Editorial-La Jornada
El descontento
magisterial y social generado por la reciente reforma constitucional en
materia de educación y por la discusión de su legislación secundaria ha
derivado en días recientes en actos de protesta por parte de integrantes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE):
bloqueos a vialidades del centro de la capital desde principios de
semana y cercos a las sedes de ambas cámaras legislativas e incluso a la
sede alterna a la que diputados y senadores se trasladaron ayer. En lo
inmediato, como resultado de estas movilizaciones, los profesores
disidentes lograron diferir la aprobación de la Ley del Servicio
Profesional Docente, uno de los ejes fundamentales del descontento
magisterial.
Pero más allá de esas consideraciones inmediatas y de las
afectaciones ocasionadas, es pertinente señalar que tras los hechos
referidos hay descontentos reales, cuyo factor originario es el desgaste
de las instancias institucionales de representación y de mediación
entre lo social y lo institucional: para esta última esfera parecieran
irrelevantes y sacrificables los intereses y las necesidades de la
primera. Dicho desfase entre la elite política y la inconformidad social
da cuenta de la crisis de representatividad que arrastran las
instituciones del Estado y expone las severas limitaciones de los
partidos políticos para cumplir con su papel de incorporar los distintos
intereses, demandas e inconformidades que tienen lugar en el país y de
encauzarlos por las vías institucionales, pacíficas y legales.
En el caso de la reforma constitucional en materia de educación ese carácter excluyente fue claramente expresado en la decisión del gobierno federal y sus partidos aliados en el Pacto por México de no acordar con integrantes del magisterio una reforma que, en última instancia, será ejecutada por los propios docentes y que tendrá en ellos los principales afectados.
Desde esta perspectiva, no hay lugar para el amplio y generalizado linchamiento mediático que ha sido lanzado contra los docentes inconformes, ni mucho menos para los reclamos de salidas represivas en contra del magisterio disidente de algunos actores políticos y económicos. Las salidas represivas como sucedáneos de los mecanismos políticos tienden a agravar los conflictos generados y a llevarlos a puntos de no retorno.
En la circunstancia presente, lo pertinente y necesario es que las partes involucradas en el desencuentro exhiban voluntad política, sensatez y disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas y concertadas. La contención y la mesura debe prevalecer también en los medios de comunicación y en la sociedad en general.