El incremento de demandas laborales contra el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) costó a la institución casi 400 millones de pesos en los últimos seis años
Lunes 12 de agosto de 2013 | JORGE TORRES | El Universal
La pesadilla de Joaquín Darío Corona López comenzó hace seis años, cuando decidió exigir sus derechos laborales. Las autoridades del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) consideraron como una infracción de primer orden el haber participado en marchas y manifestaciones en las que los trabajadores pedían la homologación salarial.
A partir de entonces, Darío se convirtió en el “apestado” de las oficinas de Correos. No importaron los 16 años que llevaba laborando como cartero en la institución. Un buen día, simplemente lo despidieron sin ningún tipo de explicación.
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| LUCHA. Joaquín Darío Corona, cartero con 16 años ininterrumpidos de trabajo y carta laboral limpia, fue despedido del Servicio Postal Mexicano hace seis años y a la fecha cuenta con un laudo a su favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que sea reintegrado a su empleo. (Foto: ALMA RODRÍGUEZ / EL UNIVERSAL ) |
Darío se incorporó a Sepomex el 29 de noviembre de 1991 y fue echado el 7 de diciembre de 2007. Ahora cuenta por qué decidió sumarse a las protestas: “No pedíamos un aumento salarial, sólo pedíamos que nos homologaran con el salario más bajo de la burocracia, era todo lo que pedíamos, no pedíamos más”.
El caso de este cartero de 52 años no es aislado. Sepomex mantuvo durante los últimos 12 años una política de despidos que provocó un incremento en las demandas laborales, aunada a una estrategia jurídica orientada a impedir el cumplimiento expedito de los dictámenes en los juicios, que ya le costó a la institución, tan solo en los últimos seis años, cerca de 400 millones de pesos.
Sepomex cuenta en sus registros un total de cuatro mil 146 juicios laborales: tres mil 675 corresponden a las dos últimas administraciones y 353 tienen un rezago que data de 1993. Los casi 400 millones que pagó el sexenio pasado corresponden sólo a mil 490 juicios que ya están en archivo.
Esta política de despidos se agravó en el sexenio pasado, acumulando tan sólo entre 2007 y 2012 más de dos mil 500 demandas laborales por despidos injustificados y reclamos por incumplimiento en las prestaciones de los trabajadores.
De acuerdo con el informe 2012 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Sepomex comparte un lugar en la lista de las instituciones con más demandas laborales, junto al IMSS, Pemex, la CFE, Infonavit y el ISSSTE.
Más de un despido por día
Darío no tiene una retórica ensayada sobre su destitución, simplemente considera que la demanda de mejores condiciones de trabajo motivaron su despido. Cuenta que una marcha a la Cámara de Diputados para exigir homologación salarial detonó las acciones en su contra. “Al ver las injusticias que se cometían en contra del trabajador postal, como el tener un vale de 50 pesos, que hasta el año pasado incrementaron, uno simplemente exige sus derechos”, dice.
Tras las manifestaciones, Sepomex y el sindicato negaron la homologación y, a cambio, ofrecieron un bono y un nuevo convenio laboral que implicaba el reordenamiento del horario de trabajo. Se trabajaban seis horas y media y después del bono, se incrementó a ocho horas y media, de lunes a sábado. “En realidad eso del bono fue un fraude”, dice Darío.
La presión empezó con quienes no aceptaban las nuevas condiciones de trabajo. En ese contexto, Darío fue despedido sin justificación el 7 de diciembre de 2007. Luego de demandar a Sepomex lo acusaron de abandono de labores y le levantaron un acta con testigos falsos. El cartero cuenta que comprobó las irregularidades ante la Junta Federal de Conciliación pero, aún así, ésta emitió un laudo en su contra el 22 de noviembre de 2011.
Luego de proseguir con la batalla legal, Darío consiguió que un tribunal colegiado le enmendara la plana a la Junta Federal de Conciliación, y ésta tuvo que desestimar el antiguo laudo. El 20 de enero de este año, la JFCA emitió un nuevo dictamen en el que se pide a Sepomex la reinstalación de Darío Corona. Pero la pesadilla no terminó ahí.
Yuriria Mascott fue nombrada directora general de Sepomex en diciembre de 2012. Ella cuenta que luego de tomar posesión del cargo encontró un ambiente “punitivo” contra los trabajadores de la institución. “Hay que cambiar el enfoque porque tenemos uno muy punitivo y lo estamos transformando en un enfoque más preventivo. Sí alcancé a ver algunas sanciones, despidos y demás por cuestiones no estipuladas estrictamente en lo que establece nuestra Ley Federal del Trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer, es mejorar este clima organizacional para que realmente sean los despidos por causas muy justificadas, por causas estipuladas realmente en la ley”.
El número de demandas que se presentaron contra Sepomex hasta diciembre de 2012, representan casi 25% del número de plazas de base que tiene Correos. Es decir, los más de cuatro mil juicios representan casi una cuarta parte de las 16 mil 789 plazas de sindicalizados.
“Estamos estableciendo políticas para inhibir el despido de trabajadores del organismo en casos en los que no sean justificados. Tienen que acreditarse plenamente causas graves de rescisión de la relación como lo establece la Ley Federal del Trabajo y para esto tiene que pasar ya el dictamen del área jurídica al área de recursos humanos, y ellos me los traen a acuerdo”, dice Mascott.
Los rescisiones de contrato ocurrieron a un ritmo de más de un despido por día. Tan sólo el sexenio pasado, Sepomex despidió o incumplió los derechos de las prestaciones de sus trabajadores un promedio de 400 ocasiones al año; en 2008 y 2009 superó la cifra de 600, alcanzando tan sólo en ese periodo mil 259 demandas laborales, una cifra que rebasa por mucho los 353 juicios que registra Sepomex entre 1993 y el año 2000.
“Estamos estableciendo instancias ya de diálogo y solución de controversias laborales; se instaló una mesa de atención a inquietudes y quejas de los trabajadores a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, y ya tiene ahí una fila de trabajadores que tienen inquietudes”, dice la directora general de Sepomex.
Mascott añade: “Vamos a evitar esas demandas, vamos a tener estas mesas de diálogo con los trabajadores y creo que esto va a ayudar”.
Falló la estrategia jurídica
Esta política de despidos no fue acompañada de una estrategia jurídica que solucionara los problemas legales de la institución de forma expedita, lo que ocasionó que las demandas laborales se acumularan y rebasaran los cuatro mil juicios.
Fue hasta principios del año pasado que la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos tomó acciones para “reducir los plazos” de las resoluciones de los cuatro mil 146 juicios laborales.
“Para atender los juicios antes mencionados y reducir los plazos necesarios para su desahogo, el 27 de marzo de 2012, el Servicio Postal Mexicano se adhirió a las Bases de Operación y Ejecución del Convenio General de Colaboración celebrado por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo”, establece un documento entregado por el Sepomex.
Este convenio implica la aceleración de las audiencias, el intercambio de inventarios de juicios con la Junta y el acuerdo “para concluir juicios anticipadamente”. La medida permitió que se desahogaran mil 490 juicios laborales por los cuales se pagó la cantidad de 393 millones 216 mil 349 pesos.
Sepomex mantiene activos dos mil 656 juicios laborales.
Impugnan dos de cada tres casos
Un despido injustificado implicaría tres meses de sueldo y una prima de antigüedad, que representa aproximadamente 12 días por año. En el caso de un cartero, que gana alrededor de ocho mil pesos, su despido representaría entre 40 mil y 50 mil pesos. Pero si este juicio dura más de seis años, como en el caso de Darío, el problema podría costar 300 mil pesos.
“Expresado en meses de salario, si no hubiera este rezago y esta política de los demandantes de retrasar los juicios, en promedio diría que se pagaría por juicio laboral el equivalente a cinco meses de salarios; si sacáramos un promedio nacional de la duración de los juicios, la verdad es que quizás estemos hablando de un promedio de tres años, entonces, hablamos de 36 meses, hablamos de un incremento de 11 veces lo que tendría que pagarse si los juicios no se resuelven rápidamente”, dice el director corporativo de Asuntos Jurídicos del Servicio Postal Mexicano, Jaime Cruz Palma.
Pero no obstante los convenios a los que ha llegado Sepomex con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para acelerar los juicios y salir del rezago, la política jurídica en Correos continúa retrasando la resolución de los conflictos laborales.
“Nosotros, en dos de cada tres (ejecuciones o laudos de la Junta) promovemos amparo”, dice Cruz Palma.
La estrategia, según Cruz Palma, es revertir juicios injustos. “Nos amparamos para que se revise la resolución de la Junta porque a veces la condena puede ser injusta para el organismo; nos vamos al amparo para pedir que se reduzca la condena al monto justo, o sea, generalmente los amparos no son para negarse a pagar, se promueven para pedir que se revise la resolución por estimar que es injusta”.
Para Darío la pesadilla hubiera terminado con el laudo de restitución laboral, pero el área jurídica se amparó.
“Este nuevo laudo condena a Sepomex a reinstalarme, por lo que yo le pediría a la directora Yuriria Mascott que tomara en cuenta este despido injustificado, porque sí quisiera decirle que yo, en mis 16 años de servicio, jamás me levantaron un acta administrativa por un problema con los usuarios. No deseo alargar esto ni deseo salarios caídos, ni tengo otro tipo de ambiciones, mi única ambición es seguir trabajando”, dice el cartero.
