Por la Redacción - Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI)
pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad
Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los
que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el
derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en
México.
“Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha
ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate
nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general
de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.
“Al igual que las defensoras y defensores de derechos humanos en
México, organismos internacionales y expertos de la academia, Amnistía
Internacional ha hecho un pormenorizado análisis de la ley y ha
constatado que es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho
internacional”, se lee en la misiva.
Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en
México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa
enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no
hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los
derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales,
tortura y desapariciones forzadas”.
Prosigue: “Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’,
la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de
mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha
fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se
desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no
contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de
las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y
bajo el comando de las autoridades civiles”.
Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias
operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso
sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía
Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley
brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.
Aunado a lo anterior, puntualiza, las disposiciones de la ley
implican que toda la información que se genere en su aplicación sería
reservada, es decir, que se mantendría en secreto, y esto es contrario
al derecho a la libertad de expresión, incluyendo el derecho de acceso a
la información.
Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría
el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos
autónomos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el
Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a
entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin
control judicial.
“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones”.
En la misiva enviada a Peña Nieto, Shetty destaca que 2017 “terminará como el año más violento de su sexenio, y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década”.
En la misiva enviada a Peña Nieto, Shetty destaca que 2017 “terminará como el año más violento de su sexenio, y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década”.
Insiste: “Presidente Peña Nieto, ahora que tiene en sus manos esta
ley tiene la oportunidad de rectificar las graves fallas en esta
legislación y asegurar el respeto y protección de los derechos humanos
en México”.
En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve
al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a
desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.
