25 junio 2017 | Gloria Leticia Díaz | Proceso
Al menos 51 detenidos durante la investigación del caso Ayotzinapa presentaron indicios de haber sido torturados, encontró una investigación de la ONU. Y pese a que el gobierno mexicano supo de esta indagatoria, mantuvo su versión de que el proceso judicial fue limpio e incluso arremetió contra los funcionarios que quisieron llevar justicia al caso de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Días antes de que César Alejandro Chávez Flores fuera relevado de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) por negarse a modificar su dictamen sobre las irregularidades cometidas por quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, recibió en sus oficinas un informe sobre el caso Ayotzinapa elaborado por personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Con el número de folio de identificación OACNUDH/REP 229/2016, el reporte fechado el 6 de septiembre de 2016 —siete días antes de que el visitador fuera sustituido— por el representante del organismo en México, Jan Jarab, es una aportación a la indagatoria que en su momento integró Chávez Flores sobre presumibles actos de tortura contra detenidos, así como por las actuaciones irregulares de Zerón.
La investigación es contundente: de los más de 100 procesados por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, personal de la ONU tuvo acceso a 63, de los cuales en 51 casos "la OACNUDH dispone de indicios sobre la posible existencia de tortura”, y de éstos, en 37 —entre ellos una mujer— hay "fuertes elementos de convicción” de que ocurrió ese ilícito.
"La plena vigencia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en este caso, que ha puesto a prueba la capacidad y la voluntad del Estado mexicano en materia de derechos humanos, sólo será posible si de manera meticulosa y apegada a derecho se deslindan cada una de las responsabilidades en las que funcionarios públicos pudieran haber incurrido, tanto en la ejecución de los hechos como durante los siguientes meses durante la investigación de los mismos”, considera Jarab en el documento obtenido por este semanario a través de una solicitud de información a la PGR.
Con copia para el entonces subprocurador de Derechos Humanos, Éber Betanzos, el informe entregado a Proceso está testado en 232 partes: esto significa que hay palabras o nombres, párrafos y pies de página ocultos.
El argumento para testar la información es que su publicación pone "en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física” u obstruye "la prevención o persecución de los delitos”.
Con base en interrogatorios a detenidos, familiares y testigos de los arrestos, así como de la revisión de expedientes, el reporte sostiene que en los 37 casos en que se focalizó la investigación "los actos de tortura, tanto física como psicológica habrían sido realizados por Policía Federal, Policía Federal Ministerial y/o por elementos de la Secretaría de Marina”.
De manera específica 24 detenciones fueron llevadas a cabo por efectivos de la Policía Federal Ministerial —cuatro de ellas en colaboración con la Marina, de acuerdo con los reportes oficiales— y de manera inequívoca en esos casos "una de las autoridades señaladas directamente por los actos de tortura tanto ante el juez de la causa como ante la OACNUDH” sería dicha corporación, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal, dirigida entonces por Zerón.
En esos hechos existen señalamientos de que "los Ministerios adscritos a la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) habrían tenido un papel activo en la comisión o el encubrimiento de actos de tortura”.
DETALLES, NOMBRES, RESPONSABLES
Por las denuncias recabadas por el equipo de investigación de la OACNUDH, los métodos de tortura utilizados en el caso Ayotzinapa fueron "violencia sexual: toques eléctricos en genitales, pezones y ano, penetración anal; golpes en diferentes partes del cuerpo con puños, patadas y armas; asfixia a través de la colocación de bolsas de plástico en la cabeza; ahogamiento a través de la colocación de trapos en la cara seguido de derramamiento de agua; toques eléctricos en múltiples partes del cuerpo; amenaza de muerte contra la persona detenida y su familia, en ocasiones a través de fotografías de familiares”.
El equipo de investigación también registró "actos de desnudez forzada, amenazas de ser arrojado desde un helicóptero, ‘envoltura’ (acto de enrollar a la persona en su totalidad con una manta dificultando la respiración y el movimiento) y ‘encintamiento’ (que consiste en cubrir con cinta adhesiva a la persona)”.
El documento hace referencia al caso de una persona, cuyo nombre fue censurado por la PGR, que murió el 27 de octubre de 2014 a causa de las torturas infligidas por elementos de la Marina.
Esa persona estaba en un vehículo con otras dos, también detenidas por marinos. La persona supuestamente portaba armas y "fue perseguido por uno de los efectivos militares”, según la puesta a disposición firmada por los marinos citada por los investigadores de la OACNUDH.
De acuerdo con las indagatorias del personal de la ONU y las declaraciones preparatorias de los involucrados en el caso Ayotzinapa, la tercera persona supuestamente detenida con ellos "y producto de la asfixia por bolsa y diversos golpes habría fallecido en el jardín del edificio donde los tres fueron detenidos y posteriormente torturados”.
El documento entregado a Proceso censuró la descripción que el análisis de la ONU hace de las condiciones de salud en que se encontraban los dos detenidos, en tanto que del destino del tercer individuo se indica en un párrafo en el que se testó el nombre: "Si bien la PGJE de Morelos fue la instancia que procedió al levantamiento del cadáver de (testado), hasta el momento la OACNUDH no ha tenido conocimiento de la apertura de ninguna investigación por las torturas que habrían ocasionado su fallecimiento. De acuerdo con la PGJE de Morelos (testado) se habría suicidado”.
EL MURO GUBERNAMENTAL
El reporte de la OACNUDH adjunta dos acciones urgentes remitidas al Estado mexicano en febrero y julio de 2015, firmadas por presidentes y relatores de los grupos de trabajo sobre Detención Arbitraria, Mads Andenas; sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ariel Dulitzky; sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns; sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, y sobre la Tortura, Juan Méndez.
Aunque los documentos originales están disponibles en internet, fueron testados por la Unidad de Transparencia de la PGR, que omitió, entre otras cosas, los nombres de los denunciantes de violaciones a los derechos humanos ante las instancias de la ONU. Ellos son Sidronio Casarrubias, señalado de formar parte de Guerreros Unidos; los agentes municipales de Iguala y Cocula Verónica Bahena Cruz, Santiago Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos, Alejandro Lara García, Édgar Magdaleno Navarro Cruz y Jesús Parra Arroyo; y los inculpados Marco Antonio Ríos Berber, Raúl Núñez Salgado, Agustín García Reyes, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa y Carlos Canto Salgado.
Sobre la diligencia encabezada por Zerón de Lucio, el 28 de octubre de 2014, y no reportada en el expediente, la OACNUDH recuerda que pese a que el 27 de abril de 2016 Zerón intentó involucrar a funcionarios de esa oficina de la ONU como testigos de sus actuaciones, éstos no las presenciaron.
Sin embargo, en apego a su mandato, la OACNUDH hace una serie de observaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Agustín García Reyes (nombre que está tachado en la versión pública de la PGR), quien fue llevado por Zerón de Lucio al río San Juan.
