“Reservado”, el expediente de
corrupción detectada en el área deportiva durante el rectorado de José
Narro. El primer responsable, Severino Rubio, llegó a la Secretaría de
Salud semanas antes que el propio exrector
Por 12 años, o hasta que termine el
proceso de “deliberación” –que podría durar ese mismo tiempo–,
permanecerá oculta la información relacionada con graves irregularidades
en el ejercicio de 20 millones de pesos durante el rectorado de José
Narro.
Mauricio Romero - Contralinea
Tal
es la resolución a la que llegó el Comité de Información de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya bajo el rectorado de
Enrique Graue, que confirmó la reserva de todos los documentos
desprendidos de la auditoría DGRIRP/DERE/01/2015 practicada por la
propia casa de estudios a la entonces llamada Dirección General de
Actividades Deportivas y Recreativas (Dgadyr), cuyo responsable era
Severino Rubio Domínguez, hoy funcionario, como Narro, de la Secretaría
de Salud.
Auditoría, cloaca destapada
En
3 meses el maestro Antonio Nápoles Vázquez, bajo la supervisión del
contador Carlo U Navarrete Arellano, escudriñó los ingresos y, sobre
todo, los egresos de la Dgadyr “con motivo de la Olimpiada Nacional
2014”. En muchos casos, nada tuvieron que ver con la justa deportiva.
Por la organización de las competencias
de seis disciplinas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade), en ese momento a cargo de Jesús Mena, entregó 20 millones 700
mil pesos al departamento de Rubio Domínguez.
Del 13 de octubre de 2014 al 15 de enero
de 2015 la Dirección de Evaluación y Revisiones Especiales revisó el
expediente en el que se da cuenta de desvíos, sobreprecios, facturas hechizas; de millonarios negocios por gracia no sólo de la adjudicación directa, por dedo,
sino incluso carentes de contrato y registros contables; de recursos de
la Universidad y del presupuesto de 2015 de la propia Dgadyr utilizados
para cubrir el despilfarro ocurrido el año anterior.
Un total de 13 millones 48 mil 173.10
pesos se gastaron en “hospedaje, alimentación y reuniones de trabajo” y
“en ningún caso el responsable del Departamento de Compras [Érika
Minerva Alamilla Carrasco] ni el secretario Administrativo [José Luis
Marín Correa] elaboraron los contratos respectivos, por lo que no se
regularon las condiciones de los servicios prestados y su costo”.
No hubo “certeza de cuál fue el número
exacto de las personas a las que se les dio el servicio [de hospedaje],
por ende si efectivamente se pagó el precio correcto por el mismo”, ni
se alimentó a todos los atletas: sólo a los equipos de hockey sobre
hielo y canotaje.
Por su parte, Maximiliano Aguilar
Salazar, director de Deporte Representativo, registró menos
participantes (atletas, entrenadores, federativos, delegados,
auxiliares, jueces) que la propia Secretaría de Educación Pública, ente
superior de la Conade.
Así, 326 mil 372.98 pesos desaparecieron en tres facturas cuya veracidad no se pudo comprobar.
También, 1 millón 81 mil 225.62 pesos se
erogaron en 150 pacas para las competencias de tiro con arco, de las
cuales 100 no se utilizaron y 84, “por un importe [de] 509 mil 207.34
pesos”, acabaron “en el domicilio del ingeniero Gabino González, miembro
del Consejo Directivo de la Asociación de Tiro con Arco en la UNAM”,
comerciante de artículos deportivos, incluidas pacas.
Por decisión directa de José Luis Marín, 519 mil 613.88 pesos se fueron al bolsillo
de Isaac Luna Cabañas por organizar tres ceremonias de premiación, sin
contrato de por medio. El mismo funcionario prefirió rentar una cámara
por 51 mil 272 pesos en vez de comprarla por 45 mil.
Asimismo, 341 mil 736 pesos recibió la
Empresa Mundial de Servicios Eures, SA de CV, por concepto de “servicios
de logística”. Pero no hay “evidencia del trabajo realizado por la
empresa”.
El Comité de Información de la UNAM confirmó la reserva por un periodo de 12 años o por el transcurso en que estén vigentes las causas que originaron la reserva”
Dalitex, SA de CV, le revendió 2 mil 500
gorras a la Dgadyr: la empresa michoacana las adquirió en la calle
Isabel la Católica, en el Centro de la Ciudad de México, a 52.20 pesos
cada una, y cobró por ellas 87.20. Peluchísima, S de RL de CV, fue más
allá: vendió 2 mil 500 llaveros a 82.40 pesos por unidad, cuando su
costo real era de 22.23. Los sobreprecios fueron de 87 mil 500 y 152 mil
925 pesos, respectivamente.
A fines de 2014, con la Olimpiada atrás, y aprovechando la millonaria ayuda de la Conade, Maximiliano Aguilar y José Luis Marín de plano gastaron 829 mil 232 pesos en pants,
rompevientos y mochilas; una “comida para la convivencia entre
exjugadores de futbol americano de la ENEO [Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia] y los jugadores de Pumas CU Liga Mayor”, y en
la “alimentación y hospedaje del equipo de baloncesto”, cuando había
dejado de atender a la mayoría de los competidores de la Olimpiada.
Además de la “falta de transparencia en
el ejercicio de los recursos autorizados”, las consecuencias podrían
traducirse en “sanciones a los funcionarios y empleados universitarios
involucrados en el incumplimiento”, así como en “una posible solicitud
por parte de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría
Superior de la Federación a la Conade para la suspensión de recursos
[apoyos] en ejercicios subsecuentes”.
Eso y más quedó asentado en la auditoría
firmada en primer lugar por Humberto Moheno Diez, director General de
Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, mismo que
solicitó su ocultamiento del escrutinio público.
Candado del Comité de Información
¿Qué ocurrió internamente una vez
conocidas las irregularidades, firmada y sellada la auditoría? Eso no se
debe saber, dictaminó el Comité de Información de la UNAM, presidido
por José María Serna de la Garza.
Esconder la suciedad. Ocultar las (nulas) consecuencias oficiales por lo descubierto fue la resolución.
Ni una sola palabra ha expresado
públicamente la Universidad sobre el tema ni de los responsables. El
silencio, impulso de la impunidad, traspasó el rectorado de Narro para
hacer eco en el de Enrique Graue.
Tras una primera respuesta negativa a la petición hecha por Contralínea
de acceder a los documentos que sobrevinieron a la fiscalización, con
forme al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de
México, el titular de la Unidad de Enlace para Acceso a la Información,
Eduardo Maristany Cáceres, remitió el caso al Comité de Información,
colegiado competente para analizar las contestaciones adversas a las
solicitudes de acceso a la información.
El Comité tenía la misión de resolver si
confirmaba la clasificación hecha por Humberto Moheno y negar el acceso
o modificarla y conceder la entrega de una versión pública de la
información solicitada, o bien, revocarla y conceder el acceso total.
Entre las tres opciones eligió la
primera: confirmó la reserva de la información “por un periodo de 12
años o por el transcurso en que estén vigentes las causas que hayan dado
origen a su reserva”, concluyó el colegiado integrado por Diana Cecilia
Ortega Amieva, secretaria Técnica; Eduardo Cayetano Cacho Silva,
responsable del Área Coordinadora de Archivos; Gabriel Echávez Aldape,
Rosa María Mirón Lince, Óscar Armando García Gutiérrez, Ramón Gutiérrez
Castrejón, Issa Luna Plá y Ana Elsa Pérez Martínez como miembros
titulares, y presidido por Serna de la Garza.
“Los documentos solicitados consistentes en la totalidad de los documentos relacionados con la auditoría DGRIRP/DERE/01/2015, [la cual] fue practicada en el ejercicio 2015 y la observación número 10 de la auditoría de folio 1662014 (otra
fiscalización pedida), están clasificados como información reservada
toda vez que a la fecha se encuentran en trámite, es decir en proceso de
atención por el área auditada y por ende los elementos que la conforman
están en proceso deliberativo, hechos que las clasifican como
información reservada”, sentenció el Comité en la resolución CIR/01/2016
emitida el 29 de enero de 2015.
“La clasificación de la información como
reservada es temporal”, aclaran los funcionarios: por 2 sexenios o lo
que dure el proceso interno. “Pero pueden pasar muchos más”, dice a Contralínea el consejero universitario Alfonso Bouzas Ortiz.
El miembro del Instituto de
Investigaciones Económicas y del Sistema Nacional de Investigadores
señala que el argumento utilizado no es nuevo, que varios años puede
durar la opacidad so pretexto de que no se ha concluido el proceso.
“Una auditoría debe ser pública, en
principio. Puede haber observaciones en curso, pero es un documento
final”. Se debe conocer qué ocurre, no se puede dejar privada para que
quienes hayan sido afectados también puedan expresarlo, insiste el
doctor en derecho.
Pero, según el Comité de Transparencia,
la difusión de hechos que perjudicaron el patrimonio de la UNAM “podría
[a su vez] afectar aspectos patrimoniales” de la misma Universidad.
Además, la revelación de los documentos
relacionados a la auditoría aplicada a la Dgdyr por la Olimpiada 2014
también implicaría “algún tipo de riesgo o afectación para la
Universidad o para algún miembro de la comunidad universitaria”, añadió,
pues, repite, “la auditoría integral solicitada se encuentra
actualmente en trámite ya que los elementos que las conforman están en
proceso deliberativo”.
Antes de que concluyera dicha
deliberación por parte de la Contraloría, el primer responsable de las
irregularidades descubiertas, Severino Rubio Domínguez, consiguió
acomodo en la Secretaría de Salud un mes antes del anuncio de la llegada
de José Narro a la misma dependencia.
Impunidad para los implicados
“Se informa que a partir del 1 de enero
del 2016 se incorporó como director de Educación en Salud el maestro
Severino Rubio Domínguez”, fue el aviso con el que recibieron el año
nuevo los jefes de enseñanza del sector salud.
Tan
sólo unos días antes había dejado su oficina de Ciudad Universitaria.
Se despidió, mas no dijo adiós. “Actualmente estoy de licencia sin goce
de sueldo en la UNAM”, dice por correo a Contralínea. Es decir,
que no fue despedido, ni corrido, ni castigado; que las puestas de la
Universidad siguen abiertas para cuando desee regresar.
El funcionario niega ser ya el director de Educación de la Secretaría ahora comandada por Narro Robles:
“El proceso de incorporación no lo he
terminado ya que debo presentar exámenes para acreditarme en la función,
aún estoy en procedimientos administrativos. […] Ya estoy asumiendo
tareas específicas y en apoyo a la Dirección General, pero aun no tengo
la aprobación definitiva del nombramiento. Comprende algunos cursos y
exámenes […]”, asegura; y admite estar “parcialmente en funciones a
partir del 16 de enero”.
Sobre la fiscalización y los hechos en
los que se le inmiscuyó en su carácter de director general de
Actividades Deportivas, Rubio Domínguez omite hablar. Solamente califica
a la auditoría como “un documento muy preliminar”, el cual fue
“utilizado de mala fe” por Contralínea, opina.
Severino Rubio asegura que “el dictamen
final” lo recibió en la “primera semana de septiembre [de] 2015, y que
“aún en febrero están en seguimiento [las] observaciones de [la]
Contraloría sobre el ejercicio de recursos [de la] Conade aplicados en
el 2015”.
Está terminado el proceso pero no. Por
un lado, la Contraloría y Rubio aseveran que todavía está en curso, al
contrario de Sebastián García Sarso, director general de Calidad de
Educación de la Ssa y jefe del exdirectivo universitario, quien le
aseguró a Miguel Badillo que la misma Contraloría de la UNAM le indicó
que Rubio Domínguez estaba libre de todo problema, por lo cual no habría
ningún impedimento para incorporarse a la secretaría.
Por su parte, José Narro Robles –quien
siempre ignoró las solicitudes de entrevista de este semanario, ni
siquiera con una respuesta negativa– apenas rechaza de mala gana los
cuestionamientos hechos sobre el tema antes de su asunción como nuevo
secretario de Salud del gabinete de Enrique Peña Nieto.
En el Museo de la Ciudad de México,
entre los apapachos de los seguidores de Jesús Ortega y Miguel Ángel
Mancera; mientras los flashes lo alumbraban y él agradecía con voz tersa
a quienes lo halagaban, el reportero, sin más, le espetó:
—Lo he buscado durante semanas, meses, doctor.
Narro Robles, cómodo entre los saludos,
asiente amable, como invitando con la mirada a continuar. Pero la
sonrisa se trastoca tras escuchar una palabra. El exrector arruga la
cara toda y tensa los hombros cuando escucha “auditoría”.
—Platique usted con los responsables
–rechaza con otra voz, dura–. Yo ya no soy rector desde hace tiempo
–evade vestido de corbata rayada en azul y oro.
—Pero la auditoría interna se hizo en el último año de su rectorado, doctor.
—¡Lo sé perfectamente!
—Entonces permítame sólo un par de preguntas, doctor.
—Yo no voy a decir nada. Platica con los responsables –niega sin ocultar su enfado.
—Pero usted, como rector, fue responsable…
—¡Yo no voy a decir nada! –corta de
tajo. La mirada del exrector ahora hierve mientras niega una y otra vez
con la cabeza a la vez que con la mano extendida aparta de enfrente al
reportero.
Ni Narro ni administración aclararon nada.
A pesar de la cerrazón, por otro lado se
supo que Severino Rubio, primer implicado, salió calladamente de la
Universidad para integrarse desde enero de 2016 a la Secretaría de Salud
como director de Educación en Salud. También se tiene conocimiento,
aunque tampoco se hayan anunciado los motivos, que Enrique Balp,
exsecretario de Servicios a la Comunidad y exjefe de Rubio, de igual
forma dejó su cargo.
Como si se hubiera tratado de un relevo común, los implicados abandonaron Ciudad Universitaria sin consecuencias encima.
Hasta el cierre editorial, aún aparecían
en sus puestos Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte
Representativo; José Luis Marín Correa, secretario administrativo; Erika
Minerva Alamilla Carrasco, jefa del Departamento de Compras.
José Narro se fue de la torre de
Rectoría. Llegó Graue, y dejó tranquilo a su antecesor, sin cuestionar
la impunidad y protección brindada a sus subalternos; permitió la
partida tranquila de Severino Rubio y de Enrique Balp; mantuvo en sus
cargos a los demás señalados. Pero no todo fue inacción y ocultamiento:
por lo menos la Dirección General de Actividades Deportivas y
Recreativas cambió de nombre y ahora se llama Dirección General del
Deporte Universitario.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
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Fuente: Contralinea