Leopoldo Santos Ramírez - Opinión
La tensión entre los
gobiernos federal y estatal por la tragedia del río Sonora ha traído
como consecuencia la apertura de la caja de Pandora sonorense, que deja a
la vista los niveles de corrupción alcanzados en la entidad. No se
trata solamente de la presa particular que tiene el gobernador Padrés
para contener el agua en su propio rancho, sino que a través de las
denuncias surgidas diariamente sabemos que los propios precandidatos
prístas y panistas a la gubernatura poseen por sí mismos o por
interpósita persona represos que detienen el flujo normal de arroyos y
agotan los pozos que deberían proveer de agua a pequeños agricultores,
ganaderos y comunidades rurales. Igual empiezan a conocerse las
triquiñuelas de la ex administración panista municipal de Javier Gándara
Magaña y del ahora presidente del PAN estatal, Juan Bautista Valencia,
para traficar con terrenos de Hermosillo. Los dimes, diretes y
acusaciones graves entre PRI y PAN han corrido en los medios locales
haciendo que los sonorenses volteen hacia el escándalo prelectoral,
desviando momentáneamente su atención del macroderrame del Grupo México,
algo que éste les ha reconocido, agradecido como es. De tener respeto
para sus electores, estos partidos tendrían como obligación hacer un
recambio de ofertas políticas con personajes de más credibilidad.
Y precisamente ahora, en medio de la tragedia, cuando necesitábamos
que funcionara el federalismo y la autonomía estatal, de pronto Sonora
se ve presa del centralismo del régimen que intenta poner en control
remoto la vida del estado ocupando todos los espacios.No otra cosa significa la decisión del presidente Enrique Peña de designar una comisión coordinadora de la reparación de daños ocasionados por el macroderrame, excluyendo formalmente al gobernador en el primer momento de constituirla, abriendo Conagua y Profepa paralelamente una investigación sobre la presa particular de Padrés, acciones que conjuntamente equivalen a poner en jaque al gobierno de Sonora. No importa si después se han hecho componendas para invitarlo de testigo en el reparto de los 2 mil millones de pesos que por fin Grupo México empezó a soltar por partidas, y que de no haber contratiempos debieron empezar a repartirse desde el 16 de septiembre en los municipios del río, a 20 mil pesos por cabeza, lo cual alcanza solamente para la despensa mensual y algunos gastos menores. Con ser buenos pesos los 2 mil millones, seguramente pocos han visto la letra chiquita del fideicomiso que anunció la comisión intersecretarial en el pueblo de Ures, fideicomiso en el que Germán Feliciano Larrea seguramente tuvo cuidado de imponer algunas condiciones centrales. Por lo demás las cuentas de los ribereños rebasaban los 3 mil millones solamente para una primera etapa, dado que sus propiedades en terrenos, derechos de agua, casas, edificaciones, huertas, sembradíos, cosechas y ganado bajaron de precio como si hubieran sido acciones de una bolsa de valores en caída libre.
Pero el jaque contra el gobernador fue también un jaque a la
causa de la justicia ambientalista de Sonora, porque se dejó fuera de
las negociaciones a dos municipios por demás afectados con el derrame.
Uno es Hermosillo, en cuya presa El Molinito el río Sonora depositó
buena parte los metales duros, el arsénico y el cadmio. El otro
municipio excluido es Cananea, que aumentó su contaminación desde el
otorgamiento de la concesión salinista a los Larrea, en 1989. Un
análisis muy completo de la concentración de metales en los sedimentos
exteriores y del agua subterránea en el río San Pedro, que nace en los
terrenos de la mina de Cananea y atraviesa la línea fronteriza para
internarse en Arizona, fue publicado por científicos de la Universidad
de Sonora (1977, Gómez et al.), que desde entonces probaba la peligrosa contaminación en la ribera cananense.
En realidad, si hablamos de medio ambiente estamos ante un asunto de
seguridad. En este contexto son tres factores de riesgo inminente que
mantienen la atención de los académicos hermosillenses. Uno es la gran
presa de los jales ubicada en la mina de Cananea, y de la cual no hay
hasta ahora un diagnóstico de seguridad hecho público, pero que debido a
sus dimensiones podría ocasionar una tragedia cinco veces superior al
derrame del Bacanuchi. Se oye alarmista, pero eso mismo pareció cuando
en 2008 la sección 65 de trabajadores mineros alertó sobre la
posibilidad de derrames en Cananea. El segundo factor es la mina de oro
en Banámichi, que utiliza arsénico como materia prima en el proceso de
recuperación y se encuentra en la trayectoria del río Sonora. El tercer
factor es igualmente preocupante. Se trata de la mina de Mulatos, que
está acabando con un poblado entero en las cercanías de la sierra en
Sahuaripa. Las descargas de esta mina van hacia el río Yaqui. Una
contingencia allí pondría en aprietos a la ciudad de Hermosillo, que
ahora depende en mayor medida de las aguas de ese río. Todo esto, dentro
de la confrontación que industriales de esta ciudad mantienen con los
empresarios agrícolas de Ciudad Obregón por el agua de ese río. Por
todos los conflictos que se han acumulado, los académicos tenemos la
obligación de salir de los claustros y plantear la discusión con la
sociedad en sus términos reales, porque no habrá nadie más que lo haga,
dado el ambiente sonorense de politiquería electorera, y porque las
cosas pueden empeorar.