El Acuerdo de San Quintin Para los Derechos Laborales fue un Cuento
María de Lourdes Martínez - Frecuencia Laboral
Debido a que hay funcionarios públicos, cuyos
parientes, amigos o prestanombres son los rancheros que mantienen en la
semi esclavitud a los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja
California, ninguna autoridad ha hecho cumplir el convenio mediante el
cual tanto el gobierno federal, como el local, se comprometían a aplicar
la Ley Federal del Trabajo, para que los trabajadores del campo de la
región, sean afiliados al
Seguro Social, tengan derecho a día de
descanso, vacaciones, reparto de utilidades y otras prestaciones que les
corresponden.
En entrevista con Frecuencia Laboral: El
Espacio donde los Trabajadores son la Noticia, el 27 de julio del 2015,
Justino Herrera uno de los dirigentes de Alianza Nacional, Estatal y
Municipal de Asociaciones para la Justicia Social dijo que el problema
de fondo es que entre autoridades y rancheros hay lazos de complicidad
para sobre explotar a los trabajadores agrícolas de San Quintin.
"Dentro de los rancheros hay dos funcionarios
públicos, Manuel Valladolid, es el secretario de Fomento Agropecuario
del gobierno local. Y su primo es secretario de Finanzas. Son patrón son
gobierno y son parte de la mesa directiva de los agricultores, hay una
mafia entre gobierno y patrones para violentar los derechos de los
trabajadores. Ya se ha denunciado con los senadores, a quienes les
estamos pidiendo que se retire a esos rancheros del gobierno. También
hay mafia con el gobierno federal porque un ranchero es Felipe Ruiz
Esparza, hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes. Hay
mafia y por eso difícilmente los pobres podemos tener nuestros
derechos...pero nosotros vamos a ganar esa lucha".
Ese
mismo día se realizó una reunión en Ensenada, capital de Baja
California, entre dirigentes de la Alianza, autoridades del Instituto
Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo del gobierno
de Baja California, para discutir el tema de la afiliación de los más de
24 mil trabajadores y trabajadoras del campo ocupados en los ranchos de
San Quintín, a quienes les han negado su derecho a reciban atención
médica, al seguro para recibir una pensión en caso de accidentes o
enfermedad, a la atención materno infantil, guardería y una jubilación
por antigüedad en el trabajo.
La afiliación de todos los jornaleros al
servicio de los casi 200 ranchos de la región es uno de los acuerdos
que se firmaron el 4 de junio del 2015. Pero a casi dos meses de que fue
firmado el convenio, ni las autoridades del gobierno federal ni del
gobierno local ni los dueños de los ranchos han cumplido con el
compromiso de aumentar el salario a los jornaleros agrícolas de San
Quintín y pagar sus prestaciones sociales como establece la ley, aun
cuando el compromiso incluría que empezaría a implementarse en la
primera semana de julio del 2015.
Justino Herrera, dirigentes de Alianza
Nacional, Estatal y Municipal de Asociaciones para la Justicia Social
recordó que él se negó a firmar ese convenio, porque lo modificaron
violando los aucerdos de la reunión del 20 de marzo del 2015, al
inscribir que se les otorgaría un aumento a su "salario integrado",
cuando debería decir a su salario diario.
(Leer Noticia Relacionada: ENGAÑAN A JORNALEROS DE SAN QUINTIN link:
http://www.frecuencialaboral.com/jornalerosanquintinaumentosalarialamediasyamañado2015.html)
Sin embargo 12 de los dirigentes de la Alianza
firmaron ese convenio y sólo Justino Herrera se negó a sumarse, porque
con el salario integrado en términos reales se les reduciría entre 40 y
80 pesos su ingreso diario, el cual se estableció en , 180 pesos para
los jornaleros agrícolas de los ranchos tipo A, 160 pesos para los de
ranchos tipo B y 150 pesos para los trabajadores de ranchos tipo C.
"Pero las autoridades no han venido ni a
definir cuáles son los ranchos de tipo A, B o C y por lo tanto siguen
pagando lo mismo que es entre 130 y 150 pesos diarios, sin derecho a
nada más, por lo que yo seguiré luchando hasta que ganemos...". Y el
compromiso del gobierno federal y local fue iniciar ese proceso durante
la primera semana de julio, la cual ya pasó