La Jornada - Editorial
Ayer, en la
presentación de su quinto informe mensual de labores, los integrantes
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI)
–conformado a principios de este año como producto de un acuerdo entre
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno
mexicano y los familiares de los 43 normalistas que fueron víctimas de
desaparición forzada en Iguala el 26 de septiembre del año pasado–
informaron ayer que las autoridades nacionales les han impedido
entrevistarse con los militares que estuvieron en esa ciudad guerrerense
en el momento de la agresión contra los estudiantes, y que en el curso
de la investigación se han perdido importantes pruebas videograbadas que habrían podido ser útiles en el esclarecimiento del episodio trágico.
de la investigación se han perdido importantes pruebas videograbadas que habrían podido ser útiles en el esclarecimiento del episodio trágico.
También ayer, padres de los 43 jóvenes desaparecidos acusaron a
funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) de
intentar dividir al movimiento de solidaridad con las víctimas, y
señalaron que el gobierno no ha cumplido ninguna de las 10 acciones a
las que se comprometió el presidente Enrique Peña Nieto en octubre de
2014 en la única reunión que ha sostenido con ellos, en octubre de 2014.
Cuando están a punto de cumplirse 11 meses de la agresión de Iguala,
los señalamientos de los expertos internacionales y de los familiares de
las víctimas dejan en evidencia que aún no existe voluntad inequívoca
de las autoridades para esclarecer lo que realmente ocurrió aquella
noche de septiembre en Iguala, las responsabilidades por la autoría
intelectual de la agresión y el destino de los normalistas ausentes.
Hasta la fecha, el gobierno sigue presentando como
verdad históricala versión presentada en noviembre del año pasado por el entonces procurador federal, Jesús Murillo Karam, respecto de que los 43 muchachos habían sido asesinados, incinerados y arrojados a un río en Cocula en las horas siguientes a su captura. A pesar de las dudas que generaron la captura y las imputaciones del ex presidente municipal de Iguala y de su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda –señalados originalmente por la PGR como máximos responsables intelectuales– y ante las numerosas inconsistencias encontradas en la narración de Murillo Karam, las máximas instituciones de gobernación, procuración y seguridad del Estado no han podido o no han querido extender las líneas de investigación ni han sido capaces de ofrecer una explicación más verosímil y sólida de la agresión.
Peor aún, las autoridades han pretendido en diversas ocasiones
dar vuelta a la página y cerrar el caso, ante la exasperación creciente
de los sectores sociales que se solidarizan con las víctimas, sus
familiares y sus compañeros de escuela. Ni la presión social interna ni
las numerosas movilizaciones internacionales y la pronunciada erosión de
la imagen externa del gobierno han conseguido el viraje que sería
necesario no sólo para corregir los fallos de la justicia, aclarar el
caso y dar con los muchachos y con los responsables de los asesinatos y
las desapariciones, sino también para extender los inquietantemente
estrechos márgenes de gobernabilidad en el país. En estos casi 11 meses
el inmovilismo oficial ante Ayotzinapa ha hecho posibles nuevas
violaciones flagrantes a los derechos humanos y ha ahondado el
descrédito y la sensación generalizada de desamparo ante atropellos
cometidos por elementos de las fuerzas del orden de cualquier nivel.
En tanto no se presente un cambio de actitud ante la tragedia
irresuelta de los normalistas guerrerenses, no habrá forma de disipar la
percepción social de que la seguridad y la justicia se han extraviado.