El
retorno a la centralización de la nómina educativa es inminente: la
reforma a la Ley de Coordinación Fiscal así lo mandata. En 1992, en el
marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica, la Federación transfirió a los gobiernos locales los servicios
de educación básica y normal, incluidos los recursos financieros
destinados a su operación. A 23 años de distancia, la federación
recobrará dicha potestad.Flor Goche - Contralinea
La Ley de Coordinación Fiscal que entrará en vigor en 2015 devuelve a la federación la potestad sobre los recursos financieros destinados a la operación de la educación básica y normal. El magisterio mexicano disidente ha expresado su rechazo pues, como lo manifiesta Martín Rodríguez, docente de la UNAM, se trata de una “ley muy leonina” que apunta al adelgazamiento de la nómina magisterial. No obstante, Argel Gómez, secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, dice que es un “mito” que la Ley “acorte las plazas”. Mientras los debates y las protestas se concentraron entorno a la reforma a la Ley General de Educación, la pinza para centralizar de nuevo la educación se cerró con cambios a la normatividad fiscal
La nueva Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
9 de diciembre de 2013, crea el Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y el Gasto Operativo (Fone), que será administrado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Éste proveerá a las
haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y de los municipios
los recursos complementarios para ejercer sus atribuciones en materia de
educación básica y normal.
El magisterio mexicano agrupado en la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –fracción
disidente del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación– ha expresado su rechazo y preocupación ante las posibles
consecuencias de la Ley de Coordinación Fiscal reformada. Y es que, como
lo manifiesta Martín Rodríguez, catedrático de la Facultad de Economía
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de una
“ley muy leonina” que contempla distintos mecanismos para ajustar
presupuestalmente las plazas docentes, con miras al adelgazamiento de la
nómina.
Por ejemplo, en lo que respecta al
ejercicio de recursos en materia de servicios personales, el artículo 26
A de la nueva Ley establece que sólo se pagará la nómina del personal
que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. Será
requisito también estar registrado en el sistema de administración de
nómina a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyos datos
deberán de corresponderse, a su vez, con los del Sistema de Información
y Gestión Educativa previsto en la Ley General de Educación.
El artículo 26 de la Ley en cuestión
establece, asimismo, que se cubrirá el pago de los servicios personales
correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a los
estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica y los convenios que de conformidad con el mismo fueron
formalizados, siempre que estas plazas estén validadas por la SEP en el
Sistema de Información y Gestión Educativa.
Para Martín Rodríguez resulta imperativo difundir el contenido de la nueva Ley de Coordinación Fiscal a la luz
de la reforma educativa, que en febrero de 2013 modificó los Artículos 3
y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ambas son parte de un mismo proyecto, asegura. La reforma educativa –en
realidad laboral– establece los requisitos de ingreso, promoción y
permanencia de los docentes de educación básica y normal; la Ley de
Coordinación Fiscal es “refrendo de la reforma educativa” en tanto que
contribuye a operar en términos presupuestales –financieros,
administrativos y contables– sus postulados.
Lo anterior, explica el especialista,
implica que las plazas en riesgo de perder el subsidio sean también las
que no están en regla con lo estipulado en la reforma educativa y sus
leyes secundarias, entre ellas, las de los profesores que no cumplen con
los perfiles establecidos para cada nivel; de los que no están
titulados; de los que ocupan plazas que no se corresponden con el nivel
para el que fueron creadas; de los que no ingresan al Servicio
Profesional Docente, es decir, que no se someten a los procesos de
evaluación-certificación que éste contempla.
Aunque no hay un conteo preciso respecto
del personal docente que se encuentra en irregularidad según los
criterios arriba enunciados, Martín Rodríguez asegura que se cuentan por
miles. Tan sólo los que no tienen título suman alrededor de 300 mil a
nivel nacional. Ellos y ellas están en riesgo de ser separados de su
labor, sobre todo quienes la desempeñan bajo contratos temporales,
interinatos o plazas de tiempo indeterminado.
De acuerdo con el integrante del Área de
Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la
UNAM, con la nueva legislación, la federación arrebata a los profesores
el control de su materia de trabajo al condicionar el pago de la nómina
magisterial, entre otras, al cumplimiento de los “perfiles de medición
de calidad” impuestos a través de la reforma educativa.
Respecto de la condicionante que
establece que sólo se pagará la nómina del personal que cuente con
Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, el profesor
universitario comenta que se trata de una medida encaminada a reforzar
el control sobre los ingresos de los docentes. “Este mecanismo de
control fiscal permite retirarles un monto mayor de recursos a través
del pago de impuestos, bajo la premisa de que la gente no vive con lo
que gana y que, por tanto, realiza 20 mil actividades que se ven reflejadas en su nivel de ahorro y endeudamiento”.
En entrevista con Contralínea, Roy
Argel Gómez Olguín, secretario de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, manifiesta que la nueva
Ley de Coordinación Fiscal sólo afectaría a aquellas personas que no
están cumpliendo con lo que marca la ley y a las que no estén devengando
su plaza.
El diputado federal por el Partido
Revolucionario Institucional comenta que es un “mito” que la Ley de
Coordinación Fiscal “acorte las plazas”, puesto que todas las que se han
“recuperado” han sido concursadas. “No se ha reducido la nómina, al
contrario, se ha incrementado la cantidad de maestros con el mismo
número de plazas porque anteriormente había personas que tenían hasta
tres plazas”.
El también licenciado en informática y en
lengua extranjera (inglés) apunta que el objetivo de la concentración
de la nómina magisterial “no es únicamente detectar errores”, sino
encontrar y aprovechar las fortalezas que se tienen para beneficiar a un
mayor número de personas con el presupuesto educativo, incluidos los
recién egresados de normales o de carreras enfocadas a la educación.
“Hacia la autogestión de las escuelas”
El Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y el Gasto Operativo, que entrará en vigor en el ejercicio
fiscal 2015, sustituirá al Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal (Faeb), que tiene su origen en la política de
descentralización educativa.
Martín Rodríguez, catedrático de la
Facultad de Economía de la UNAM, explica que, aunque alrededor del 80
por ciento de los recursos del Faeb –que para 2014 cuenta con un
presupuesto de 292 mil 583 millones 472 mil 824 pesos– son para subsidio
de las plazas de los trabajadores de la educación, el gobierno federal
deposita en este “cochinito” todos los dineros destinados a la educación básica y normal.
La diferencia con el nuevo fondo (el
Fone), dice, es que éste ya no agrupará el conjunto de estos dineros,
dejando fuera, por ejemplo, lo relativo a los gastos de ampliación y
equipamiento de las escuelas. Para ello, el artículo 25 de la Ley de
Coordinación Fiscal alude a otras figuras, como el Fondo de Aportaciones
Múltiples y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
El Fondo de Aportaciones Múltiples se
destinará al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y
de asistencia social, así como a la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria. En
tanto, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social será para
el financiamiento de obras y acciones sociales básicas, tales como la
infraestructura básica del sector educativo y de salud.
Sin embargo, acorde con lo estipulado en
el artículo 33 de la nueva legislación, los recursos del segundo de
estos fondos se otorgarán únicamente a las localidades con alto o muy
alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de
Desarrollo Social.
En esta condicionante, Martín Rodríguez
encuentra un vínculo más entre la nueva Ley de Coordinación Fiscal y la
reforma educativa, que en su artículo quinto alude a la autonomía de
gestión de las escuelas, entendida como el involucramiento de alumnos,
maestros y padres de familia en la mejora de la infraestructura de las
escuelas y en la compra de materiales.
¿Si los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social sólo serán para las
localidades rezagadas según los criterios de las instancias oficiales,
quién se hará cargo, entonces, de la infraestructura básica de las
escuelas ubicadas en localidades no rezagadas?, cuestiona el docente.
Al respecto, Roy Argel Gómez Olguín,
secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de
la Cámara de Diputados, comenta que, aunque aparentemente se ve
reducido el presupuesto dirigido a la infraestructura educativa, en
realidad no es así. La pretensión es, más bien, dirigirlo hacia “donde
realmente se necesita” para cumplir con el objetivo de “llevar la
educación a todos los mexicanos”.
—La reforma educativa que data de hace 19
meses no ha logrado operar eficazmente en todo el territorio nacional,
especialmente en aquellas entidades con gran presencia del magisterio
disidente. Así el panorama, ¿qué posibilidades reales tiene de la nueva
Ley de Coordinación Fiscal de prosperar en los hechos? –se le pregunta.
—Obviamente hay resistencia. El cambio
provoca resistencia. Hay estados en donde se ha notado mayormente la
resistencia, como en Oaxaca y Guerrero. Resistencia no únicamente a la
reforma educativa, que tiene como objetivo incrementar el nivel
educativo en nuestro país, sino también a la reforma fiscal. Y, bueno,
sin duda alguna esto ha repercutido en los resultados. Claro está que
los maestros que realmente están cumpliendo con su responsabilidad, que
trabajan frente a grupo y que todos los días se esfuerzan para mejorar
su calidad educativa, se verán beneficiados.
Incrementos salariales, anclados al Servicio Profesional Docente
El artículo 27 A de la Ley de
Coordinación Fiscal reformada establece que la negociación sobre el
incremento de las remuneraciones se llevará a cabo entre la
representación de las autoridades educativas de las entidades
federativas y la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación. La SEP sólo participará como vigilante de la
negociación, particularmente para constatar la consistencia del
financiamiento con los objetivos del Servicio Profesional Docente.
De acuerdo con el mismo artículo, los
incrementos en las remuneraciones del personal docente serán acordados
con base en la disponibilidad de recursos públicos aprobada en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en los objetivos,
metas y resultados alcanzados del Servicio Profesional Docente.
La nueva dinámica de negociación,
implica, a decir de Martín Rodríguez, que la revisión de las condiciones
de vida de los trabajadores de la educación no tenga peso alguno en la
determinación de los incrementos salariales, además del “ahorcamiento”
de las posibilidades de “promover derechos a través de la bilateralidad
del contrato”. Antes, explica, existía una negociación a nivel nacional
y, posteriormente, se emprendían negociaciones locales para ajustar los
incrementos a las condiciones estatales; “ahora ya no, porque todos se
reúnen para hacer una sola negociación y el presupuesto es uno solo”.
Flor Goche, @flor_contra
