17 junio 2017 | Martín Esparza Flores | Siempre!
La incipiente participación ciudadana en las elecciones celebradas en cuatro estados retumba como una sonora bofetada a las dirigencias de los partidos contendientes, que una vez más demostraron su incapacidad por motivar a un apático electorado, receloso de acudir a las urnas por la ausencia de propuestas que mejoren su nivel de vida y resuelvan los graves problemas de inseguridad; harto de no ser tomado en cuenta y sentirse utilizado como una pieza más de un costoso engranaje electoral, cuyo gasto operativo superó los 4 mil millones de pesos.
Inmersos en el lodazal de la guerra sucia y las mutuas acusaciones de corrupción, los candidatos y sus partidos se olvidaron de analizar los graves problemas que enfrentan los casi 20 millones de mexicanos con derecho a votar, registrados en las listas nominales del Estadode México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, un buen porcentaje de ellos representado por jóvenes que debían acudir por primera vez a sufragar y dieron la espalda a una democracia carente de transparencia y mecanismos confiables para respetar la voluntad popular.
Tras los resultados, candidatos y dirigentes de todas las siglas se acusan de fraude pero se guardan bien de ocultar a los electores y a la población en general, el fraude que desde hace años vienen cometiendo a la nación al utilizar millonarios recursos públicos en el sostenimiento de un régimen de partidos que ha hecho de la política y del imperfecto sistema electoral un redituable negocio.
Tan sólo en el presente año las instituciones encargadas de operar nuestra atrofiada democracia, como son el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y, por supuesto, el financiamiento a los partidos políticos le costarán al país 29 mil 535 millones de pesos.
Patético pero cierto: de los 19 millones 882 mil electores registrados en las listas nominales de los cuatro estados donde hubo elecciones, sólo acudieron a votar 10 millones 334 mil; esto es, un promedio de un 53.5 por ciento. Pero si a esta cifra le restamos el 3 por ciento de los votos anulados por aquellos que así manifiestan su desacuerdo con los partidos, tenemos que sólo 10 millones 24 mil mexicanos buscaron expresarse a través del sufragio. El porcentaje de votos efectivos se reduce a un 50.5 por ciento.
Sin excepción, los partidos nada comentan del derroche de recursos que cuesta a los mexicanos su lucha por el poder. En la reciente elección, por ejemplo, el gasto por voto se incrementó considerablemente en un 81.66 por ciento en Nayarit, donde cada sufragio tuvo un costo de 222 pesos; en Coahuila se elevó en un 42.14 por ciento para alcanzar los 195 pesos, mientras en el Estado de México llegó a los 209 pesos y en Veracruz a los 193 pesos.
Si consideramos que la mitad de los electores no acudió a las urnas, entonces 2 mil millones de pesos se fueron prácticamente a la basura. Es obvio que los partidos son responsables de tal dispendio por su incapacidad de convencer a los votantes.
Es momento que los mexicanos nos preguntemos si vale la pena dilapidar recursos en elecciones truqueadas o emplearlos en equipar hospitales o construir escuelas. La respuesta es evidente.
