martes, 20 de octubre de 2015

La salud pública en venta; cifras de un despojo anunciado

En 2012, un extenso análisis del Fondo Monetario Internacional sobre el envejecimiento de la población, calificaba como “riesgo” el aumento de la esperanza de vida en el mundo. La institución internacional que reúne a 188 países, recomendaba a los gobiernos retrasar la edad de jubilación y recortar las prestaciones, ante el peligro de “que la gente viva más de lo esperado”, y por ende, haya que pagar más pensiones y prestaciones sociales. Según el FMI, la longevidad representa una seria amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas al disparar los niveles de endeudamiento. Y parece ser que México ha sido el primero de la clase en aplicar los métodos de mercado del Fondo, o al menos, eso se deduce escuchando la sapiencia y crítica de Víctor Ortega, quien ha trabajado más de la mitad de su vida en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pasando del azul intendente a secretario en el Comité Ejecutivo del Sindicato.
15 octubre 2015 | Fran Richart | Desinformémonos




Ahora, es un activista y estudioso a fondo de la deriva decadente de uno de los sistemas de salud pública que otrora era de los más importantes y estructurados del continente.

Entre subrogaciones y recortes, el IMSS cada año presenta un diagnóstico más grave y todo apunta que los desfibriladores para reanimar a la sanidad mexicana ya están en manos de los economistas y empresarios top, que con sus datos y predicciones negocian y planean cada día la fuerza de trabajo de la gente, eso que en nomenclatura común, llamamos vida.

“Pongamos a un derechohabiente común, un diabético que se encuentra en la etapa dos, de las cuatro que hay. Existe la instrucción que el paciente tiene que llegar hasta la etapa cuatro para que se le pueda atender y dar su medicamento. Es una de las políticas de ahorro del instituto”, explica Ortega, quien siempre trae consigo una pila de documentos oficiales y datos cuando hay que hablar del tema, y que complementa con su experiencia de 35 años en la dependencia que finalizó tras jubilarse en 2010.


Cifras del abandono

El Instituto ha sufrido en pocos años la externalización de servicios básicos como los análisis en laboratorios, rayos X, hemodiálisis, diálisis, servicio de ambulancias y de seguridad, y la eliminación de 30 medicamentos del cuadro básico para diabéticos, enfermos psiquiátricos e hipertensos, informa Ortega. A pesar de cada vez somos más y nos hacemos más viejos, sólo en 2014 se atendió a una población de 71 millones de personas, el estado “ahorra” y otorga cada vez más peso a los hospitales de referencia sin invertir en un servicio saturado y falto de personal.

Actualmente el IMSS sólo está cubriendo el 82 por ciento de sus plazas, que representa a unas 73 mil personas menos atendiendo, limpiando o cuidando. Con los 407 mil sindicalizados de base en la institución, toca a 175 derechohabientes por trabajador. Para que nos hagamos una idea del aumento de carga y aglomeración por pacientes, en 2010 era de 149 y en 2005 de 148.

En las últimas cifras proporcionadas por el IMSS a través de su informe de servicio de personal, se reportaron unas 460 mil consultas al día. “El gobierno quiere hacernos pasar por poco productivos. Según datos oficiales, un médico familiar que labora seis horas al día, atiende de media a 24 pacientes, dándole a cada paciente una consulta de 15 minutos, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eso, multiplicado por los 27 mil médicos generales que hay, salen a 648 mil. Si sumamos además a los especialistas, que son unos 35 mil, podríamos llegar al millón de chequeos diarios”.

Tras el botín

Ortega precisa, sin embargo, que la realidad de los profesionales de bata blanca y estetoscopio es de 35 pacientes al día. Una cifra que va a provocar paulatinamente que vaya disminuyendo el tiempo de las consultas a los siete minutos, y en consecuencia la calidad de éstas. No hay mejor manera, carraspea el activista, que saturar y abandonar un servicio público para cargárselo. Premisa que esperan en candeletas personajes como Víctor González Torres “Doctor Simi”, quien asegura tener un ejército de 50 mil médicos a 30 pesos el pase.

Ortega tiene claro que el sistema nacional de salud se está desfinanciando y desmantelando para dar paso a los grandes capitales que se frotan las manos en sólo pensar en el gran pastel de concesiones que pueden recibir. A parte de la empresas privadas del ramo como Médica Sur u Hospitales Ángeles, la familia Vázquez Raña, Grupo México con los Larrea y hasta los Salinas Pliego de TV Azteca, quieren entrarle al jugoso negocio de la salud en México. Y el presidente Enrique Peña Nieto ya está allanado el camino con su término “universalidad sanitaria”, que para muchos empieza a sonar que los trabajadores van a tener que cubrir sus gastos médicos y no la empresa para la que laboran.

Al menos, esa es la hoja de ruta de Funsalud, asociación civil creada por las grandes empresas del sector, que cabildean a políticos y gobierno para favorecer sus intereses. Antes de pasar a formar parte del gabinete federal, la actual secretaría de Salud, Mercedes Juan, era la presidenta de este lobby.

Privatizando el saqueo

El Instituto Mexicano del Seguro Social nace en 1943, “cuando se tuvo que dar a entender a los empresarios y patrones, que si sus trabajadores no tenían salud iban a perder productividad. No entendían porque tenían que pagar. Hasta Fidel Velázquez de la Confederación de Trabajadores de México se oponía a su creación”. Y es desde sus inicios, narra el ex intendente, empezó haber robos espantosos como los relacionados con comisiones personales con contratistas que reformaban instalaciones del Instituto. Es, no obstante, en el sismo trágico de 1985 cuando Ortega habla de un robo colectivo de 700 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le prestó al gobierno de México bajo la presidencia de Miguel de la Madrid. Parte de las reconstrucciones de hospitales e instalaciones se financiaron desde el fondo de jubilaciones del IMSS, y tanto el crédito como las jubilaciones desaparecieron, pasando a una política de “si quieres cobrar le quitamos dos ladrillos al hospital”. Tanto es así, que Ortega asegura que la remodelación del Hospital General de Zona No. 2-A Troncoso en Iztacalco, Edomex, continua en reformas desde 1985.

La llegada de Carlos Salinas Gortari en 1988 supone una estocada mortal a los fondos de jubilación de todos los trabajadores del país, especialmente para el IMSS, que acaban en cuentas de inversión bancarias. Creador del Sistema de Ahorro para el Retiro, Gortari abrió el paso a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), entidades financieras privadas que gestionan con operaciones de “alto riesgo” los ahorros para la vejez de millones de personas. “Si en 1997, con la ley en la mano nos daban a los jubilados el 60 por ciento de nuestro sueldo, con las Afores se quedó en 30. No contemplan la inflación por ejemplo, las comisiones son altas y si hay pérdidas solo se reparten entre los ahorradores”, comenta Ortega. Salinas sigue teniendo un pie en el Instituto, ya que su actual director, José Antonio González Anaya, es concuño suyo.

Con el presidente Vicente Fox llegó la privatización encubierta en forma de tragedia. “A través del director del IMSS de esa época, Juan Molinar Horcasitas, Fox subroga las guarderías y solo en ese año se abren 2 mil por todo el país. Solo que tuvieras una con 200 niños, recibías dos millones de pesos mensuales. Se abrían maravillosamente en casas que no estaban habilitadas”. Ortega recuerda la tragedia en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde 49 niños murieron abrasados y 106 resultaron heridos en 2009. “Cuando se destapa ese caso, se supo que la familia de Margarita Zavala eran propietarios de cerca de 400 guarderías por todo el país”.

Sin placebo a la lucha

Explica el protagonista de este artículo, que en su último puesto en el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en el área de recursos humanos, le tocó sancionar trabajadores sin motivo por lo cual se negó.

En la actualidad, hay más de 10 mil sancionados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por participar en marchas, acciones o por convocar una asamblea para debatir los problemas que aquejan a la dependencia. Quieren defender los restos del que fue el sistema de salud pública más importante de América Latina, cuyo futuro está en la incertidumbre. Como saber cuánto costó la última concesión de todas las ambulancias del IMSS, contrato que goza de diez años de secrecía. Pero para los derechohabientes como para Víctor Ortega es un secreto a voces: la salud, en México, está en venta.

Fuente: Desinformémonos.org