A finales de 2011 las empresas de Claudia Rincón comenzaron a trasladar su "estrategia de ventas".
6 mayo 2012 | Martha Martínez | Reforma
México, D.F. En noviembre del año pasado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó la compra de más de 18 mil computadoras a tres firmas que, con la anuencia de funcionarios de esa dependencia, ocultaron que los equipos se entregaron tarde y en malas condiciones a pesar de que fueron liquidados desde el mes de diciembre. Dos de ellas fueron Ofi Store y Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones.
Esta primera adjudicación de la CFE a estas empresas estuvo plagada de "coincidencias" que recuerdan la forma en la que operan en el sector salud: la mayoría de los participantes en la licitación son propiedad de Claudia Rincón, dos de los personajes relacionados con el proceso son ex funcionarios del IMSS -segundo "cliente" en importancia del grupo de empresas- y las irregularidades detectadas son similares a las documentadas en 2010 por la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión de un contrato otorgado por el Instituto.
El fallo de la licitación 018TOQ003-l516-2011 de CFE, para la adquisición de equipos de cómputo por cerca de 19 millones de pesos, señala que de las seis empresas participantes, cuatro pertenecen a Claudia Rincón: Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, Ofi Store, Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones, y Soluciones Tecnológicas Especializadas.
Del total de licitantes, sólo tres resultaron ganadoras: RAR Computación, Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones y Ofi Store.
La primera se encargaría de proveer mil 569 equipos con un costo total de un millón 762 mil pesos; la segunda entregaría 5 mil 542 con un costo de 5 millones 214 mil pesos, y la tercera entregaría 11 mil 273 con un costo de más de 11 millones de pesos.
Entregan equipos con retraso
Las computadoras tenían que entregarse a más tardar el 15 de diciembre del año pasado; no obstante, fue hasta el 16 de diciembre que representantes de las empresas y funcionarios de la CFE realizaron una inspección para conocer las condiciones de las bodegas en las que se resguardarían los equipos: la G Tenayuca 211-A y la conocida como Túnel Deportivo Suterm.
Tras la inspección, representantes y funcionarios determinaron que no había espacio suficiente para almacenar el total de los equipos, por lo que 9,515 serían llevados a las bodegas de la Comisión a más tardar el 19 de diciembre; mientras que los 8,769 restantes serían llevados a los almacenes de los proveedores el 28 de diciembre.
Fuentes cercanas al proceso indican que sí había espacio suficiente para que la dependencia recibiera en tiempo y forma la totalidad de las computadoras, pues las bodegas se encontraban prácticamente vacías, además de que la CFE posee otros almacenes a donde podían llevarse éstas.
La falta de espacio, afirman, fue un pretexto para ocultar que las empresas ganadoras de la licitación no contaban con los equipos. Finalmente, éstos se entregaron a finales del mes de febrero a pesar de que fueron liquidados desde diciembre, lo cual viola el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que el pago de los contratos no puede llevarse a cabo sin la entrega previa de los bienes contratados.
Al cobro adelantado de los equipos y el retraso de dos meses en su entrega se sumaron las irregularidades en el proceso de entrega-recepción de los bienes.
El personal de los almacenes de Tenayuca de la CFE se negó a avalar la recepción de los equipos debido a que estos no cumplían con las características establecidas en el contrato.
Los equipos fueron recibidos por funcionarios que no tenía facultades para ello. Entre ellos Jesús Ortiz Beltrán, subgerente de la Dirección de Modernización de CFE, uno de los funcionarios que firmaron la minuta según la cual no había espacio suficiente para recibirlos en tiempo y forma.
Entre 2006 y 2010, Ortiz Beltrán se desempeñó como jefe de la Dirección de Desarrollo e Innovación Tecnológica del IMSS. Y fue despedido en noviembre de 2010 luego de que Daniel Karam, director del Instituto, designara a Vicente Manuel Gil Zepeda como titular de la Coordinación de Administración de Infraestructura, a quien le instruyó iniciar una purga a las áreas de compras y desarollo tecnológico por presuntos actos de corrupción. En septiembre de 2011 fue contratado como subgerente de la Dirección de Modernización de la CFE.
Gil Zepeda fue designado en sustitución de Enrique Gerardo Amador Tardiff, otro de los ex funcionarios del IMSS contratados por la CFE.
Amador Tardiff era coordinador de Administración de Infraestructura, cargo que le permitía controlar la adminsitración de bienes materiales, licitaciones y adjudicaciones del Instituto. En mayo de 2010 fue despedido y en julio de 2011 fue contratado por la Comisión como coordinador de Servicios Tecnológicos, con lo que recuperó el control de la administración de bienes materiales, ahora de esa institución.
Las irregularidades cometidas en esta licitación son similares a las reportadas en 2010 por la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión a un contrato del IMSS para el suministro de equipos de cómputo. Según el Informe de la Revisión de la Cuenta Pública, seis empresas, entre las que se encontraban Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones y Soluciones Tecnológicas Especializadas, tenían que entregar equipos de cómputo con un valor de más de 1 millón 200 mil pesos a las 36 bodegas de las delegaciones estatales del Instituto.
La dependencia y los representantes legales de las empresas, indica el reporte, firmaron sin justificación alguna un convenio modificatorio para concentrar los equipos en un solo almacén ubicado en la carretera México-Querétaro aún cuando sólo cinco estados confirmaron que carecían de espacio. El reporte de la ASF no informa si los equipos fueron entregados en el almacén en la fecha indicada por el contrato.
Actualmente Ortiz Beltrán está sujeto a una investigación del Órgano Interno de Control debido a que personal de los almacenes de Tenayuca interpusieron una inconformidad luego de que éste recibiera los equipos entregados con dos meses de retraso. En contraste, ninguna de las tres empresas a las que se le adjudicó el contrato ha sido sancionada.
Fuente: Reforma
