La Jornada - Editorial
El anuncio de la
participación de México en las fuerzas de paz de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), formulado por el presidente Enrique Peña Nieto
durante la Asamblea General de ese organismo con sede en Nueva York,
constituye uno de los virajes más trascendentes en cuanto a la
conducción de la política exterior de nuestro país, que tradicionalmente
se ha mantenido al margen de los conflictos extranjeros y de los
cuerpos expedicionarios.
El anuncio de Peña Nieto representa el cambio fundamental en una
política de Estado que reviste aspectos criticables tanto en la forma
como en el fondo, empezando por el hecho de que un anuncio de esa
magnitud fue formulado en un foro internacional y frente a gobiernos
extranjeros, lo que obliga a preguntarse si la decisión fue adoptada en
función de los intereses de éstos y no del bienestar nacional.
Por otra parte, la determinación del Ejecutivo de inscribir al país
en los cuerpos militares de la ONU constituye una anomalía
institucional, en la medida en que se adoptó sin consultar al Senado de
la República, que es la instancia legislativa encargada, por mandato
constitucional, de fiscalizar la política exterior, a lo que se suma la
omisión al deber político y moral de considerar la opinión de la
ciudadanía.
Semejante conducta es consistente con una administración
federal que se ha caracterizado por realizar modificaciones relevantes a
la institucionalidad del país sin antes construir los consensos
sociales y políticos necesarios para ello.
Más allá de las razones enunciadas, con la incorporación de México a
las misiones de paz nuestro país se coloca como miembro de una
corporación que enfrenta un desprestigio creciente y que en no pocas
ocasiones se ha erigido en factor de agravamiento de las violaciones a
los derechos humanos en los sitios en que ha sido emplazada: a las
actitudes omisas e indolentes de los cascos azules frente a
crímenes de lesa humanidad como los que se registraron en Bosnia y en
Ruanda a finales del siglo pasado, se agregan los señalamientos de
explotación sexual y abuso infantil en contra de sus integrantes, en
naciones como Haití y el Congo.
En suma, los casos mencionados dan cuenta de que, bajo la bandera del
organismo internacional y de las llamadas misiones de paz, pueden
cometerse acciones abusivas que se traducen en un deterioro de los
derechos humanos a escala mundial. Habría sido deseable que el gobierno
mexicano –cuya imagen internacional en materia de derechos humanos es de
por sí desfavorable– atienda esas consideraciones antes de integrar al
país a una fuerza militar que, más que ser solución, suele convertirse
en parte del problema.
