28 Noviembre 2010
Plaza Pública /
Miguel Ángel Granados Chapa.-
El gobierno decidió el año pasado liquidar Luz y Fuerza del Centro, para remediar ciertamente las deficiencias del suministro eléctrico en el Valle de México y en entidades vecinas a la capital, pero también para privatizar el servicio.
Certero, certero, lo que se dice certero, no es el gobierno federal. Su falta de puntería y de tino es parte de su carácter, de su modo de ser. De la lectura de la primera plana de Reforma de ayer brotan los yerros, que van de la gravedad a la ridiculez: el presupuesto de operación del ISSSTE se agotó en septiembre, tres meses antes de que concluya el año, “debido a un error de cálculo en el nuevo régimen de pensiones de los empleados públicos”. La construcción del Emisor oriente del sistema de drenaje de la Ciudad de México, que se previó concluir en 2012, será terminada dos años después, porque “las perforadoras toparon con una obstrucción geológica que no se había detectado”. En Guadalajara, la celebración federal del centenario de la Revolución no pudo ser compartida por los tapatíos que, frente al Teatro Degollado, esperaban ver a las marionetas gigantes: las calles “resultaron ser muy angostas” para el espectáculo pagado a la empresa francesa Royal de Luxe.
A partir de mañana se repondrá el proceso electoral en el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo exterminio fue previsto por la Secretaría del Trabajo y Previsión. Un colosal error de cálculo político (y técnico y económico) ha dejado en la calle, en el doble sentido de la expresión, a decenas de miles de miembros de esa agrupación, pero no la destruyó, lo que se manifiesta en la resistencia que cobrará nueva forma legal la próxima semana.
El gobierno decidió el año pasado liquidar el organismo público Luz y Fuerza del Centro, para remediar ciertamente las deficiencias del suministro eléctrico en el Valle de México y en entidades vecinas a la capital, pero también para privatizar el servicio y sobre todo entregar a la operación privada la red de fibra óptica tendida por esa empresa, que es un suculento insumo de las telecomunicaciones. Una porción de la red semejante en la Comisión Federal de Electricidad ha sido ya concedida para su explotación a particulares y se esperaba hacer lo mismo con la de LyFC. Pero el sindicato que ha sido durante casi un siglo la contraparte laboral de la Mexican Light and Power y las empresas sucesoras se manifestó claramente en contra de tal privatización y, al contrario, propuso que la explotación de ese recurso técnico se convirtiera en la piedra de toque del rescate de la compañía de energía eléctrica más antigua del país, afectada de esa cara negativa de la antigüedad que es la obsolescencia.
Decretar la extinción de LyFC suponía, en consecuencia, superar esa actitud del sindicato y, en el extremo, suprimirlo.
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