La Jornada - Editorial
El anuncio de
diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno del presidente
Nicolás Maduro fue rebasado en forma súbita por la decisión de la Mesa
de la Unidad Democrática (MUD, que agrupa a la mayor parte de las
facciones opositoras) de rehusarse a participar en un encuentro con
representantes gubernamentales en la forma en que se había acordado con
la mediación del papa Francisco.
En cambio, en el seno de la Asamblea Nacional, donde tienen amplia mayoría, los legisladores antichavistas iniciaron un juicio en contra de Maduro con varios argumentos penales y políticos, entre ellos uno particularmente pueril: el
abandono del cargo, en razón de una gira del gobernante por varios países con el propósito de estabilizar los precios del crudo y que incluyó una visita a Roma, donde se reunió con el pontífice para abordar la crisis política que enfrenta.
La reacción gubernamental consistió en convocar al Consejo de Defensa de la Nación para hacer frente al
golpe parlamentario, como Maduro definió el comienzo del juicio legislativo en su contra.
Tal es la más reciente vuelta de tuerca en el drama venezolano, luego que la semana pasada diversos tribunales suspendieron la recolección de firmas que realizaba la MUD para realizar un referendo revocatorio del mandato presidencial debido a que detectaron centenares de miles de falsificaciones en los listados. La crispación aumentó el pasado domingo cuando centenares de simpatizantes del gobierno irrumpieron en la sede legislativa para tratar de impedir la discusión sobre el proceso en contra del jefe de Estado.
Maduro se encuentra acorralado y en una situación de debilidad sin precedente. En ello no sólo incide la beligerancia opositora, sino también el declive de su popularidad, debido a una situación económica que golpea a vastos sectores de la población y que se traduce en carestía, escasez de bienes, crisis hospitalaria y una regresión generalizada en los avances sociales logrados desde 1999, cuando Hugo Chávez asumió la Presidencia por primera vez. Tal situación, a su vez, se explica por la caída de los precios internacionales del crudo, que dejaron al régimen chavista sin márgenes para mantener sus políticas de bienestar social. Pese a todo, el bando bolivariano parece conservar cohesión interna, como deja entrever el inequívoco respaldo de las fuerzas armadas al gobierno, expresado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien ayer acusó a la oposición de buscar justificaciones para una intervención extranjera.
Los opositores, por su parte, tampoco las tienen todas
consigo: por un lado, el fracaso del diálogo con el gobierno dejó al
descubierto una fractura en el seno de la MUD, entre el presidente de la
Asamblea Legislativa, Henry Ramos Allup, y el gobernador del estado de
Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles; por el
otro, los desaires opositores al papa Francisco y a otros mediadores
foráneos, como el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez
Zapatero, colocan al bando antichavista en el camino del aislamiento
internacional y amenazan con erosionar su imagen democrática,
empeñosamente cultivada por la mayor parte de los medios informativos
occidentales.
En tales circunstancias, cuando la confrontación política amenaza con
desbordarse y derivar hacia la violencia, resulta imperativo que ambas
partes hagan esfuerzos de contención, que la oposición deponga su empeño
maximalista en acabar con el régimen y reoriente sus exigencias a
objetivos más realistas y perentorios, como medidas para aliviar la
crisis económica. Por su parte, el gobierno de Maduro tendría que
mostrar disposición a ceder y a aceptar la participación opositora en la
formulación de soluciones viables para salir del atolladero en el que
se encuentra Venezuela.