MÉXICO, D.F., (apro-cimac).- Organizaciones defensoras de la libertad
de expresión y de derechos humanos acusaron que las filtraciones de la
investigación por el feminicidio de Yesenia Quiroz, Nadia Vera, Mile
Virginia Martín y Alejandra Negrete, así como del asesinato del
fotoperiodista de la revista Proceso Rubén Espinosa, profundizan la
incredulidad sobre las pesquisas por parte de las autoridades
judiciales.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, entre otras organizaciones civiles, criticaron que desde el día del crimen, el pasado 31 de julio, circula información contradictoria de los hechos por parte de fuentes oficiales.
En un comunicado, dijeron que esa información afecta los derechos
humanos de las víctimas directas e indirectas. Por ello, externaron su
preocupación de que los datos ventilados ante la opinión pública también
lleguen a los probables responsables, que aún están prófugos.
La investigación, advirtieron los grupos civiles, propicia un
inadecuado manejo de la información, además de que desacredita,
discrimina y estigmatiza a las víctimas por su nacionalidad, sexo,
ocupación o hábitos.
En caso de no corregirse, advirtieron, esta situación profundizará la
desconfianza hacia la Procuraduría General de Justicia el Distrito
Federal (PGJDF), y la incredulidad respecto de lo que pueda concluir la
investigación.
Por esta razón, las organizaciones defensoras llamaron a las
autoridades a ajustar su trabajo de investigación con bases en los
estándares mínimos en materia de derechos humanos.
Las autoridades judiciales, agregaron, deben cumplir los protocolos
de investigación para que se garantice un mínimo de credibilidad en los
resultados y para que se evite poner en riesgo o vulnerar la seguridad
de las víctimas indirectas, así como de las personas testigos del caso.
También precisaron que la información sobre el avance de la
indagación debe ser difundida, primero a las víctimas indirectas y
después a los medios de comunicación, para que la sociedad tenga
información certera sobre el caso.
“Las filtraciones son reflejo del incumplimiento del Estado para garantizar el acceso a la justicia”, advirtieron.
Asimismo, exigieron a las autoridades judiciales una investigación
seria, imparcial y transparente que agote todas las hipótesis del caso.
Las organizaciones exigieron cumplir los protocolos para la
investigación de los casos de feminicidio y se incorpore la perspectiva
de género, ante las características de violencia perpetrada contra las
víctimas.
Piden en Veracruz intervención de PGR
Por su parte, el Colectivo Justicia Pro Persona y el Centro de
Derechos Humanos Toaltepeyolo AC, de Orizaba, Veracruz, pidieron la
intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) a través
de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la
Libertad de Expresión (Feadle) en el caso, con base en las denuncias que
Rubén Espinosa y Nadia Vera hicieron públicas con el señalamiento
directo al gobierno de Javier Duarte.
En un comunicado, las organizaciones civiles señalaron que ante la
mala actuación de las autoridades de la PGJDF, la PGR debe ejercer con
prontitud su facultad de atracción para conocer de todos los delitos del
fuero común conexos con el homicidio de Espinosa Becerril, garantizando
la integralidad de las investigaciones y la debida diligencia mediante
la aplicación de la perspectiva de género y de derechos humanos.
Enfatizaron que la competencia de la PGR es obligatoria, por mandato
constitucional, no obstante, ésta se ha negado a conocer de los hechos
de la colonia Narvarte y ha permitido que sea la PGJDF quien realice la
investigación.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le exigieron
investigar las graves violaciones a derechos humanos que, señalaron, son
fundamentos de la Queja interpuesta hoy en dicha instancia cuyo número
de folio es el 77201.
También pidieron que la CNDH y la PGR informen de sus acciones en
torno al caso y les permitan el acceso a la investigación del mismo.
Una petición más de los activistas consiste en informar de las
medidas de protección implementadas para garantizar la seguridad, vida e
integridad de los periodistas de Veracruz, así como de todas aquellas
víctimas directas, indirectas y potenciales; y que se informe sobre las
diligencias realizadas en la investigación, vinculadas con el trabajo
periodístico de Rubén Espinoza, desde el momento en que tuvo
conocimiento de los hechos delictivos.
Finalmente, enfatizaron que se “abstenga de filtrar información
pretendiendo centrar la investigación únicamente en una línea y
adelantar conclusiones dejando de lado el posible móvil político y el