5 marzo 2017 | Patricia Dávila | Proceso
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) suele tratar con un doble rasero a los contribuyentes. Por ello, a quienes beneficia en forma discrecional, les protege sus “datos personales”, aún cuando se trata de personas morales (es decir, empresas) y no de personas físicas. Más aún, escudado en el secreto fiscal, al reservar los datos, limita el derecho a la información, consagrado en el Artículo 6 de la Constitución Mexicana. Hasta ahora, los nombres de las empresas, empresarios y personas físicas de alto perfil a los que se ha beneficiado con el llamado perdón fiscal (la facultad del secretario de Hacienda de solicitar la conclusión de juicios por sobreseimiento de las causas penales derivadas de delitos fiscales) permanecen ocultos.
Por casi 50 años –8 sexenios–, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) había servido de caja chica a gobiernos priístas y panistas. Son muchas las historias y denuncias de corrupción que ha escrito la prensa sobre esa institución, sin que hasta ahora ningún gobierno haya hecho algo para impedirlo, y un manto de impunidad aún la cubre. Lejos de contribuir a la asistencia social, la Lotería Nacional ha pasado ahora a ser una enorme sangría para el erario: su costo de operación supera los 1 mil 500 millones de pesos, y arrastra una deuda multimillonaria.
5 marzo 2017 | Rodrigo Vera | Proceso
Después del triunfo de Donald Trump se desató una oleada de migración de Estados Unidos a Canadá, integrada sobre todo por ciudadanos de naciones musulmanas que temen lo peor si se quedan en el primer país. Las leyes canadienses –efectivamente pensadas para proteger a los desplazados– han facilitado el fenómeno. Hasta el momento, los mexicanos no han engrosado las filas de esta oleada.
De no detenerse, la violencia será mayor en el sexenio de Enrique Peña Nieto que en el de su antecesor Felipe Calderón, el panista que sacó a soldados y marinos a las calles al declararle la guerra al narcotráfico. Los funestos resultados están a la vista: más de 208 mil muertes en los últimos diez años, sostiene la investigadora Molly Molloy, investigadora de la Universidad Estatal de Nuevo México, y pone un ejemplo contundente: esa cifra supera las muertes violentas ocurridas en Colombia durante 52 años.
En la Junta Federa de Conciliación y
Arbitraje, en la Junta Especial Número 5, promovimos una demanda el
Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM), que tiene su centro de trabajo en Comisión Federal de
Electricidad (CFE) , por el convenio de limitación de zonas y materia de
trabajo. Aquí mencionaba la semana pasada sobre las
chicanadas jurídicas que hay, porque en la junta cuando interpusimos la
demanda, en el acuerdo que dicta, los empleados de ese organismo público
no pusieron el nombre completo del SUTERM, solamente dice Sindicato de
Trabajadores, Electricistas.
Los acuerdos alcanzados durante los trabajos del II Congreso Nacional Ordinario de la Nueva Central de Trabajadores (NCT), los días 27, 28 y 29 de enero pasado, establecen pasos firmes en la defensa de la clase trabajadora y el inicio de un proceso de consolidación y unidad entre sindicatos de diversas ramas y actividades que junto con organizaciones y movimientos sociales habrán de encaminar las protestas populares que están surgiendo por todo el territorio nacional, a la toma de conciencia de millones de mexicanos sobre los problemas que enfrenta la nación por el desbocado neoliberalismo y sus reformas estructurales que, ante su fracaso económico, han recurrido a los gasolinazos como último recurso para evitar que las finanzas públicas se colapsen, no importándole a la clase política que sean los más pobres quienes nuevamente paguen las consecuencias.
Guruchuirer.com - 1° Marzo 2017
Jesusa Cervantes - Proceso
Julio Hernández López - Astillerodiluidosentre el armado presupuestal montado durante décadas para ocultar dicho escamoteo mayúsculo.
Rosalía Vergara - Proceso
Por la Redacción - Proceso
La presión del Ifetel sobre Telmex, a la que considera preponderante en el mercado, está a punto de desatar un conflicto laboral en la empresa. El líder del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, afirma que acordó con el director general Héctor Slim buscar la forma de mantener viable la fuente de trabajo, pero los directivos, dice, no comparten información ni toman en cuenta al gremio para las negociaciones con el Ifetel. Por ese motivo, el sindicato emplazó a huelga para abril. Con todo, el dirigente sindical defiende a la empresa de Slim y, más aún, afirma que el gobierno pretende quebrarla.
La reforma laboral aprobada el martes 21 es la puntilla de una serie de modificaciones legales que durante los últimos cinco años han derruido los derechos de los trabajadores. La semana pasada, la Cámara de Diputados les dio a los patrones el derecho a decidir qué enfermedades son laborales y cuáles no, lo que significa que decidirán si el trabajador recibe todo su sueldo o sólo 60%
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, cada tres meses aumentarán las tarifas de agua potable que aplica la Caasim en la zona metropolitana de Pachuca. El director del organismo, José Jesús Sanjuanero confirmó que se revisarán los tabuladores con base a los índices inflacionarios y tomando en consideración costo de la energía, que es uno de los rubros con más gastos representan para la institución. Recordó que en enero aumento 4 pesos la tarifa mínima del servicio de agua potable para quedar en casi 104 pesos.
Las condiciones laborales de los investigadores eventuales, de diversas disciplinas del Instituto Nacional de Antropología es Historia (INAH), han sido modificadas; ahora no tendrán contratos y serán prestadores de servicios que cobrarán mediante recibos de honorarios. Lo anterior, debido a la austeridad económica que está aplicando el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), avalada por las Cámara de Diputados, en los recortes presupuestales a las áreas de ciencia y cultura, entre muchas otras. En el caso del INAH, todo maquillado: con la extinción del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y su mediocre renacimiento en una disminuida y recortada –presupuestalmente– Secretaría de Cultura de la que ahora depende.
Las redadas de inmigrantes indocumentados, las detenciones indiscriminadas y las deportaciones están desatadas en Estados Unidos. La orden ejecutiva de Donald Trump y el memorándum de John Kelly que prácticamente convierten a cualquier uniformado en agente migratorio generan un clima de ansiedad e incertidumbre entre la comunidad mexicana que habita en aquel país. Y, a juzgar por algunos casos, ni la santidad del hogar está a salvo: el miedo ya entró a las casas.
Niños, adolescentes, emergen de la extrema vulnerabilidad y violencia. Victimarios a veces, víctimas siempre, participaron –de manera obligada o “voluntaria”– en delitos de alto impacto: narcotráfico, homicidio, secuestro, violación… Historias de pobreza y abandono, donde la fuga efímera a las armas, el dinero y las drogas no fue una elección, sino la única manera de sobrevivir
Desde hace 32 años que se viene enfrentando
está política económica neoliberal. Si hacemos un recuento de los daños
han privatizado más de mil empresas públicas, han pasado a manos de
funcionarios del gobierno en turno de empresarios vinculados con cada
uno de estos gobiernos. Nada de esto hubiera sido sin la complicidad del
gobierno. Es muy claro que estamos ante una política de despojo de los
recursos naturales y de los derechos de los mexicanos.
Tlaulli Preciado - La Unión de Morelos / 21 Febrero 2017
Tlaulli Preciado - La Unión de Morelos 
Jesusa Cervantes - Proceso
Zona Centro Noticias / Lunes 20 Febrero 2017
Abner Valenzuela - Eje Sur Morelos
Al igual que el sector petrolero, el debilitamiento del sistema eléctrico nacional comenzó en 1992 cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari promovió cambios a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), posibilitando la participación de la iniciativa privada en la generación de electricidad, como un antecedente de la apertura que en este sentido contendría el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), de 1994.
NAVA.- Productores de carbón de Coahuila acusaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de facilitar en sus licitaciones la participación de "coyotes", como llaman a empresas que no tienen minas ni registro en el padrón de productores y que entregan mineral de baja calidad mezclado con tierra de desechos. En su última licitación para comprar 900 mil toneladas de carbón, realizada en diciembre, la CFE eliminó el "candado" de comprar a empresas con producción comprobada por el Servicio Geológico Mexicano y la Dirección General de Minas. Esta situación permitió a los "coyotes" ganar contratos por 402 millones de pesos para la adquisición de 600 mil toneladas, denunciaron productores entrevistados que pidieron el anonimato.
El efecto Trump y el gasolinazo agudizan la crisis económica de México. El gobierno tiene dos rutas: profundizar el neoliberalismo al tiempo que reprime las protestas o cambiar el modelo para incentivar el mercado interno. La balanza se inclina a la primera opción.
Deficiente gasto de fondos para dar mantenimiento a refinerías
Verificaciones financieras practicadas por la Auditoría Superior de la Federación detectaron que en 2015 se tejió una oscura y complicada trama que implicó “simulación de servicios” y la complicidad de varias universidades locales, gracias a la cual casi dos mil millones de pesos de la Sedesol –originalmente destinados a diversos programas sociales– se esfumaron. Una parte de esos recursos reapareció en las cuentas bancarias de un reducido grupo de empresarios de La Laguna.
La Ley de Seguridad Interior, que busca legitimar la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones policiacas, está detenida provisionalmente en el Congreso. Esta pausa la aprovechan numerosas voces de organismos defensores de los derechos humanos para gritar su inconformidad y advertir lo que la experiencia enseña: poner a militares a cargo de la seguridad pública no hará más que inundar al país de violencia, sangre, terror, desapariciones forzadas, desplazamientos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.
En la supuesta estrategia de austeridad, una de las peores decisiones del gobierno federal fue proponer un recorte, para este 2017, de más de 5 mil millones de pesos al presupuesto destinado a preservar la seguridad nacional. Decremento que fue aprobado por el Cámara de Diputados al cierre del año pasado. Esta decisión ya afecta la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional; rubro fundamental, ahora que hemos sido amenazados por el titular de una de las potencias bélicas más importantes del mundo, Donald Trump.
por la indefinición de conceptoque permiten la actuación de las autoridades para controlar multitudes”, así como autorizar su uso arbitrario para imponer el orden y la paz social, con la posibilidad de autorizar el empleo de armas letales de los cuerpos policiacos en manifestaciones populares.
La actual política recaudatoria tiene en jaque al sector productivo, aseguran
Rafael Croda y Mathieu Tourliere - Proceso
