Mathieu Tourliere - Contralinea
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La activista oaxaqueña Bettina Cruz
Velázquez se muestra categórica: las empresas ponen sus intereses
comerciales y sus inversiones por encima de los derechos de las
poblaciones locales y México atrae inversiones extranjeras “precisamente
porque no se respetan los derechos humanos”.
La profesora indígena recibió amenazas de muerte por su activismo
contra el proyecto eólico en la región del Istmo de Tehuantepec, uno de
los casos destacados en el informe final sobre México del Grupo de
Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, el cual fue
presentado durante el consejo de derechos humanos de la ONU el jueves
pasado.
Este documento determinó que el gobierno mexicano incumplió con sus obligaciones, ya que no garantiza el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, además de que no logra proteger a los defensores de derechos humanos y tampoco vigila ni sanciona los abusos de las empresas.
Un grupo de organizaciones y defensores de derechos humanos urgió hoy
al gobierno mexicano a aplicar las recomendaciones de los expertos
–quienes visitaron el país en septiembre pasado–, y expresaron su
decepción respecto al informe. Tenían mayores expectativas respecto al
tono y al contenido del documento.
Karla Hudlet Vázquez, representante en México del Centro de
Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), deploró que los
expertos abordaron “pocos casos” –apenas seis de los 61 casos de abusos de empresas que
un grupo de organizaciones de la sociedad civil aportó durante la
visita–, no entraron de fondo en los ataques directos perpetrados contra
defensores de derechos humanos y dejaron de lado los proyectos
turísticos, varios de los cuales se llevan a cabo en detrimento de las
poblaciones locales.
“En México las empresas no tienen interés en los derechos humanos, no
hay compromiso político”, lamentó la activista, quien llamó al sector
privado a redirigir más sus acciones de responsabilidad social hacia los
derechos humanos y menos hacia la filantropía.
Según Alicia Bustamante, pobladora de la comunidad de San Francisco
Xochicuautla, en el Estado de México, el grupo de expertos pudo abundar
más en los impactos ambientales de los megaproyectos y en defender con
mayor firmeza los derechos de los pueblos indígenas.
Otra práctica condenable que adoptan algunas empresas y que no
aparece en el informe de los expertos es la contratación de sicarios y
otros grupos paramilitares para reprimir las iniciativas de resistencia,
añadió Cruz.
“Los gobiernos del PRI utilizan a los trabajadores de la
Confederación de los Trabajadores Mexicanos (CTM) como grupo de choque”,
sostuvo la integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.
Ignacio del Valle, activista de Atenco, en el Estado de México,
añadió que además de la CTM, el PRI suele desplegar a miembros de
Antorcha Campesina para reprimir los movimientos sociales.
“La Ley no vale”
Al presentar la postura de la sociedad civil sobre el informe,
representantes de organizaciones denunciaron la impunidad que protege
los abusos perpetrados por las empresas contra las comunidades, ya sea
por casos de contaminación ambiental, acciones de hostigamiento –e
incluso asesinatos– o negativa en acotar decisiones jurídicas.
Bettina Cruz recordó que en el caso del parque Energía Eólica del
Sur, las comunidades lograron que la justicia determinara la suspensión
definitiva del proyecto en diciembre de 2015; sin embargo, esta decisión
fue cancelada en agosto pasado. “La ley no vale”, lamentó la activista.
María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el
Desarrollo Comunitario (IMDEC), denunció por su parte que la
contaminación extrema del río Santiago tiene su origen en la
permisividad de las autoridades, las cuales no sancionan ni vigilan a
las 300 empresas que vierten aguas industriales en el río.
En su informe, los expertos lamentaron que la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) cuenta con apenas 300 inspectores,
quienes deberían monitorear a más de 200 mil empresas potencialmente
contaminantes en el país.
Mario Luna, activista yaqui que fue encarcelado durante un año por
oponerse a la construcción del Acueducto Independencia, declaró que la
secrecía que rodea la renegociación del Tratado de Libre Comercio para
América del Norte (TLCAN) demuestra el “desprecio real” con el que
gobierno mexicano considera los pueblos indígenas.
Abundó: “Hay regiones, recursos y conocimientos que se están
negociando, mucho de ellos se encuentran en nuestros territorios y
nosotros no estamos participando de ninguna manera (…) excluyen a los
principales interesados, que son los pueblos”.
Fuente: Contralinea
Fuente: Contralinea
