Durante seis meses y medio, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, realizó una “investigación exhaustiva” al presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, sobre la adquisición de residencias de lujo en Lomas de Chapultepec y en el Estado de México. Al final, simplemente determinó que no hay conflicto de interés en esas compras… y exoneró a los tres implicados. Todo fue tan calculado que el propio Peña Nieto se dio tiempo para preparar un guión y, en un evento el mismo día de la exoneración, el viernes 21, pidió perdón a los mexicanos por el escándalo provocado por la Casa Blanca.
MÉXICO, DF (Apro).- Frente a los tres poderes, los titulares de los organismos autónomos, gobernadores, el gabinete de seguridad, la cúpula del aparato de justicia del país y una representación ciudadana proclive a consejos oficiales colegiados, el presidente Enrique Peña Nieto pide comprensión para abordar un asunto que comenzó a captar la atención la tarde del viernes 21.
Momentos antes, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez, había dado por concluida la investigación por conflicto de interés respecto del propio Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su colaborador más cercano Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, en la compra de sus lujosas residencias construidas y financiadas por contratistas gubernamentales.
Peña Nieto trastabilla al abordar el tema frente a los asistentes al Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuya agenda se empató con el Informe Andrade. Sin embargo, fija su atención en el texto preparado, y de inmediato recupera el aplomo.
La SFP concluyó que no hay responsabilidad jurídico-administrativa de los implicados en el caso de las lujosas viviendas, que tanta indignación provocó en los medios nacionales e internacionales. El jefe del Poder Ejecutivo atribuye a "interpretaciones" el escándalo, pero, como éste lastimó a los mexicanos, pide "perdón". Para él, lo más preocupante es la pérdida de confianza en las instituciones. Más todavía, la pérdida de confianza entre los ciudadanos.
Los asistentes al acto aplauden a Peña Nieto cuando declara su "amor" por Angélica Rivera —"una excelente madre"— y cuando concluye su intervención sobre el caso —plena de mensajes motivacionales del tipo "tengamos confianza en nosotros mismos".
Como ocurrió el 18 de noviembre de 2014 con el video grabado por Rivera para justificar la compra de la casa de las Lomas; el día siguiente, cuando Peña Nieto abrió ciertos datos de su declaración patrimonial; el 23 de ese mismo mes, cuando declaró su sospecha sobre quienes querían "desestabilizar" al país con esa publicación; el 27, cuando anunció una serie de medidas anticorrupción, y el 3 de febrero, cuando tomó protesta a Andrade Martínez como titular de la SFP y le encargó la investigación sobre conflicto de interés, hoy la resolución intenta zanjar el asunto.
EL ‘INFORME ANDRADE’
Para resolver el escándalo, conocido en medios internacionales como "Mansiongate", el gobierno de Peña Nieto se limitó a indagar la figura de "conflicto de interés"; omitió investigar a todas las empresas de los contratistas implicados, y al final simplemente determinó: ni el Mandatario ni su esposa ni Videgaray incurrieron en ilicitud.
Con resonancia internacional, la investigación periodística intitulada "La Casa Blanca de Peña Nieto", realizada por el equipo de Carmen Aristegui y publicada por este semanario el 9 de noviembre de 2014, puso al descubierto que la familia presidencial adquirió una lujosa mansión en Lomas de Chapultepec, construida al gusto de la pareja presidencial por el contratista gubernamental Juan Armando Hinojosa Cantú, quien además la financió.
Documentados hasta entonces cerca de 25 mil millones de pesos en contratos de obra pública y servicios a las compañías del empresario en lo que iba de administración (Proceso 1985), la cobertura del caso aumentó cuando el periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó que Videgaray había adquirido otra residencia al mismo contratista, aunque de menor costo, con el mismo esquema de construcción-financiamiento.
Para enero, WSJ documentó de nueva cuenta que la residencia que el presidente Peña Nieto posee en Ixtapan de la Sal fue comprada a Roberto San Román, cuyas empresas también habían incrementado los contratos de obra cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, así como en dependencias federales cuando el mexiquense inició su gestión en Los Pinos.
Con la revisión única de la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), Andrade Martínez libró a los implicados de cualquier acto ilícito.
Las consideraciones de la resolución atienden a diferentes aspectos: primero, que Angélica Rivera no tiene responsabilidad, sino su esposo, pues ella no es servidora pública; luego, que al celebrar la compra de las respectivas casas, Peña Nieto y Videgaray no tenían cargo federal; que los depósitos a los vendedores fueron de las cuentas personales, con cheques verificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); que no tienen responsabilidad sobre asignaciones contractuales, y que quienes la tienen declararon no haber sido objeto de presiones, ni tener (ellos, no sus jefes) relación con los licitantes. Peña Nieto calificaría más tarde de "exhaustiva", la resolución.
Sin embargo, Andrade Martínez admitió a pregunta expresa que la investigación sólo comprendió el conflicto de interés, y no otro ilícito previsto en la LFRASP. Según él, no hubo elementos para considerar otras causales de sanción previstas en materia administrativa.
Al titular de la SFP se le mencionó, por ejemplo, que los créditos otorgados por Hinojosa Cantú a Angélica Rivera (54 millones de pesos a ocho años con 9% de interés anual) y Luis Videgaray (7.5 millones de pesos a 18 años con 5% de interés anual) por fuera del sistema financiero eran inusuales.
También se le mencionó que en México existen 17 mil constructoras (2 mil 944 vivienderas, 4 mil 361 dedicadas a ingeniería civil, según los Censos Económicos 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía), pero él presentaba como una casualidad que desarrolladores de mansiones y contratistas de obra pública coincidieran como en estos casos.
Sin embargo, Andrade se limitó al guión: Repitió que no había anomalías en los contratos, que no hubo denuncias de licitantes y que las auditorías mostraron que todo estaba en regla. Respecto del financiamiento, aseguró que no era problema, pues se trataba de acuerdos entre particulares.
Desde la publicación de la primera compra, expertos en derecho administrativo advirtieron la deficiencia del marco jurídico para configurar e investigar de manera exhaustiva el conflicto de interés. Aún peor: los casos denunciados en más de una década jamás prosperaron.
En la conferencia de prensa del viernes 21, el reportero preguntó a Andrade sobre los casos resueltos por intereses en conflicto. El funcionario dijo no recordar, pero en todo caso, aseguró, son escasos.
LAS OMISIONES
Aun circunscrita al ilícito que jamás se configura, la investigación de Andrade dejó de lado aspectos relevantes del caso: por ejemplo, sobre las relaciones de compadrazgo de Peña Nieto y San Román, contratista gubernamental y vendedor de su casa en un exclusivo fraccionamiento de Ixtapan de la Sal, o de su amistad con Hinojosa Cantú. Andrade dijo que las relaciones no están prohibidas mientras no afecten la imparcialidad en el desempeño del cargo o comisión.
Más todavía. El titular de la SFP se limitó a indagar cuatro razones sociales propiedad de Hinojosa Cantú y dos de San Román. Del primero: Constructora Teya; Eolo Plus; Publicidad y Artículos Creativos, y Concretos y Obra Civil del Pacífico. Del segundo: Constructora y Urbanizadora Ixtapan y Club de Golf Ixtapan.
Las empresas omitidas en la investigación son de Hinojosa Cantú. Entre éstas: Autopistas de Vanguardia (Autovan); Controladora de Operaciones de Infraestructura; Mezcla Asfáltica de Alta Calidad; Preiton; Industrial IGSA.
Estas compañías, junto con las cuatro ya mencionadas, acumulan contratos por un monto superior a 60 mil millones de pesos. Destacan, por ejemplo, Controladora de Operaciones de Infraestructura, una de las firmas que integran el consorcio licitador del Acueducto Monterrey VI, asignado en 2014, antes del escándalo.
También figuran Preiton, que en asociación con IGSA y Tradeco forma un consorcio en el caso de la obra del Hospital General Tlatelolco del ISSSTE, contrato asignado en 2014, y Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, que obtuvo un contrato con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2013.
Dichas empresas de Hinojosa Cantú, los contratos y sus montos desglosados fueron publicados por Proceso en sus ediciones 1985 y 2002. Más tarde, una comisión independiente de diputados, encabezada por el legislador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, amplió la información hasta entonces publicada que, con base en documentación oficial, se compiló en el libro "Regalos obscenos: lo que no pudo esconder el pacto contra México".
LA SOMBRA DE SALINAS
Entre las empresas excluidas por el Informe Andrade destacan Autovan, encargada de la dilatada y conflictiva construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, asignada por el Gobierno del Estado de México por un monto de 2 mil 775 millones de pesos.
Como el contrato es estatal, la SFP omitió considerarla aun cuando parte de esa obra es financiada por Banobras, donde Alfredo del Mazo Maza fungió como titular hasta principios de año. Del Mazo Maza es primo del presidente Peña Nieto y descendiente del clan que lleva siete décadas en el poder en el país.
Banobras es también una de las entidades públicas que celebraron contratos con Eolo Plus, la empresa de taxis aéreos de Hinojosa Cantú.
No obstante, para la inversión en la autopista Toluca-Naucalpan, Hinojosa Cantú tiene un fondeo especial de la empresa ICuadrada, razón social a través de la cual el empresario Jerónimo Gerard opera fideicomisos obtenidos de los fondos de ahorro para el retiro.
Jerónimo es hermano de Hipólito Gerard, dueño de la Constructora GIA+A, una de las empresas que junto con Hinojosa Cantú ganó la licitación, cancelada a punto de estallar el escándalo de la Casa Blanca, para la construcción del tren México-Querétaro.
Jerónimo e Hipólito son hermanos de Gabriela, la esposa del director general del IMSS, José Antonio González Anaya, y de Ana Paula, la esposa del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Para cerrar el círculo, Andrade Martínez, el responsable de la investigación sobre intereses en conflicto, es hijo homónimo del abogado del líder sindical Carlos Romero Deschamps y fue asesor de Ana Paula Gerard cuando era secretaria técnica del gabinete económico durante el sexenio de Salinas de Gortari.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
