Jaime Contreras Vega / Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
ha interpuesto 22 denuncias contra 17 usuarios del Estado de México que
se oponen al proyecto de modernización de la red de distribución de
energía eléctrica.
Sayuri Herrera Román, abogada del Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria OP AC, organización que los defiende, explicó que
estas personas son integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de
la Energía Eléctrica (ANUEE) que ha protestado por los trabajos que la
CFE, sin autorización, realiza en sus casas.
La abogada explicó que, de abril a noviembre de este año, 18 personas
de la ANUEE han sido detenidas de manera injustificada en los
municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan,
Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco por policías municipales que los
remiten ante autoridades federales.
Mencionó como ejemplo lo vivido por Manuel Damián Mendoza y José
Pedro Moreno, habitantes de Naucalpan detenidos “con engaños” por
policías municipales, el pasado 9 de agosto.
“Cuando estas personas, junto con otros vecinos, solicitaron a la
empresa (CFE) que les explicara sobre los trabajos que estaban
realizando en la zona, ésta les negó información, solicitó la
intervención de la policía municipal y los detuvieron.
“A ellos (a Manuel y a José) les dijeron que la información que
pedían se las iban a entregar con un juez cívico, y cuando ya estaban a
bordo de la patrulla les informaron que eran detenidos y fueron llevados
de inmediato a la Subdelegación de la Procuraduría General de la
República (PGR) en Naucalpan.”
Herrera Román dijo que ambos permanecieron detenidos 48 horas y siguieron su proceso en libertad.
El 16 de octubre, el juez Saúl Cota Murillo, adscrito al Centro de
Justicia Penal Federal de El Altiplano, resolvió la “no vinculación a
proceso” en favor de Manuel Damián Mendoza y José Pedro Moreno,
señalados por las autoridades federales de cometer el delito de
“oposición a obra o trabajo públicos”, previsto en el Artículo 185 del
Código Penal Federal.
El juez consideró que la imputación consistía “en un acto de
criminalización de la protesta social”, destacó la abogada. Sin embargo,
la CFE y la PGR, cada una por su cuenta, apelaron la determinación del
juez Cota.
Así, el pasado 24 de noviembre, explicó Herrera, la magistrada Sara
Olimpia Reyes García, titular del tribunal unitario especializado en
materia penal del segundo circuito, ratificó la no vinculación contra
Mendoza y Moreno.
“Integrantes de la ANUEE se han visto hostigados por cuerpos de
policías municipales y federales en contextos del ejercicio de la
libertad de expresión y manifestación. Exigen detener los altos cobros
de luz, el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano
y expresan su oposición al proyecto de modernización, consistente en la
instalación impuesta de medidores de luz y de cableado de aluminio, sin
que esta empresa consulte o avise a las personas afectadas”, agrega, en
un comunicado, el centro de derechos humanos.
