Especialistas en derecho electoral lo dicen sin rodeos: los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obedecen a los partidos mayoritarios, esos que decidirán si alguno de ellos se convertirá en ministro de la Suprema Corte. El resultado: un tribunal que sólo juega a la democracia. Es hora, afirman, de buscar verdaderos árbitros en lugar de empleados a quienes nadie respeta y alimentan la inestabilidad política. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el árbitro que dirá la última palabra en las primeras elecciones generales de su tipo en México, está capturado. Los magistrados de su principal órgano, la Sala Superior, obedecen más a los partidos mayoritarios que a sus propios criterios jurisdiccionales.
El resultado es un comportamiento errático, contradictorio, con resoluciones a modo de los partidos que construyen las mayorías en las votaciones del Congreso y decidirán sobre las aspiraciones de los magistrados que quieren convertirse en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ese, sin paliativos, es el diagnóstico que especialistas en derecho electoral hacen del TEPJF en relación con los comicios de este domingo 7, los primeros de carácter general en México y que ponen a prueba la reforma del año pasado.
En esa evaluación de los especialistas, los magistrados electorales aparecen como un factor más de la inestabilidad política.
Contrario a la certeza que debe garantizar un tribunal, han interpretado a conveniencia la Constitución y las leyes, llegando al extremo de resolver planteamientos similares de manera opuesta, con apenas unos días de diferencia, dice Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Los ejemplos más recientes fueron sus resoluciones respecto a las candidaturas de la panista Xóchitl Gálvez en el Distrito Federal y del exjefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, frustrado candidato federal de Movimiento Ciudadano.
Aunque sus decisiones son de última instancia, inatacables ya en México, varias de ellas podrán ser sometidas al escrutinio internacional. Una de ellas es su negativa a la candidatura de Ebrard, quien prepara su defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los argumentos –en este caso los de Constancio Carrasco, María del Carmen Alanís, Flavio Galván, Manuel González Oropeza y Pedro P Salvador Nava se excusó de participar– podrían derivar en una condena al Estado mexicano, si es que la CIDH le da razón al exjefe de gobierno, tal como lo hizo en 2008 ante el impedimento que tuvo Jorge Castañeda Gutman para registrarse como candidato independiente a la Presidencia en 2006.
A diferencia del Instituto Nacional Electoral (INE), del cual los especialistas consideran que ha salvado medianamente el proceso electoral, los magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF son señalados como “faltos de estatura” ante las necesidades de estabilidad política del país.
Llamados a dejar el cargo en 2016, después de diez años de gestión, los magistrados electorales también son evaluados por los expertos por “los impactos negativos” de sus decisiones. “Han sido sus propias interpretaciones las que han propiciado conductas desleales, como la del Partido Verde”, dice Salazar Ugarte en entrevista.
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| Sesión en el TEPJF. Foto: Eduardo Miranda |
Aspiran a la SCJN
A la reprobación del trabajo jurisdiccional de los magistrados se suma el desinterés del Senado para designar al séptimo integrante de la Sala Superior, por lo que la calificación de las elecciones se hará con seis magistrados. Esa circunstancia podría llevar a que las votaciones en el máximo órgano del TEPJF se empaten y su presidente, el magistrado Constancio Carrasco Daza, deba ejercer su voto de calidad.
Pero los magistrados ni se inmutaron ante la dilación del Senado. A pesar de que deberán calificar bajo las nuevas reglas, las de la reforma electoral de 2014 –lo cual los obligará a sentar nuevos criterios jurisdiccionales–, en ningún momento del proceso electoral hicieron algún pronunciamiento colegiado para que la cámara alta integrara por completo la Sala Superior.
De su silencio ni siquiera los sacó el hecho de que la SCJN definiera desde principios de marzo la terna para que los senadores designaran al sucesor del magistrado Alejandro Luna Ramos.
A la violencia en el proceso electoral de 2015, Salazar suma la condición de ser éste “altamente litigioso” por factores jurídicos y políticos: “Jurídicos, porque hay nuevas reglas que definen nuevas causales de nulidad e impugnación; y políticos, porque se esperan unas elecciones muy cerradas, por lo que candidatos y partidos intentarán prolongar la contienda de lo político electoral a lo jurisdiccional contencioso”.
Investigador en las áreas de derecho constitucional y democracia, el director del IIJ dice que aunque el INE ha sacado “medianamente bien” hasta ahora el proceso electoral, su gran reto será la fiscalización de los gastos de campaña.
Es un “expediente de pronóstico reservado”, dice, porque es previsible que se van a impugnar los montos de recursos erogados en las campañas: “El INE estará en una situación compleja porque tiene que hacer una fiscalización eficaz que será revisada por la autoridad jurisdiccional”.
Explica: lo que ha cambiado para esta elección es que aumenta de manera muy significativa el número de elecciones que van a tener que ser fiscalizadas por la autoridad nacional, además de que la reforma electoral le redujo los tiempos y lo tendrá que hacer en el mismo periodo de las impugnaciones.
“Será una prueba muy difícil que dependerá de qué tan complejos sean los casos y cuántos de éstos van a versar sobre el financiamiento del gasto de campaña y van a implicar tareas de fiscalización”, dice.
Pero es en el TEPJF donde pone la duda: “Ha sido muy inconsistente en sus criterios interpretativos. Su Sala Superior ha sido poco coherente en la creación de parámetros. Para colmo, llega sin un magistrado en un escenario en el que puede haber empates y se tenga que recurrir al voto de calidad”, afirma el también doctor en filosofía política por la Universidad de Turín, la misma donde se doctoró Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE.
Director del IIJ pese a no haber estudiado la licenciatura en la UNAM sino en el Instituto Autónomo de México, Salazar Ugarte toma el caso del Partido Verde para comparar la conducción del INE, como autoridad electoral administrativa, y del TEPJF, como autoridad jurisdiccional que tiene la última palabra en materia electoral.
Asegura que el Partido Verde “ha tenido un comportamiento desleal con las autoridades electorales y ha desafiado de manera constante al estado de derecho. Algunos dicen que ha jugado en la frontera de la legalidad electoral. Pero la autoridad electoral administrativa ha verificado que se ha pasado de esa frontera y lo ha sancionado. A pesar de ello y de las críticas de que ha sido objeto, ha continuado con su estrategia de frontal desafío al estado de derecho”.
Coordinador, junto con Córdova Vianello, del libro Democracia sin garantes. Las autoridades contra la reforma electoral, publicado en 2009 por el instituto que dirige desde septiembre del año pasado, Salazar Ugarte subraya que el INE ha venido imponiendo sanciones económicas de manera constante a ese partido a lo largo de todo el proceso electoral.
“Podemos estar de acuerdo o no con los montos de las sanciones, que son exclusivamente económicas, o con la posibilidad de otro tipo de sanciones, pero el hecho es que como autoridad administrativa ha sancionado a ese partido con multas de alta cuantía y hasta retiro de sus spots del aire por un día”, dice.
Pero observa que fue el propio TEPJF el que propició en parte ese comportamiento del Partido Verde con sus interpretaciones sobre la reforma electoral de 2007, en particular de la comunicación política. El Verde ha afianzado su actual estrategia propagandística en criterios fijados por los magistrados electorales, como considerar legales, en algún momento, la difusión de informes legislativos, dice el investigador.
Además, el TEPJF ha disminuido los montos de las multas que se le han impuesto: “Todos le cargan al INE la responsabilidad de lo que pasa con ese partido, pero ya no le dan seguimiento a la etapa jurisdiccional, donde ha habido más condescendencia al Verde”.
Gálvez y Ebrard
Otros dos casos en los que cuestiona la conducción de los magistrados son los de Xóchitl Gálvez y de Marcelo Ebrard.
A la primera, el Instituto Electoral del Distrito Federal le había negado el registro como candidata del PAN para la delegación Miguel Hidalgo debido a que no tiene credencial de elector con domicilio en el DF. Pero los magistrados, por unanimidad, consideraron que se debía privilegiar su derecho constitucional de votar y ser votado.
En el caso de Ebrard, quien luego de que el PRD le negara el registro como candidato a diputado federal buscó la candidatura por Movimiento Ciudadano (MC), el TEPJF decidió cerrarle la puerta con el argumento de que participó simultáneamente en procesos de diferentes partidos para ser candidato, lo que está prohibido en la legislación electoral.
La defensa de Ebrard argumenta que primero renunció al PRD y luego se registró como candidato de MC. Ante la negativa del TEPJF, Ebrard buscó entonces su registro como candidato suplente por ese mismo partido, pero los magistrados dijeron que esa nueva candidatura representaba un desacato a su resolución inicial.
“Los magistrados siguieron estrategias de interpretación del mismo artículo constitucional que condujeron a caminos distintos. En semanas muy cercanas, para un caso sí utilizaron la interpretación conforme, o principio pro-persona, del artículo 1 de la Constitución, en el sentido de que los derechos políticos son derechos humanos. Pero en el segundo, simple y sencillamente no utilizaron el mismo criterio normativo.
“Se trata de dos casos comparables, aunque no idénticos, en los que el tribunal electoral recurrió a elementos distintos. A la luz de ese tipo de decisiones hay que ver si las decisiones del TEPJF han sido conforme a la Constitución o con criterios políticos”, dice el investigador.
Asegura que a los tribunales se les debe evaluar a partir de sus sentencias y precedentes. Deben ser coherentes y consistentes a la hora de decidir. Si es así, todos los actores tienen un umbral alto de certeza y seguridad jurídicas. Los buenos tribuales son los que operan sobre la base de criterios consolidados en el tiempo.
“El principal defecto de nuestro tribunal electoral es que no ha generado criterios, porque un día resuelve de una manera y otro día de forma distinta. Ni los actores tienen certeza ni hay seguridad jurídica para el electorado y la ciudadanía en general. Como tribunal constitucional, tendría que blindar sus decisiones con criterios estrictamente jurídicos, sin asomo de intereses políticos”, señala.
Salazar Ugarte también cuestiona que algunos magistrados pretendan llegar a la Suprema Corte cuando en noviembre próximo dos de sus ministros pasen a retiro. El caso más señalado es el de María del Carmen Alanís, quien lo mismo en 2006 operó a favor de la candidatura de Felipe Calderón –quien la apoyó para que llegara al TEPJF–, que como magistrada en 2011 maniobró para que el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, no fuera sancionado por el tribunal y expulsado de la carrera presidencial de 2012 por sus violaciones a la Constitución y a la legislación electoral.
“Debería haber una regla escrita de que quien se encuentra desempeñando la función de juez constitucional en materia electoral no pueda aspirar, al menos de manera inmediata, a formar parte de la SCJN. El TEPJF debe estar integrado por personas que no puedan tener un beneficio posterior de las elecciones que calificaron.
“El actual esquema genera lecturas políticas controvertidas. El solo hecho de que algunos de ellos pudieran aspirar a la Corte genera sospechas respecto a las decisiones tomadas en relación con partidos cuyos legisladores en el Senado definen quiénes llegan a la Suprema Corte”, dice.
Dinero privado
Miguel Eraña, coordinador de la licenciatura de derecho en la Universidad Iberoamericana y profesor de derecho constitucional y electoral, considera que aun cuando el INE puede pasar en este proceso electoral apenas con suficiencia, como instancia administrativa, “hay una reprobación sonora del TEPJF”.
“Los jueces electorales han sido cómplices de los actores que han pervertido las reglas de equidad, tanto del PRI, el PAN, el PRD y el Partido Verde. Han emitido sentencias y resoluciones obsequiosas e insustanciales, atravesadas por los conflictos de interés de los magistrados”, asegura el académico.
El doctor en derecho constitucional por la Universidad de Salamanca, asegura que son sentencias “irreflexivas, tardías y negadoras de derechos humanos”. Refiere no sólo el caso de Ebrard sino el de Guillermo Cienfuegos Pérez, payaso conocido como Lagrimita, quien se registró como candidato independiente para la alcaldía de Guadalajara.
A Cienfuegos le denegaron la justicia y le impidieron tener 60 días de campaña y sólo le dejaron una semana y media. Eraña asegura que sufrió un daño irreparable en sus derechos político electorales.
También tardía, sigue Eraña, fue su resolución respecto al financiamiento de las candidaturas independientes, en relación con el aspirante al gobierno de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco.
No sólo postergaron el tema, sino que hicieron “una perversa interpretación que desnaturaliza el financiamiento público y ensalza al financiamiento privado, que saben que es irruptor del sistema político”. Advierte: “Están abriendo la puerta para el 2018, con candidatos independientes que pueden obtener financiamiento privado por encima del que tienen los partidos políticos”.
En su opinión, los propios adversarios de las reformas “de última generación”, de 2007 y 2014, están dentro de instituciones como el TEPJF, porque con sus sentencias cortas y limitadas contribuyen a sepultar las reformas que pretendían fortalecer los controles del sistema de partidos.
Desde la elección presidencial de 2006, dice, periodo que coincide con la que ha sido la actual conformación de la Sala Superior del TEPJF, se ha registrado una espiral para bajar el umbral democrático.
“No se puede seguir simulando que se juega a la democracia sin ser manifiestas y genuinas las condiciones de este tipo. Si los partidos tienen la posibilidad de reclutar al árbitro, pero lo que hacen es reclutar a empleados jurisdiccionales, lo único que han hecho es desmerecer al propio sistema democrático. La lección es que es hora de buscar verdaderos árbitros jurisdiccionales en lugar de empleados administrativos que ni a los partidos ni a nadie les merecen respeto”, dice.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
