15 julio 2017 | Martín Esparza Flores | Siempre!
Una versión oriental relata que un tigre irrumpió durante una ceremonia religiosa y devoró a varios fieles; el hecho se repitió tantas veces que terminó por ser incorporado a la ceremonia. Algo similar ocurre en México con los altos índices de criminalidad y violencia disparados desde el arranque del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa cuando, además de declarar la guerra al crimen organizado, fraguó un plan de agresiones en contra de organizaciones sociales y sindicatos independientes como el SME.
Es cierto, de la parte oficial se habla de una violencia generalizada pero nada se comenta del encubierto terrorismo de Estado que ha venido operando en México para tratar de acallar la lucha de trabajadores, maestros, campesinos e indígenas por la defensa de sus derechos ante la imposición de reformas estructurales que están despojando al país de sus riquezas naturales a favor de las trasnacionales, agudizando el inequitativo reparto de la riqueza con 55.3 millones de mexicanos en situación de pobreza. El caso de los normalistas de Ayotzinapa aún en espera de justicia.
El pasado 29 de junio fue asesinada en sus oficinas del mercado 28 de Octubre, en la ciudad de Puebla, Meztli Sarabia Reyna, hija del dirigente de ambulantes Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, quien por años ha sido perseguido y encarcelado. Un grupo armado le disparó con saña dejando claro el mensaje: “Sigues tú, Simitrio”. Desde la óptica represiva de las autoridades poblanas, el líder ha cometido el grave delito de defender los espacios de trabajo de miles de comerciantes en contra de la expansión de cadenas trasnacionales como Walmart.
En su momento, Felipe Calderón apenas hizo mella a la delincuencia organizada pero se jactó de haber despojado de sus empleos a 44 mil electricistas del SME, no dudando en utilizar a miles de elementos de las fuerzas castrenses, disfrazados de policías federales, para expulsarlos de sus centros de trabajo; tal represión se hizo extensiva para los trabajadores mineros y los miembros del Sindicato de Mexicana de Aviación; igualmente violados sus derechos para proteger los intereses de empresarios afines al poder como Jorge Larrea y Gastón Azcárraga.
Esta escalada de violencia originada en el encubierto terrorismo de Estado se ha expresado también en las consecuencias sociales originadas por la imposición de la reforma educativa,haciendo crisis en los sangrientos enfrentamientos registrados hace un año en Nochixtlán,Oaxaca, en contra de los maestros de la CNTE y de la población en general.
A la lista de adversidades se sumó una más que exhibe el nivel de avasallamiento en México a los derechos laborales y los más elementales derechos humanos. Trabajadores de la Minera Hércules, ubicada en el municipio de Sierra Mojada, Coahuila, propiedad de la Minera del Norte, padecen con sus familias persecución y hostigamiento por parte de la empresa al grado de cortarles el agua y la luz en sus viviendas, con el propósito de anular la demanda presentada ante JFCA desde 2010 por despido injustificado.
La represión es tal que sus compañeros tienen prohibido apoyarlos o dirigirles la palabra, bajo la amenaza de ser también despedidos. La magnitud de tales atropellos es parte del terrorismo de Estado que acrecienta la violencia en el país. La ceremonia institucional con su adoptado tigre.
