18 junio 2017 | Miguel Badillo-Oficio de Papel | Contralínea
Al arrancar el gobierno de Enrique Peña Nieto se creía –yo, al menos– que habíamos llegado al límite del descrédito de políticos y sus partidos, pero conforme avanza el sexenio y a menos de 1 año de que se elija al próximo presidente de la República, la desconfianza, el rechazo y el desánimo ha crecido todavía más entre los mexicanos por la inmoralidad y el cinismo de los gobernadores y sus camarillas, quienes pretenden el poder aunque éste represente el descrédito y la vergüenza, pues están dispuestos a gobernar a cualquier costo. Por ejemplo, sin importarles el creciente abstencionismo ni las bajas tendencias del voto que representan, los políticos están dispuestos a “gobernar” con sólo el 10 por ciento de las preferencias electorales o alcanzar apenas una aceptación entre la población de 4 o 5 por ciento, lo que confirma su cinismo y el hartazgo que siente por ellos la población.
Es sin duda un grave problema para todos: la frustración en la población por no sentirse representada y quienes pretenden gobernar nadie los acepta ni los quiere. Un ejemplo es lo ocurrido en el Estado de México, en donde el priísta Alfredo del Mazo es declarado ganador con apenas el 18 por ciento del total del voto de los mexiquenses con posibilidades de sufragar (hubo una abstención de casi el 50 por ciento) y a eso hay que agregar que el Partido Revolucionario Institucional tuvo una alianza con tres partidos más, lo que significa que sólo el Revolucionario Institucional (que no es ni lo uno ni lo otro) apenas hubiera alcanzado el 10 por ciento.
Y aunque las razones de este desprecio de las mayorías hacia los políticos y sus pandillas son muchas, las más lamentables son la corrupción, el enorme gasto público que consumen, las mentiras, los abusos, el cinismo, la desigualdad, la injusticia, la impunidad y, por supuesto, la pobreza extrema en que el poder político mantiene a la mayoría de la población.
En los señalamientos de abusos, corrupción y negligencia no podemos dejar a un lado a las autoridades electorales, principalmente el Instituto Nacional Electoral (INE) que preside el priísta Lorenzo Córdova, quien –a pesar del despilfarro de miles de millones de pesos de dinero público que gasta anualmente– no ha podido limpiar ni transparentar los procesos electorales, los cuales siguen llenos de vicios y corruptelas ante unas autoridades complacientes, sumisas y cómplices.
Bajo esas condiciones, ahora el discurso de políticos y dirigentes de partidos ha virado hacia las alianzas y coaliciones; algunos otros prefieren hablar de candidaturas independientes –aunque de independientes no tengan nada–, con el propósito de obtener más votos que les permitan mantener el poder y con éste controlar la llave que abre las arcas públicas, de donde se sirven a discreción.
De esa corrupción gubernamental hay muchos ejemplos. Baste mencionar sólo los más ilustrativos, como son los gobernadores acusados de corrupción, algunos presos y otros prófugos: Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Guillermo Padrés (Sonora), César Duarte (Chihuahua), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas), Rodrigo Medina (Nuevo León), Andrés Granier (Tabasco) y muchos más que no han pisado las cárceles no porque no lo merezcan, sino porque están protegidos por quienes los sucedieron en el poder.
En medio de esta tragedia que partidos y políticos han metido al país, y con un vacío de poder que ya se extiende por todo el país, arranca la disputa presidencial para 2018, en donde todos los partidos buscan alianzas para apoderarse de la Presidencia de la República y desde ahí seguir con el saqueo de las arcas públicas.
Entre esas alianzas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que dicen que algún día fue de izquierda y ahora sólo representa intereses particulares y económicos, es el más activo con el propósito de mantener el registro y seguir en el juego político para recibir financiamiento público.
La alianza natural del PRD será con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien lanzará su “candidatura independiente” y una vez que obtenga el millón de firmas que necesita, negociará con el Partido de Acción Nacional para ir como un candidato de unidad y enfrentar con mayor fuerza al PRI, pero sobre todo al candidato de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien es el aspirante a vencer.
El PAN tendrá que resolver primero sus disputas internas, en las cuales todo hace parecer que será Ricardo Anaya, presidente del partido, quien se impondrá a la exprimera dama Margarita Zavala, quien en sus aspiraciones carga con dos pecados: los niños muertos de la Guardería ABC y su marido Felipe Calderón. Una vez resuelta la candidatura panista, éstos estarían dispuestos a ir a una encuesta para disputar con Mancera la candidatura de unidad.
En el PRI, después de su discutido “triunfo electoral” en el Estado de México andan muy optimistas; sobre todo su ocurrente presidente Enrique Ochoa, quien cree que con las rémoras de partidos que lo rodean les alcanzará para mantener el poder en 2018. Pero hasta el bromista Ochoa sabe que el candidato a vencer es López Obrador.
En Morena piensan que la tercera es la vencida y que su candidato Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de la República; al menos así lo marcan hasta las encuestadoras más reaccionarias (acaso hay otras), que han hecho grandes fortunas con los procesos electorales, pues la mayoría de ellas se inclinan ante el mejor postor.
Sin embargo, la aparición de la única y verdadera candidata independiente podría estropearle los votos a Morena. Se trata de la candidata indígena nahua María de Jesús Patricio Martínez, oriunda de Tuxpan, Jalisco, a quien eligió el Congreso Nacional Indígena para contender en 2018 por la Presidencia del país. Es sólo con ella y lo que representa con quien López Obrador debería aliarse y brindarle todo el apoyo para que sea la primera mujer, y además indígena, que gobierne este país. Aunque para lograr esta alianza se necesita humildad y demostrar que buscar el poder no es un objetivo en sí mismo, sino la transformación del país en una verdadera democracia, sin abusar del cargo público y mucho menos del dinero del erario, y de una vez por todas acabar de golpe con los tradicionales políticos corruptos.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]
