4 junio 2013 | Gloria Leticia Díaz | Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) emplazó al gobierno de Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República (PGR) a responder a las miles de denuncias por desapariciones, así como a reconocer que en buena parte de estos crímenes participaron actores del Estado ya sea directamente o con el conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
En conferencia de prensa donde presentó el informe Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México, Rupert Knox, experto sobre asuntos de México de AI, destacó que hasta ahora las instancias especializadas en atender algunos casos graves como los crímenes ocurridos durante la “guerra sucia” o los feminicidios en Ciudad Juárez han fracasado en su cometido, por lo que la Unidad de Búsqueda de la PGR, con sólo 12 agentes del Ministerio Público, podría estar condenada a ese mismo destino.
“La Femospp (Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) y la Fevimtra (Fiscalía Especializada contra la Violencia de la Mujer y la Trata de Personas) fueron creadas por la presión pública, pero no resultaron mecanismos eficaces porque las autoridades las utilizaron para reducir la presión”, apuntó el experto de la organización internacional.
Aunque consideró “positivo” el anuncio de la creación de la Unidad, resaltó que el éxito de la misma dependerá de “la importancia que el Estado dé al problema, porque tiene recursos para incentivar otros temas que le interesan; habrá que ver qué tanto le interesa resolver este grave problema de crisis humanitaria”.
Knox destacó que sin ser justificable que durante el gobierno de Felipe Calderón haya sido evidente que se sentó un precedente de impunidad, en el actual gobierno “debe de haber un cambio en la forma en que se realicen las diligencias y las investigaciones y esto se debe percibir desde el inicio”, aunque en los primeros seis meses “es evidente que no hay investigaciones de campo en la manera en que se llevaron a cabo los crímenes”.
Añadió que “en términos de resultados deben ir montando evidencia de un cambio sustantivo, pero si dentro de un año no se nota, se van a llenar de dudas tanto los familiares como nosotros que esto vaya a ser como otra Femospp u otra instancia así, por eso se requiere un respaldo político, con recursos y capacidad para realizar este trabajo”.
Tras señalar que AI documentó 152 casos, 85 de ellos con evidencias claras de participación de agentes del Estado, Rupert Knox señaló que en una reunión que sostuvo este lunes con el subprocurador Ricardo García Cervantes, “si bien reconoció que es un problema grave y ha reconocido una crisis humanitaria, no ha habido una admisión abierta y clara de que en un número significativo hay participación de actores del Estado”.
Knox se refirió a la desconfianza y desilusión de algunos familiares de las víctimas por la falta de actuación de las autoridades, por la estigmatización de las víctimas o bien por las amenazas que han recibido, situación que, dijo, es “entendible pero nuestra postura como Amnistía Internacional es instar a las autoridades a asumir su responsabilidad y hacer efectivas las promesas”.
Al señalar que AI participará en el Foro sobre Desapariciones que se realizará en Saltillo, Coahuila, el experto resaltó la impunidad que se tiende sobre los crímenes del pasado por “la falta de investigación, el fracaso de la Femospp y los nulos avances por llevar a los responsables a la justicia”, ha contribuido a mantener la impunidad “aunque no es el único elemento, pero ha contribuido a transmitir el mensaje de que en México se permite este delito”.
Sobre la desaparición de 11 jóvenes en el Distrito Federal, Knox dijo que aunque no conoce los detalles del caso, “sí es evidente que si las autoridades no están preparadas para implementar una búsqueda de inmediato y las acciones de investigación, todo lo contrario respondieron como otras instituciones lo han hecho”.
Agregó que el caso resulta “alarmante” aunque guarda características distintas a los patrones establecido en el norte del país”, en tanto que el calificativo de “ausentes” que acuñó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para definir a estas personas, evidencia el “juego” de las autoridades para negar el problema.
“La ausencia parece que indica la voluntad de las personas, y ese ha sido uno de los errores desde el inicio de las investigaciones de estos casos, hemos escuchado mucho a las familias de que han acudido al Ministerio Público y quieren que prueben que las personas salieron sin su voluntad, eso es algo muy difícil, no vas a tener una imagen que muestre a los responsables llevando a las víctimas”, asentó.
Durante la presentación del informe, las señoras Brenda Rangel y Lucía Baca, hermana y madre de Héctor Rangel Ortiz y Alejandro Moreno Baca, desaparecidos en 2009 y 2011, respectivamente, denunciaron la indolencia de las autoridades para atender sus casos y las dificultades de las familias de los desaparecidos para asumir ellos mismos las investigaciones.
Al dolor expresado por ambas mujeres, quienes lloraron abrazadas al compartir la misma tragedia, se sumaron las voces de los familiares de otras víctimas presentes en el evento.
Fuente: Proceso
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