Arturo Alcalde Justiniani - Opinión
Una buena, entre
tantas malas: el pasado 4 de julio se constituyó el Observatorio
Ciudadano sobre la Reforma Laboral en un acto público celebrado en el
Auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México. Se trata, como bien lo narró José Antonio Román en este diario,
de un esfuerzo colectivo de académicos, dirigentes sindicales, abogados
laboralistas, estudiosos e interesados en el mundo del trabajo, que
pretenden dar seguimiento a esta importante reforma constitucional, de
cuya instrumentación depende su éxito o fracaso.
Se requería de este espacio común para analizar, proponer y en su
caso denunciar, las desviaciones que pudieran derivarse de este cambio
normativo que modifica el sistema de justicia y crea nuevas
instituciones, como el organismo nacional que decidirá sobre el registro
de sindicatos y contratos colectivos y que plantea nuevas reglas
democráticas que deben cumplirse mediante el voto personal, libre y
secreto antes de que se firme un contrato colectivo con o sin
emplazamiento de huelga, lo cual es fundamental para acabar con el
cáncer de los contratos de protección patronal.
Estos cambios que se dan en un entorno corporativo y autoritario como el que prevalece en nuestro medio, en el que los sindicatos democráticos y el ejercicio de sus derechos es satanizado, requieren de un contrapeso social. También puede impulsar acciones coordinadas con la solidaridad internacional en un momento en el que ha cobrado fuerza en el exterior el desprestigio del modelo laboral mexicano, violatorio de sus compromisos internacionales, especialmente si se trata de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Es claro que esta reforma constitucional se debió, al menos en parte, a la expectativa de que México se convirtiera en socio del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica mismo que exige a los gobiernos el respeto al estado de derecho y a los principios contenidos en la declaración de la OIT. Y si bien, la ratificación de este acuerdo es incierta, y está pendiente la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que buscan concluir antes de fin de año. Es de destacarse que en las recientes audiencias públicas rumbo al TLCAN 2.0, legisladores demócratas reclamaron que se exija al gobierno mexicano se eliminen los contratos de protección patronal. De ello quedó constancia en el primero de los tres días de audiencias, conforme a la iniciativa de Sander Levin, representante demócrata por Michigan, EU.
¿Qué temas debe asumir este observatorio ciudadano? En la reunión constitutiva se planteó que es prioritario garantizar un adecuado mecanismo de consulta a los trabajadores para acceder a la firma de los contratos colectivos así como a vigilar que se preserven los principios sociales protectores del trabajador vigentes en nuestra ley. Otros temas importantes se refieren al cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la suficiencia presupuestaria para lograr los fines de la reforma y una transición adecuada al nuevo entorno normativo, el diseño del organismo nacional con tareas de conciliación y registro de sindicatos y contratos, incluyendo su estructura orgánica, que debe ser ajena al tripartismo que hoy lleva a que las Juntas de Conciliación y Arbitraje acaten las consignas del Ejecutivo en turno. En esta agenda se incluyen las reglas para el depósito de los contratos colectivos para evitar que se inhiba la negociación auténtica, especialmente en las pequeñas y medianas empresa. También el impulso al apoyo técnico por parte de la OIT al proceso de reforma y el seguimiento para que no se impongan obstáculos al ejercicio del derecho de huelga, en proceso de extinción en nuestro país. Por último se planteó el dar seguimiento a los cambios en el procedimiento laboral, cuestión que se ha mantenido en la total opacidad y al proceso de designación del titular del nuevo organismo.
Una propuesta que obtuvo una aprobación unánime, es exigir al
Senado la ratificación del Convenio 98 de la OIT en materia de derecho
de asociación y contratación colectiva, que fue firmado por el
Presidente de la República en diciembre de 2015 en el entorno de un
compromiso internacional y extrañamente suspendida por el lobby empresarial.
En la nutrida y plural reunión constitutiva, se plantearon diversas
formas organizativas para garantizar la eficacia de este observatorio.
Se acordó la constitución de cuatro comisiones: la de organización, con
tareas referidas a la elaboración de un padrón de participantes, fijar
la posición pública del Observatorio, la obtención de recursos básicos
para su funcionamiento provenientes de sus integrantes y en general,
acciones tendientes a lograr su objetivo. Una segunda comisión,
jurídica, dará seguimiento a las leyes secundarias, el funcionamiento de
los tribunales y sus criterios y el nuevo organismo descentralizado.
Una tercera comisión con tareas específicas en aspectos colectivos
relacionados con la consulta para la firma, titularidad de los contratos
colectivos y ejercicio del derecho de huelga. Una cuarta comisión, con
enfoque internacional, establecerá contactos con organismos como la OIT,
ONG, centrales sindicales internacionales y sindicatos globales, así
como con el proceso de negociación de los acuerdos de libre comercio.
Este Observatorio, es sin duda, una gran oportunidad para una acción
organizada frente al reto que significa la conclusión de la reforma. Por
lo pronto, el académico de la UNAM, Alfonso Bouzas Ortiz, en
representación de los convocantes lo declaró formalmente constituido.
¡Enhorabuena!
