La Jornada - Editorial
El presidente Enrique
Peña Nieto anunció ayer en un mensaje al país la adopción de diversos
procedimientos administrativos para prevenir la corrupción y designó a
Virgilio Andrade titular de la Secretaría de la Función Pública,
dependencia que permanecía acéfala desde el 30 de noviembre de 2012.
Tales informaciones han dado pie a señalamientos por posibles
conflictos de intereses y han deteriorado en forma significativa la
imagen de la administración peñista, incluso en medios extranjeros que
hasta hace poco la elogiaban.
Aunque la Presidencia, Angélica Rivera y el titular de la Secretaría
de Hacienda dieron ya sus versiones de la forma en que tales propiedades
fueron adquiridas, las explicaciones correspondientes no resultaron
suficientes para despejar las sospechas públicas. Cierto, no bastaban:
se requiere una investigación independiente que establezca de una vez
por todas si los señalados incurrieron o no en conflicto de intereses.
En respuesta, el titular del Ejecutivo instruyó a la SFP
investigar y resolver si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra-ventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor, y enumeró, como ya se ha dicho, una serie de medidas para prevenir casos similares.
Lamentablemente, no parece probable que tales acciones basten
para esclarecer las sospechas. La SFP fue desmantelada durante la
administración calderonista y el actual gobierno se mostraba, hasta
ayer, partidario de sustituirla por una
comisión nacional anticorrupción, cuya fundación no se ha concretado a la fecha; la decisión de sacar de su letargo al organismo de la función pública habría parecido procedente de haber ocurrido antes de las revelaciones referidas, pero adoptada después de ellas corre el riesgo de ser vista como una medida de control de daños.
Por lo demás, resulta manifiestamente improcedente que un gobernante
nombre a un funcionario subordinado para que lo someta a investigación,
pues ello coloca al nominado como juez y parte. El espíritu republicano
señalaría que el esclarecimiento, para ser verosímil, ha de corresponder
a un poder independiente: el Legislativo o el Judicial.
En otro sentido, resulta preocupante que el gobierno decida situar la
pesquisa bajo la tutela de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, pues ello constituye una inadmisible cesión de
soberanía y una tácita admisión de que las instituciones mexicanas no
son capaces de enfrentar y combatir por sí mismas los fenómenos de
corrupción y conflictos de intereses.
En suma, no parece probable que las acciones anunciadas ayer consigan
restañar el descrédito que experimenta la presidencia actual ni
contrarrestar la erosión institucional en curso. Y sin instituciones
sólidas y dotadas de credibilidad y autoridad moral no será posible
hacer frente con éxito a la grave circunstancia que enfrenta el país.