Napoleón Gómez Urrutia - Opinión
La Constitución Política
de México acaba de cumplir 100 años. Desde su origen en 1917 los
derechos y las aspiraciones de los mexicanos para obtener una mayor
libertad, una mejor democracia y una verdadera y transparente justicia
han sido una lucha constante para evitar retrocesos que impidan alcanzar
las metas que surgieron a partir del conflicto armado que representó la
Revolución Mexicana, la cual fue y ha sido reconocida como la primera
en el siglo XX y una de las más importantes del mundo por sus alcances
políticos, económicos y sociales.
También las privatizaciones de las empresas, de los organismos
públicos e instituciones bancarias, así como la venta y fractura de las
compañías nacionales encargadas de extraer los recursos naturales no
renovables del subsuelo como el petróleo, el gas y los productos
minerales, o bien la generación, transformación y distribución de la
energía eléctrica.
Sin duda alguna, desde que se introdujo en México el liberalismo
económico, a principios de la década de los 80 y en los gobiernos que le
siguieron durante los pasados 30 años, el contenido, el fondo y los
alcances sociales han cambiado dramáticamente para dar paso cada seis
años al surgimiento de una nueva camada de corporaciones y empresarios
multimillonarios que por medio de la adquisición de empresas antes
propiedad del Estado, que fueron privatizadas sin el consentimiento de
la nación, o por medio de concesiones y permisos, se han vuelto capaces
de dominar el presente y el futuro de los mexicanos.
Teóricamente los derechos políticos y humanos de los ciudadanos están
garantizados, o más bien plasmados en la Constitución. Algunos de ellos
se respetan, mientras otros se violan frecuentemente bajo el amparo de
todo un sistema de corrupción y de abusos de los más privilegiados, a
pesar de que todo se lo deben al pueblo de México. Es más, muchos de los
cambios y reformas constitucionales se han realizado precisamente para
asegurar la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, porque
si se tratara de dar más justicia, libertad y democracia, entonces no se
hubieran efectuado tales modificaciones legales, sino simplemente se
habría aplicado correctamente la ley con transparencia y equidad.Las transformaciones que se han efectuado en materia constitucional han actuado como un engaño y una traición al pueblo mexicano en muchos de los casos. Todo para consolidar el proyecto neoliberal que Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari adoptaron, el cual fue continuado por los gobiernos que siguieron hasta el actual, consolidando la impunidad y la corrupción en México. Por ello también el descrédito y la pérdida de influencia de nuestro país, la cual se ha deteriorado en todo el mundo. Y por eso los vecinos de Norteamérica se han querido aprovechar, ante las debilidades internas de un modelo y una clase política que ya no dan para más.
Después de 100 años, los políticos, los legisladores y todo el
pueblo de México tenemos la obligación de revisar meticulosamente las
reformas efectuadas, especialmente los profesionales del derecho, para
evaluar los objetivos que se propusieron al momento de realizar los
cambios y frente a los resultados obtenidos. Pero no es posible aceptar y
actuar con pasividad ante una pobreza creciente que ya abarca a más de
la mitad de la población, o frente a una explotación laboral con
salarios de los más bajos de América Latina, o con una infraestructura y
una industria manufacturera –salvo pocos sectores– débil y desintegrada
en el mercado interno, o bajo una inseguridad y una corrupción
incontrolables.
Los mexicanos de hoy tenemos la obligación moral con las futuras
generaciones de no heredarles un país en crisis y amenazado por la
prepotencia y la arrogancia externas, o por una falta de visión
nacionalista de nuestros gobernantes, que no saben o no pueden defender
la soberanía y la autonomía de la patria, ya sea por carecer de una
visión de estadistas, o porque la vida interna del país ha estado llena
de corruptelas e incompetencias que no les permiten enfrentar las
amenazas y las ofensas del presidente estadunidense con fuerza y
dignidad, porque podrían ser exhibidos.
El que obra bien tiene la conciencia tranquila y al que obra mal se
le pudre. El pueblo se pregunta de qué lado están nuestros gobernantes y
qué nos depara el futuro ante esta situación tan incierta. Muchos
políticos no hacen amistades, sino complicidades y forman grupos de
poder para protegerse de posibles ataques derivados de sus debilidades y
de las ambiciones por ellos mismos desatadas.
Hoy el principio de la unidad nacional y la fuerza de la Constitución
original deben prevalecer por encima de intereses mezquinos o de
amenazas groseras. El gobierno y los empresarios cómplices que más se
han beneficiado del saqueo de los recursos naturales y de la mano de
obra del país tienen una grave y delicada responsabilidad. En las
circunstancias actuales, no hay lugar para timoratos, pillos o ladrones,
ni para mantener la corrupción y la impunidad, pues si las cosas no
cambian para bien de la mayoría del pueblo mexicano, entonces la
historia los juzgará y los sustituirá sin ninguna consideración. Así es,
así ha sido y seguramente así sucederá.