31 diciembre 2017 | Jorge Carrasco Araizaga | Proceso
La arbitrariedad en el uso de los recursos públicos para publicitar las acciones del Estado –denunciada desde hace tiempo por Proceso y otros medios mexicanos antes que un artículo de The New York Times la exhibiera hace una semana a nivel internacional– puede terminarse si el Congreso acata antes del 30 de abril la resolución de la Suprema Corte en tal sentido. Sin embargo el senador Luis Sánchez, autor de una propuesta basada en estudios de la organización civil Fundar, considera ese escenario demasiado optimista.
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El Congreso pretende acotar el intercambio de dinero público por coberturas periodísticas favorables a los gobiernos en turno –uno de los soportes del poder político en México desde el siglo pasado– mediante la creación de un consejo autónomo que vigile la asignación imparcial de la publicidad gubernamental.
El Poder Legislativo está emplazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que antes de finalizar la actual Legislatura, el próximo 30 de abril, regule la publicidad gubernamental y cumpla con una obligación en la que está en falta, oficialmente, desde hace una década.
Aunque esa resolución del máximo tribunal, adoptada en noviembre pasado, fue bien recibida en amplios sectores, no deja de ser un buen deseo, pues de acuerdo con las consultas que realizó este semanario ni en la propia SCJN se sabe cómo y contra quién o quiénes se procedería ante un posible desacato del Congreso.
Aún cuando los legisladores cumplan el fallo de la Corte, el futuro de la publicidad oficial depende de la voluntad del Ejecutivo, el principal interesado en el control de los recursos destinados a esa actividad.
El senador Luis Sánchez, coordinador parlamentario del PRD en el Senado, asegura en entrevista que, si el Congreso legisla sobre la materia de acuerdo con los tiempos señalados por la SCJN, bastaría con la voluntad política del Presidente de la República para promulgar de inmediato la ley. En ese caso, la regulación podría aplicarse en pleno proceso electoral. Pero ese escenario es demasiado optimista, dice a Proceso.
En un amparo que concedió a la organización no gubernamental Artículo 19, la SCJN estableció el 30 de abril como fecha límite para que los legisladores reglamenten el artículo 134 de la Constitución respecto a la publicidad oficial, que involucra el gasto que hacen los tres poderes del estado mexicano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como a los entes autónomos y las llamadas empresas productivas del Estado.
La asignación discrecional del dinero público en ese ámbito se mantendrá tanto como quiera el Congreso de la Unión, aunque en la Cámara de Diputados y en el Senado existen cerca de 20 iniciativas para legislar sobre ese tema, uno de los pendientes de la reforma del sistema político mexicano.
El uso y abuso en torno a la publicidad oficial se convirtió en el último debate de 2017 en el país, cuando el diario estadunidense The New York Times (NYT) abordó el problema, que ha sido denunciado por este semanario desde que nació hace 41 años. Proceso surgió, justamente, de una embestida del gobierno de Luis Echeverría, que incluyó el boicot publicitario, en contra del periódico Excélsior cuando lo dirigía Julio Scherer García.
Los gobiernos de José López Portillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se valieron también, de forma abierta, del uso patrimonialista de los recursos públicos para asfixiar económicamente al semanario. De López Portillo es la frase que resume buena parte de la relación entre gobierno y medios de comunicación: "No pago para que me peguen…”, argumento para justificar la supresión de la publicidad oficial en las páginas de la revista.
RABIETAS Y RESPUESTAS
El uso de la publicidad oficial como instrumento para castigar o premiar a la prensa por su línea editorial fue expuesto internacionalmente por el diario neoyorquino en su edición del 25 de diciembre. Nada nuevo hubo en la cobertura del influyente medio, salvo el enojo de los medios que el NYT mencionó como algunos de los beneficiarios o censores: El Universal, La Jornada y Milenio Diario.
En el texto firmado por el corresponsal Azam Ahmed, El Universal fue mencionado como "perro de ataque” del gobierno por su cobertura en torno al virtual candidato del PAN a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. En tanto que La Jornada fue descrito como un medio que modificó su línea editorial progresista a cambio de dinero gubernamental. De Milenio Diario refirió una historia de alegada censura y despido por un trabajo sobre la política social de gobierno de Peña Nieto.
La respuesta de los diarios mencionados fue inmediata y pública. En su editorial del martes 26 El Universal acusó al NYT de dar voz a personas "sin más pruebas que sus dichos” y aseguró que la publicidad oficial que obtiene se debe a su penetración y no a "la supuesta alteración en la línea editorial”.
Milenio Diario dedicó la página 10 de su edición impresa de ese día y un amplio espacio en su versión digital para refutar "los infundios y conjeturas” del NYT, del cual dijo que "desprecia el derecho de réplica y avala infundios”. Al igual que El Universal, aseguró que el corresponsal dio por buenas sus suposiciones y no presentó pruebas.
La Jornada respondió a través de su "Rayuela”, el pequeño espacio editorial que se publica en su contraportada: "¿De quién es la mano que mece la cuna del New York Times? Ahora, como cuando apoyó a Bush para masacrar a los iraquíes, no aporta prueba alguna”.
El diario estadunidense también fue cuestionado por la calidad de sus entrevistados. Según El Universal, algunos "desde sus propias trincheras podrían ser acusados de parcialidad y actuación a conveniencia. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.
La publicación del NYT tuvo tierra fértil en la discrecionalidad con la que el poder político del país ha administrado el dinero público para anunciarse en la prensa. El capítulo México de Artículo 19, organización internacional con sede en Londres que se dedica a fomentar la libertad de expresión en el mundo, promovió un amparo ante la SCJN con el argumento de que ese manejo arbitrario del presupuesto afecta su trabajo.
La Corte le dio la razón en noviembre pasado. En un proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, que obtuvo cuatro de los cinco votos de la Primera Sala de la SCJN, aseguró que la publicidad oficial se ha convertido en un mecanismo de censura indirecta.
