, la cual, según datos de la Secretaría de Economía, desde 1995 aparece bajo el registro de Adolfo Pineda Martínez, un hombre ya fallecido, según la nota de Martín Aquino “Disputan el oro de Comala”.
Los comuneros denunciaron en conferencia de prensa a finales del mes de noviembre que el empresario ha ofrecido 15 mil pesos a cada uno de los 305 propietarios para que acepten el proyecto.
División comunitaria
Entre las consecuencias más graves que estos proyectos traen, no sólo está el daño ambiental o de salud, cuando empieza la explotación de la mina, sino mucho antes: el rompimiento del tejido comunitario. La división que causan en las comunidad frente a los grupos que se crean en contra y a favor es muchas veces poco visibilizada, siendo que las consecuencias conllevan un nivel de inseguridad para los propios habitantes de la comunidades.
Los impulsores de los proyectos muchas veces ofrecen dinero o beneficios a las autoridades de diversos niveles para que ellos también se vuelvan voceros y hasta impulsores del proyecto.
En el caso de Zacualpan, el comisariado de bienes comunales, Carlos Guzmán, a pesar de la negativa que la asamblea de comuneros, ha insistido en mencionar los supuestos beneficios de la aceptación del proyecto. Un ejemplo es la asamblea que pretendía convocar el domingo 1 de diciembre a las 10 de la mañana para que se celebrará una reunión exclusivamente para la “exposición de la nueva propuesta por parte del Ing. Rigoberto Rodríguez acerca del ofrecimiento de mejores regalías y pago personal a cada comunero -en caso de su aceptación- y beneficios para la comunidad de aceptarse la explotación de la mina”. Dicha reunión cual fue cancelada.
Lo expuesto anteriormente son algunas de las razones por la cual los comuneros en asamblea decidieran DESTITUIR a todos los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, junto con todos los integrantes del Consejo de Vigilancia de la comunidad indígena de Zaculpan según lo dispuesto por el artículo 21 de los estatutos de la comunidad indígena de Zacualpan y por no realizar sus funciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Agraria.
Los habitantes de Zacualpan también han denunciado a la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz, quien intenta bloquear las demandas de los comuneros de Zacualpan donde solicitan la renovación del comisariado de bienes comunales “a fin de ganar tiempo para que la empresa minera pueda instalarse”.
Represión
Un día después de que la comunidad se declarara territorio libre de minería, el ejército mexicano se presentó de manera intimidante a la comunidad indígena y más tarde también se presentaron el presidente municipal y el delegado de la CONAFOR para entregar el “premio nacional” a la comunidad por reforestación. También se denunciaron agresiones verbales y físicas por parte de familiares del presidente de bienes comunales.
Asimismo, la organización Bios Iguana ha sufrido difamación por parte de los partidarios de la mina y uno de sus integrantes, Gabriel Martínez Campos, fue detenido durante unos minutos por elementos de la Policía Municipal de Comala, en el jardín de Zacualpan, donde personas de la comunidad evitaron que el ecologista fuera subido a la patrulla municipal. Esto mientras preparaban una proyección en la plaza.
Minería en México
Hablar de minería en México es hablar de historias de dolor, enfermedad, corrupción, represión y muerte. De todas las actividades económicas, la minería es la que causa más efectos negativos en la salud y enfermedades que pueden reducir la esperanza de vida hasta en 15 años, según la Organización Panamericana de la Salud.
El modelo extractivo que se impulsó en nuestro país desde las reformas de 1992 ha traído como consecuencia que en la actualidad más de la tercera parte del territorio nacional se encuentre en poder de las mineras. La industria extractiva minera gira en torno a la lógica y la estrategia del capital financiero, donde para logara el objetivo de mayor ganancia y acumulación de capital, la industria busca disminuir sus costos aumentando la pobreza, mejorando su tecnología, abaratando los costos de materia prima, y externalizando los costos sociales y medioambientales, a decir de Gustavo Castro, integrante de la organización Otros Mundos/ Amigos de la Tierra.
El régimen fiscal en México es altamente permisivo para los emporios mineros. La ley minera vigente sólo indica el cobro de un mínimo porcentaje por hectárea; es una suerte de permiso semestral. Es una cantidad irrisoria. Además, en algunos casos, las mineras pagan a los campesinos por sus tierras una renta de 50 centavos el metro. Sumando eso y otros cobros administrativos, los pagos no superan 1 por ciento del valor de los metales que extraen.
En México las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por hectárea concesionada.
Reforma energética, un punto a favor de la minería
El sector minero puede aprovechar la apertura a la participación de inversionistas privados en la generación de electricidad que propone la reforma energética para poder también gestionar estos proyectos para autogenerar electricidad con el argumento de reducir sus costos fijos. Además también se abre la posibilidad de que puedan explotar el petróleo y gas, asociados a los yacimientos de carbón u otros minerales que formen parte de la concesión que se les haya asignado.
La comunidad indígena nahua de Zacualpan ya decidió sobre su territorio y su futuro: dijo “no a la minería”. Lo que sigue ahora es que se respete su derecho a decir “no”.
Fuente: Desinformémonos.org
Fuente: Desinformémonos.org
