La Jornada - Editorial
La firma calificadora Standard and Poor’s (S&P) anunció ayer
que redujo de estable a negativa la calificación de la perspectiva de
impago de la deuda pública mexicana y advirtió que si el gobierno
federal no reduce sus pasivos podría decretar una nueva degradación.
La revisión de la perspectiva de las calificaciones a escala global refleja una posibilidad de al menos una en tres de que bajemos la calificación en los próximos 24 meses si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses presenta un deterioro superior a nuestras expectativas, y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante los choques adversos, señaló la agencia.
débil aplicación de la leyy las
debilidades en la gobernabilidadhan derivado en una
tasa de crecimiento decepcionantea pesar de las reformas estructurales. S&P apuntó que en la última década la deuda pública no ha dejado de crecer en relación con el producto interno bruto (PIB), y en la actualidad
el gobierno tiene menos margen de maniobra fiscal que hace 10 años, cuando era de 28 por ciento del PIB. Esa proporción es ahora de 45 por ciento y la calificadora prevé que llegará a 47 o 48 por ciento para 2018-2019.
El balde de agua fría arrojado por la empresa estadunidense –una de
las tres principales calificadoras del mundo, junto con Moody’s
Investors y Fitch Ratings– viene precedido por una caída en las
estimaciones del crecimiento económico de este año, originalmente
proyectado en más de 3 por ciento y que ahora se ha fijado, dependiendo
de la fuente, en 2 por ciento o menos, y constituye una señal de alerta
que debiera ser tomada en cuenta por las autoridades económicas del
país.
El hecho esencial es que las reformas estructurales aprobadas a
finales del sexenio anterior y en los primeros 14 meses del actual no
sólo no han detonado el crecimiento económico que México requiere, sino
que han causado una fuerte polarización nacional y han derivado, como es
el caso de la educativa, en una marcada agudización de los conflictos
sociales.
Es cierto que parte de la explicación de la naturaleza
contraproducente de tales reformas se encuentra en el mal momento
económico internacional, particularmente por lo que hace a la caída de
las cotizaciones del petróleo y al insifuciente crecimiento en diversas
regiones del mundo. Pero es evidente que las modificaciones
constitucionales de corte neoliberal implantadas en el marco del Pacto
por México se traducen en un incremento de la desigualdad, la pobreza y
la desprotección jurídica de la porción mayoritaria de la población y,
con ello, en un desasosiego social que inevitablemente reduce las
expectativas de recuperación económica, incluso si el entorno exterior
fuera menos desfavorable que el actual.
Ha de constatarse, pues, que el dogma contenido en el llamado
consenso de Washingtonha sido llevado demasiado lejos en el país y que ha desembocado en un callejón sin salida. La propuesta de generar riqueza en las cúpulas para que se derrame poco a poco al resto de la sociedad, no ha funcionado: la riqueza generada, lejos de socializarse, se concentró en unas cuantas manos y ahora, para colmo, ya no se genera. Es tiempo, en consecuencia, de cambiar el orden de prioridades, abandonar la estrategia que ha favorecido a los capitales nacionales y transnacionales y colocar el bienestar de la gente como preocupación central de la política económica.