3 abril 2012 | Rodrigo Vera | Proceso
MÉXICO, D.F., (apro).— Por incurrir en un “fraude ideológico” y atentar contra el “espíritu laico de la Constitución”, Luis Gutiérrez Apodaca, presidente de la Academia de Derecho Procesal Constitucional, de la Confederación de Nacional de Abogados de México, interpuso una demanda de juicio político contra los legisladores que aprobaron la reforma al artículo 24 constitucional, mediante la cual se otorgan mayores derechos a la jerarquía eclesiástica mexicana.La solicitud legal fue presentada a fines de marzo pasado y el propio Gutiérrez Apodaca, explica en entrevista la razón:
“La reforma al artículo 24 atenta contra el espíritu laico de nuestra Constitución, puesto que le otorga a la Iglesia católica un poder avasallante sobre el pueblo de México, a quien ni siquiera se consultó para realizar dicha reforma”.
El jurista indica que, con esta reforma, “se le otorga el derecho de reunión a los ministros de culto, un derecho que se le reconoce al pueblo en su conjunto para protestar contra los actos de gobierno. Pero ahora los sacerdotes también podrán reunirse para protestar contra las autoridades gubernamentales que no compartan sus dogmas”.
Por otro lado, dice, la reforma al 24 también le da a la Iglesia una “libertad de expresión irrestricta”, que antes solo tenía la sociedad con objeto de “debatir cosas ciertas y comprobables”, pero que en manos de la Iglesia servirá para “expresar sus ideas dogmáticas y sin comprobación”.
Estos dos derechos otorgados al clero, dice, socavan al Estado laico y atentan contra el artículo 9 constitucional, que habla de la libertad de reunión, y el artículo 6, referente a la libertad de expresión.
Añade Gutiérrez Apodaca:
“La Iglesia, al tener plena libertad de reunión y de expresión, en el futuro intentará extender esos derechos a las aulas escolares, para dar instrucción religiosa en las escuelas públicas, con lo que pedirá modificaciones al artículo tercero constitucional, donde actualmente se estipula la educación laica”.
Señala que todo poder legislativo debe de tener un protocolo que le sirva de base para fundamentar sus reformas a la ley. Pero esta reforma al 24 “demostró que nuestros legisladores no tienen dicho protocolo, ya que promovieron cambios contrarios al espíritu de nuestra Constitución. Esa es la razón por la que interpuse mi solicitud de juicio político”.
–¿Y por qué solo interpuso el juicio contra los diputados, siendo que también los senadores aprobaron la reforma?
–Porque la reforma salió de la Cámara de Diputados. De ahí surgió ese fraude ideológico que le dará muchísimo poder a la jerarquía eclesiástica. Los diputados son los principales responsables.
Pese a esto, indica que la solicitud de juicio político la interpuso en las dos Cámaras. En la de Diputados, dice, la recibió su presidente de la mesa directiva, José Guadalupe Acosta Naranjo.
–¿No resulta iluso pensar que los propios diputados emprendan un juicio político contra sí mismos?—se le pregunta.
–No, porque hubo diputados que se opusieron a esos cambios constitucionales y no están de acuerdo con darle más poder a la Iglesia. Ellos son quienes podrán impulsar el juicio político. Y los diputados que aprobaron la reforma… pues que hagan un acto de arrepentimiento y reciban un castigo por su pecado.
La reforma al artículo 24 constitucional se concretó el pasado 28 de marzo en la Cámara de Senadores –dos días después de la visita del Papa Benedicto XVI a Guanajuato–, gracias a la aprobación de los legisladores del PAN y del PRI.
