En plena euforia oficial por la aprobación de las leyes secundarias en materia petrolera, Pemex perdió ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil una demanda de amparo, y ahora la paraestatal está obligada a pagar casi 500 millones de dólares al consorcio Conproca, formado por las empresas alemana Siemens y sudcoreana SK Engineering, con las cuales ha mantenido un litigio de más de una década.
El revés para Pemex coincidió con el otro fallo adverso de la Corte del Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, en Nueva York, que rechazó el pasado 15 de julio las acusaciones por corrupción, falsificación de facturas y sobornos contra exfuncionarios de la propia paraestatal durante los gobiernos panistas, en el mismo caso.
Estas derrotas confirman el fracaso de la estrategia armada por el equipo de Emilio Lozoya Austin, director de Pemex, y el despacho de abogados Baker and McKenzie, quienes apostaron por organizar una campaña legal y mediática contra Siemens –participante sólo de 15% de Conproca– y abrir la caja de Pandora de los presuntos actos de corrupción cometidos en la licitación para remodelar la refinería Cadereyta.
Con tal de evadir el pago de 311 millones de dólares al consorcio Conproca (Consorcio Proyecto Cadereyta), ordenado el 11 de enero de 2012 por la Corte Internacional de Comercio (CIC), con sede en París, Lozoya decidió litigar un amparo en tribunales mexicanos y otro en las cortes de Nueva York, argumentando presuntos actos de soborno de anteriores administraciones y aludiendo a la llamada Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), la cual permite resolver hechos de corrupción de empresas radicadas en territorio estadunidense.
La estrategia jurídica de Pemex generó la primera crisis diplomática del gobierno de Enrique Peña Nieto con Alemania, pues la paraestatal orientó una campaña en medios masivos, incluyendo Televisa, para revivir viejos escándalos de corrupción del poderoso consorcio de ingeniería y electrificación que fue multado por la autoridad bursátil de Estados Unidos. Siemens presentó el 21 de marzo de 2013 una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República solicitando la investigación de cualquier posible ilícito.
Además Pemex revivió en su campaña mediática en Televisa y medios impresos un presunto acto de soborno por 2.6 millones de dólares del empresario y consultor Jaime Camil, quien ya había sido exonerado por la Secretaría de la Función Pública en noviembre de 2012, y generó “una muy mala señal” para inversionistas europeos (Proceso 1907). Camil fue uno de los gestores contratados por Siemens para que les ayudara a solventar los reclamos de sobrecostos en la obra de Cadereyta frente a Pemex.
En su estrategia para enturbiar el caso, Pemex recordó que el expresidente del Consejo deAdministración de SK Engineering, Chey Tae Won, fue encarcelado en enero de 2013 por fraude y ya antes había estado preso por malversación de fondos. SK Engineering tenía 80% de la sociedad con Siemens en Conproca.
Laudo válido
El pasado 3 de julio los tres integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil desecharon por unanimidad la solicitud de amparo de Pemex contra la sentencia de la juez Edith Alarcón, quien el 11 de noviembre de 2013 había negado la petición de la paraestatal de anular el laudo de la corte de arbitraje de París a favor de Conproca.
De 2001 a 2011 se litigó en la CIC una acusación de Conproca contra Pemex por incumplir el pago de los costos adicionales de la obra y cambios en las especificaciones, entre otros puntos.
El 23 de diciembre de 2011 la CIC determinó que Pemex debía pagar a Conproca 282 millones de dólares (más intereses y gastos) por conceptos relativos a “obras adicionales” e “interrupciones” en la modernización de la refinería de Cadereyta entre 1997 y 2000, y también por ejecución indebida de garantías, costos financieros y gastos legales de arbitraje. La suma total para Pemex en ese entonces fue de poco más de 300 millones de dólares. A Conproca le ordenaron pagar 29.1 millones de dólares a Pemex.
En diciembre de 2012, con el gobierno de Peña Nieto, Pemex inició nuevas acciones legales para evitar el pago de dichas compensaciones. Una de esas acciones fue promover el amparo contra la resolución de la CIC y la otra presentar alegatos en Estados Unidos por actos de corrupción o soborno.
En la resolución conocida el pasado 6 de agosto, elaborada por el magistrado ponente Benito Alva Zenteno, el Cuarto Tribunal Colegiado desechó los 23 argumentos presentados por los abogados contratados por Pemex y ratificaron la validez del arbitraje internacional.
En una de las partes medulares de la sentencia los magistrados recuerdan que el arbitraje “es una institución que nace del pacto expreso de carácter convencional de dos o más partes para resolver las controversias que surjan o haya surgido, mediante un procedimiento legal o específico que debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento.
“El arbitraje es de naturaleza convencional porque se finca en la autonomía de la voluntad, con sustento en la libertad contractual de las partes, solamente que su objeto específico es otorgar facultades a un tercero para resolver una controversia que puede ser sustraída del ámbito jurisdiccional estatal; de modo que por su propia finalidad el pacto arbitral necesariamente remite o contiene un procedimiento”, indicó la sentencia rechazando el alegato de violaciones al debido proceso de la demanda de Pemex.
“El arbitraje al ser medio alterno de solución de controversias con mayor desarrollo, demanda e instauración en el ámbito mercantil, tanto en la esfera nacional como internacional, representa un instrumento viable y eficaz por el cual los particulares pueden valerse para resolver determinadas controversias que no impliquen cuestiones propiamente de orden o de interés público y prescindir así del accionar del Poder Judicial del Estado”, abunda.
Origen del conflicto
En noviembre de 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el consorcio Conproca ganó la licitación por 2 mil 461 millones de dólares para modernizar la refinería Cadereyta. SK Engineering tenía experiencia al operar la tercera refinería más grande del mundo y Siemens alegó ser una de las cinco empresas más grandes del mundo en soluciones eléctricas y electrónicas.
Desde su origen, este primer contrato multimillonario estuvo rodeado por la polémica de presuntas irregularidades: ampliaciones al monto original por sobrecostos en la obra.
El contrato original fue firmado por Luis Ricardo Bouchot Guerrero, responsable jurídico de Pemex Refinación, y Jaime Mario Willars Andrade, entonces director de Pemex Refinación. Éste fue investigado por la Secretaría de la Función Pública por presuntos sobornos con Servicio Aéreos del Centro, de los hermanos Alfredo y Javier Miguel Afif. La investigación se prolongó hasta 2007 cuando se determinó que fue culpable de abuso de autoridad.
El Órgano Interno de Control de Pemex determinó también que Eduardo Vergara Cabrera, quien firmó como “revisor técnico” del contrato con Cadereyta, y Máximo Téllez Rosas, subdirector de proyectos de Pemex Refinación, habían cometido actos de abuso de autoridad, se les inhabilitó 20 años y se les impuso una multa de 106 millones 300 mil pesos.
Aun con los indicios de irregularidades en los contratos, a 42 meses de iniciados los trabajos en Cadereyta, Conproca entregó la obra a Pemex Refinación, pero inició un litigio contra Pemex Refinación acusando a la paraestatal de negarse a pagar los montos adicionales que se generaron durante la ejecución de su contrato. La demanda quedó integrada en el expediente 11760/KGA.
Juan José Suárez Coppel, director de Pemex con Felipe Calderón, dejó pendientes de pago los 300 millones de dólares que le ordenó liquidar la CIC tras una década de litigios que le costaron a la paraestatal más de 77 millones de pesos en pago al despacho Baker and McKenzie en el último lustro.
La deuda original, más intereses y costas legales hicieron que la suma a pagar sea ya de casi 500 millones de dólares.
Pese a haber perdido ante la CIC, Lozoya renovó en mayo pasado el contrato con Baker and McKenzie por 24.4 millones de pesos, para seguir llevando el caso, informó la columna “Capitanes” del periódico Reforma.
En un comunicado del 15 de mayo de 2013, Conproca afirmó que Pemex había cambiado sus argumentos tres veces:
“Primero habló de sobornos para la obtención de contratos.
“Después explicó que los sobornos se habían dado durante el proceso legal ante la CIC para que la información presentada a la corte favoreciera a Conproca.
“Ahora argumenta que los sobornos se dieron durante el proceso de proyecto para que se autorizaran sobrecostos a Conproca.”
Tras los fallos adversos Pemex guarda silencio. Por lo pronto el Congreso ya autorizó que el presupuesto público absorberá los pasivos de la paraestatal, incluyendo sus deudas, como en este caso.
Fuente: Proceso
Fuente: Proceso
